Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Le llaman democracia y no lo es

Estos son 8 puntos que impiden considerar democracia a la monarquia parlamentaria que padecemos. Han sido elaborados colectivamente en la lista UNILCO

1.-Divisón de poderes

El Estado se divide en tres poderes, pero sólo dos de ellos –el ejecutivo y el legislativo– están sometidos a elecciones. El judicial no. Aquellos que deciden por toda una sociedad qué es el bien y qué es el mal obedecen a los intereses de los políticos, aunque el poder judicial debería, teóricamente, ser independiente... teóricamente.

EL CGPJ, por ejemplo, que es la más alta institución del poder judicial, cuenta veinte vocales, todos ellos nombrados por el parlamento. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, se compone de doce magistrados de los que ocho lo son nombrados por el parlamento, dos por el gobierno y dos por el CGPJ.

Cómo se reparte el Parlamento, he creado otra gráfica de voto real con las generales del 2008

Con lo que aunque parezca increíble la composición del parlamento a día de hoy se traduce en:

  • Grupo Parlamentario Socialista (169 miembros)
  • Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (152 miembros)
  • Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (10 miembros)
  • Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (6 miembros)
  • Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (5 miembros)
  • Grupo Parlamentario Mixto (8 miembros)

Es decir el 92% del parlamento es del PSOE y del PP...

¿Por qué cuento esto?

Para designar vocales del CGPJ o magistrados del TC el parlamento requiere una mayoría de tres quintos, que vienen a ser el 60% de los escaños.

Si PP y PSOE ocupan en el parlamento el 92% de los escaños, adivinen qué: pues que ningún magistrado o vocal lo es sin el voto a favor bien del PP, bien del PSOE...

Es evidente que el poder judicial participa activa y muy determinantemente en la política; legaliza e ilegaliza partidos, por ejemplo, decide la impugnación o no impugnación de candidatos e instruye y decide en tantos juicios se pleiteen entre ellos los partidos políticos.

2.-¿Referendum? ¿Qué es eso?

El pueblo que es el soberano ¿Toma algún tipo de decisión? No. Sólo elige a las personas que las toman. Por otra parte teniendo en cuenta lo bien formados que estamos uno podría entender que se deleguen ciertas decisiones en gente más preparada... siempre y cuando vele por nuestros intereses como los suyos propios.

La Constitución prevé la celebración de un referéndum en dos casos. Uno, como medida legal necesaria para reformar la propia Constitución –o los estatutos autonómicos–; y dos, y aquí está el tema, con fines consultivos –en cuyo caso es siempre a nivel nacional y habla de ‘decisiones políticas de especial trascendencia’.

En la España democrática sólo se han celebrado la friolera de cuatro referendos nacionales. Y, mira por dónde; de estos cuatro sólo uno –el de permanencia en la OTAN de 1986– ha sido de carácter consultivo. A la hora de tomar el resto de decisiones –incluyendo el ingreso en la UE, la ilegalización de partidos, las reformas educativas, la participación en varias guerras o el cambio de moneda– los sucesivos gobiernos lo han tenido claro; las han tomado ellos.

Conviene tener en cuenta que sólo hasta el año 2004 se habían celebrado en Suiza 217 referendos, unos diez al año.

Entonces el gobierno ni consulta al pueblo, ni tampoco al parlamento y se agarra al el artículo 86 de la Constitución, ateniéndose al criterio de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ que les habilita para promulgar un decreto-ley. Es decir no pregunto a nadie que me corre prisa y se me escapa el autobús. Los países que lucharon para derrocar el tan temido fascismo en Europa se tomaron unos 40 años de respiro para dejar a España bien retrasadita con un pacto Estado-Iglesia (firmado por el tío de Mayor-Oreja a finales de los 70... la cosa no ha cambiado mucho) y con unas cuantas trampillas legales para que los gobiernos obedecieran los ordenamientos de los auténticos europeos, nosotros pondríamos las playas y en España ya no se fuma y punto... que tanto sol nos pone loca la cabeza.

3.- ¿Realmente elegimos a los cargos? Las listas cerradas

¿Elige el pueblo a las personas que quiere? Los votantes no tienen la opción de elegir a un representante, sino que tienen que elegir a una lista cerrada de representantes. Que no es lo mismo. Esto funciona así en la mayoría de instancias electorales –nacionales, autonómicas y municipales– con excepción del Senado, para el que se vota en una lista abierta. ¿Es muy abierta esta lista? Bueno, pues contiene a cuatro candidatos, y entre esos cuatro hay que elegir a tres. Muy abierta no es.

Durante la II República, por ejemplo, las listas eran abiertas. También las hay actualmente en Finlandia, por poner otro ejemplo. Allí las listas son abiertas y no sólo las presentan los partidos, sino también cualquier ciudadano no afiliado a un partido que consiga asociarse o agruparse por distritos electorales hasta formar una lista. El votante sencillamente vota, dentro de esa lista, a quien le da la gana.

