Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Derecho a la vivienda: hacia un Modelo de Alquiler Social. Rafael Silva

En España hemos tenido desde siempre una preferencia hacia los modelos de compra que hacia los modelos de alquiler (lo podemos contemplar no sólo en la vivienda, sino en otros aspectos). Si nos miramos en el espejo de los países más avanzados en derechos sociales, tales como los países nórdicos, nos daremos cuenta de que en ellos el modelo de alquiler es preferente, quizá porque, además de que tengan otra mentalidad diferente, también su modelo es socialmente mucho más justo y sostenible que el que hayamos podido tener nosotros.

Tenemos que unir a ello que desde que se promulgó la Constitución Española de 1978, el derecho a la vivienda nunca ha sido realmente garantizado, más bien al contrario, desde que la banca privada se introdujo en el negocio inmobiliario, ha pasado a ser un bien de lujo, un bien con el que se puede especular, un bien negociado, un bien que puede perderse, ya que se trata de una propiedad privada igual que otra cualquiera. Y a ello se une la problemática actual de la crisis económica, que ha disparado todas las alarmas en lo relativo al umbral de necesidades cubiertas, a las necesidades básicas de las personas, lo que unido a lo anterior, nos lleva al panorama actual, donde además se da la tremenda y cruel paradoja de que tenemos un montón de viviendas vacías, no habitadas por sus dueños, a la vez que ocurren miles de desahucios al año, porque los propietarios se quedan sin recursos para poder pagar sus hipotecas.

El problema del derecho a la vivienda se convierte, pues, en un problema muy grave y espinoso, con muchas ramificaciones, en lo político, en lo económico, en lo social, porque toca con un montón de aspectos, todos ellos igualmente interesantes. Las responsabilidades de los Gobiernos son más o menos compartidas, pues aunque la burbuja inmobiliaria se crea bajo el período del ex Presidente Aznar, ya venían introduciéndose unos cimientos anteriores, que hacían converger en la situación que nos ha traído hasta aquí. De una parte, la famosa Ley del Suelo del PP, que básicamente lo consideraba todo urbanizable, por tanto sujeto a especulación, lo que unido a que el Estado no garantizaba el derecho a una vivienda digna, convertía el problema en una magnitud insostenible. Y por último, cuando la Banca privada se mete en el negocio inmobiliario a través de las hipotecas (lo que da lugar incluso a la venta masiva de hipotecas con múltiples riesgos, las llamadas hipotecas basura o subprime), el caos está servido. Asociaciones de ciudadanos como "Stop Desahucios" o la "Plataforma de Afectados por la Hipoteca", así como el propio Movimiento 15-M, están intentando (y consiguiendo) frenar muchos deshaucios y abusos, pero todo ello no es suficiente.

Finalmente, cuando el negocio del boom constructor e inmobiliario explota, haciendo caer la burbuja inmobiliaria, llegan los deshaucios masivos, el gran atracón inmobiliario para los Bancos, que pasan a ser depositarios de unos activos llamados tóxicos (por su gran riesgo de recobro o de venta), y paralelamente con todo ello, el disparo del desempleo de toda esa gran parte de población (la mayoría población joven, con escasa formación previa), lo que nos conduce al panorama actual. Éstos son los motivos que en el caso español han contribuido a que tengamos cifras tan altas de paro en comparación con otros países de nuestro entorno. Pero como vemos, el negocio de la vivienda es el germen inicial de todo ello. Si los enfoques de la política de vivienda hubiesen sido distintos, jamás hubiéramos llegado a esta situación.

Hay que diseñar por tanto la transición hacia un nuevo modelo de vivienda, que tenga como norte fundamental la garantía del Derecho a una Vivienda Digna, pero que también aborde la problemática de la Vivienda desde los otros puntos de vista mencionados: óptica de consideración del suelo urbano, ordenación territorial, conservación del medio ambiente, cohesión social, políticas de protección social y garantía de derechos básicos de subsistencia, políticas de reforma del sector financiero (para reconvertir su excedente de viviendas en un Parque de Viviendas de Alquiler Social), consecución del derecho a la dación en pago real (es decir, obligatoria para los Bancos, no opcional, como es ahora), etc.

El modelo que se ha seguido hasta ahora es el que prima la construcción de viviendas como un negocio, sin objetivos sociales, sujeta a las características del mercado, y olvidándose de la cohesión social, y de los derechos básicos constitucionales. Es decir, la Vivienda ha sido considerada un objetivo especulativo en sí mismo, sin consideración de objetivos sociales, económicos y ambientales. Hay que cambiar totalmente la orientación de la política de vivienda, tomando como objetivo fundamental el principio de igualdad social, en contraposición a la lógica dominante hasta ahora, que ha sido el ánimo de lucro, como en cualquier otro negocio. Y ello ha de conseguirse también cambiando nuestra mentalidad de compra hacia otra de alquiler, entendiendo que es el Estado quien es el garante último y universal del derecho a la vivienda.

Por tanto, los grandes principios de Sostenibilidad, Equidad, Equilibrio, Justicia Social, Solidaridad, Ética e Igualdad deben prevalecer en la política territorial, urbanística y del suelo. A todos ellos tenemos que unir también los criterios que tienen que ver con la ciudad entendida como generadora de recursos (energéticos, alimentarios, económicos), y la calidad de vida (entendida como un respeto al medio natural, sus valores y su defensa frente a la contaminación y los intereses meramente especulativos, de lucro y de beneficio). Tambien hay que evitar el despilfarro social que suponen las viviendas vacías o desocupadas. En las ciudades con problemas de suelo, se deben incrementar y fomentar las promociones públicas de viviendas, a través de cooperativas sociales. Y en cuanto al precio, en lo relativo al Parque de Viviendas en Alquiler Social, debe ser por supuesto establecido según unos baremos adaptados a los niveles de renta de las familias que las vayan a habitar, nunca superando un porcentaje (30%, por ejemplo) del nivel de renta total de dichos ciudadanos.

En definitiva, el suelo tiene que ser entendido como un bien social en sí mismo, perteneciente a la comunidad y a la sociedad en su conjunto, que tiene que actuar como valor reequilibrador de las desigualdades en materia urbanística que permanecen todavía hoy en la inmensa mayoría de las grandes ciudades. Políticas de vivienda, en una palabra, que posean un marcado carácter social, de interés general, pensadas para las personas, que se basen en medidas que fomenten el alquiler (con todas sus variantes y posibilidades, y con opción a compra) y la rehabilitación, antes que en las construcciones nuevas. De esta forma conseguiremos que la vivienda deje de ser un problema para la ciudadanía, aunque dejemos los balances bancarios algo más delgados.

http://rafaelsilva.over-blog.es/art...



Compartir
Compartir/Guardar/añadir a favoritos

Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | | Estadísticas de visitas | visitas: 281726

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio PARTICIPACIÒ  Seguir la vida del sitio Tribuna d’opiniò   ?    |    Los sitios sindicados OPML   ?

Sitio desarrollado con SPIP 2.1.2 + AHUNTSIC

Creative Commons License