Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

ILP contra la condena hipotecaria, por el derecho a la vivienda

Campaña recogida de apoyos

A la dificultad histórica en nuestro país para acceder a una vivienda digna por parte de amplios sectores de la población, con la actual crisis económica se suma el problema –emergente y dramático- de la pérdida de la vivienda por motivos económicos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 – año en que estalla la crisis- y hasta el tercer trimestre de 2010,se han producido casi 250.000 ejecuciones hipotecarias en toda España, y Catalunya tiene el triste honor de encabezar el ránquing con 47.838 ejecuciones en ese período. Las previsiones de futuro no son mejores e indican que estas cifras podrían duplicarse entre 2011 i 2012.

Si estos datos ya dibujan un panorama suficientemente complicado, aún lo es más cuando profundizamos en el problema. Por un lado, las personas afectadas por estos desahucios pertenecen a los sectores sociales más castigados por la crisis: las personas que han perdido el trabajo, especialmente las que se encuentran en situación de paro de larga duración, y de éstas, los colectivos tradicionalmente más vulnerables, como las personas inmigrantes o las familias monoparentales. Por otro lado, a la pérdida del trabajo y la consiguiente pérdida de la vivienda se suma una consecuencia totalmente inesperada y de graves efectos: el actual procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en caso de impago, la vivienda vaya a subasta. Si la subasta queda desierta (lo que sucede en el 90% de los casos), el acreedor –la entidad financiera- se puede adjudicar la vivienda por el 50% del valor de tasación y seguir reclamando el resto de la deuda pendiente -más intereses y costes judiciales- a la persona ejecutada durante el resto de su vida. Así, a la dramática situación de no tener trabajo ni vivienda se suma una deuda irrecuperable que supone el embargo de nóminas o de cualquier ingreso o propiedad a su nombre. Se trata, por tanto, de una condena a la exclusión social de por vida, de la que uno no puede escapar por mucho que trabaje y que, por tanto, empuja a muchas familias a la economía sumergida con tal de sobrevivir.

Ante los abusos de las entidades financieras -en gran medida responsables de la actual crisis económica- y la complicidad del Gobierno, que les da cobertura con una ley injusta que hace recaer toda la responsabilidad sobre la parte más vulnerable, a la vez que destina miles de millones de euros en ayudas públicas a la banca sin ningún tipo de contraprestación, es necesaria una movilización social que fuerce un plan de rescate para las miles de personas que se endeudaron, no para especular, sino simplemente para acceder a un bien de primera necesidad y a un derecho fundamental como es una vivienda digna.

Por todo esto, la Comisión Promotora os invita a sumaros a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permita llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil, de manera que en los casos de primera residencia y deudores de buena fe (aquellos que han dejado de pagar por una causa justificada, como el paro o una enfermedad), las personas puedan liquidar su deuda con la entrega de la vivienda y empezar de cero, tal y como sucede en los Estados Unidos o, a través de diferentes procedimientos, en muchos otros países europeos.

Instrucciones para adherirse

Más información:

http://www.quenotehipotequenlavida.org/



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