¿A quién beneficia?, a los políticos con mayor carisma que necesitan el apoyo de otros por muy poca formación que tengan (mejor, más manejables) y a los imputados en casos de corrupción que así pueden entrar en el pack y colarse de gorra en la fiesta para seguir trapicheando por y para el partido con constructores, etc.

4.- Por qué los partidos carecen de democracia interna.

La mayoría de los candidatos no son elegidos libremente sino que vienen con el pack. Aún así, ¿es posible que su presencia en ese pack responda a la voluntad popular? Esto es terriblemente sencillo; el pueblo puede elegir a los candidatos, pero a los candidatos no los puede elegir el pueblo.

Algunos partidos sí que se someten frecuentemente a primarias internas pero mediante un modelo de sufragio indirecto, semiabierto y normalmente sin derecho al voto secreto. Otros como el PP nombran al sucesor como en las dictaduras, digitalmente, es decir, a dedo... nuestro futuro presidente.

5.— Por qué los diputados están sometidos a la disciplina de partido.

Pese a qué los candidatos no son elegidos por el pueblo, quizá en un arrebato de justicia social uno quiera amplificar la voz del pueblo... más bien, no.

El artículo 67.2 de la Constitución Española prohíbe la llamada interdicción del mandato imperativo. Es decir, que prohíbe expresamente que quién ostenta un escaño se vea obligado a votar algo que no sea lo que le dé la gana. Lamentablemente en la práctica, los diputados y senadores votan no según su voluntad sino sistemáticamente la consigna que dicta en cada votación la cúpula del partido. Esto es así porque aunque el partido no pueda anular el voto emitido por el parlamentario rebelde, puede anular directamente al parlamentario para futuras listas electorales. Frente a esto, el parlamentario puede en el mejor de los casos hacer uso de la Objeción de Conciencia. Estando así las cosas uno entiende que se tomen a pitorreo lo de ir al parlamento a "trabajar", queda claro que las decisiones no las toman los parlamentarios, sino los partidos.

6.- Por qué el reparto de votos es desproporcionado.

Sería bonito, que si el parlamento tuviera X número escaños y un escaño equivaliese a Y número de votos, pero no es así como podréis haber visto al observar las gráficas del punto 1.

El sistema electoral español se diseñó deliberadamente para favorecer la creación de mayorías parlamentarias que confiriesen estabilidad al sistema y obviaran a las minorías.

El sistema elimina toda candidatura con menos del 3% de los votos en su provincia.

Los beneficiados son otra vez PSOE, PP y los grandes partidos nacionalistas, principalmente CiU y PNV. Los que pierden, ahora me explico porque sus resultados siempre eran tan malos, son IU y UPyD.

Tanto así que se llega a extremos como el de las elecciones generales de 2004, en las que la tercera fuerza más votada del país –Izquierda Unida, con 1280000 votos– resultó la sexta en número de diputados –con 5–. En esas mismas elecciones CiU obtuvo 830000 votos –un 36% menos que IU– pero acumularía el doble de diputados –10 en total–.

En 2010 se elevó al parlamento español una petición de reforma del sistema electoral para mejorar la representatividad del cómputo, que obviamente fue automáticamente rechazada y enterrada por PP, PSOE, CiU y PNV. Ilústrese, por aportar la nota de color, que para ello adujeron motivos de austeridad económica.

7.- Por qué el reparto del poder no responde al principio representativo

Puestos tan poderosos como la vicepresidencia del Gobierno o los ministerios, no obstante, no están sometidos a ninguna votación, ni popular ni parlamentaria, son también a dedazo... como el jefe del estado español. Eso explica que esté en el cargo personajes como Leire Pajín o à ngeles González Sinde. En España se llega al poder de cientos de maneras, y muy pocas de ellas tienen que ver con la democracia.

8.- La corrupción generalizada

En 2009 la justicia española tenía abiertas 730 investigaciones judiciales por corrupción. El oro y la plata se lo llevaban, lógicamente, PSOE –con 264 causas– y PP –con 200–. Ya debían de ser escandalosas para que los propios jueces que ellos ponen les tengan que sacar a la palestra...

En las pasadas elecciones municipales y autonómicas concurrieron en las listas electorales cientos de políticos imputados en casos de corrupción –aquí hay una lista con los cincuenta más significativos.

Este año 2011, por poner otro ejemplo de corrupción, hemos sabido que el 20% de los nuevos altos funcionarios del Estado es familiar de otro alto funcionario. En dicho estudio apuntan a la hipótesis, de la predestinación genético-divina, según sus palabras "los hijos de los altos miembros de la administración son más competentes que el resto."....

El à ndice de Percepción de Corrupción publicado por International Transparency en 2010 señalaba que los países menos corruptos del mundo eran Dinamarca –que también el país de más alta felicidad subjetiva–. España figuraba en el puesto 30 a nivel mundial y en el 16 entre los países europeos.

A principios de año PP y PSOE cerraron un acuerdo parlamentario para evitar que la ley les impidiese incluir imputados en sus listas.



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