Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Juego de Trileros. Juanjo Llorente

Concejal EU Ajuntament Aldaia

El pasado 29 M, mientras la oposición se sumaba en bloque a la Huelga General, 10 concejales del PP de Aldaia aprobaron un plan de “ajuste†presupuestario bastante alarmante. Pues apenas un mes después de aprobados unos presupuestos que ya incluían con respecto al 2011 un incremento de impuestos de 752.000 euros y un recorte del gasto de otro millón doscientos mil, ahora se plantea un nuevo “ajuste†que vuelve a recortar el gasto municipal y prevé recaudar más de medio millón de euros adicionales, mediante una subida complementaria de tasas y precios públicos. En particular, se quiere recaudar 142.000 euros por vados y retirada de vehículos y subir los precios de las Escuelas municipales de Teatro y de Danza, los Cursos del CC Matilde Salvador, el Polideportivo y piscina cubierta, la Escola Matinera, el alquiler social de vivienda municipal y las entradas al TAMA. Y junto con este nuevo “tarifazo†, que en años siguientes será progresivo hasta repercutir casi todo el coste de estos servicios sobre sus directos usuari@s, el Plan de ajuste también incluye una nueva reducción del gasto municipal de 619.000 euros. A saber: 43.000 euros menos en personal, 157.000 menos en mantenimiento de los servicios municipales, 219.000 menos en transferencias y aportaciones a otras entidades y 200.000 menos en inversiones para nuevas obras e instalaciones municipales.

Este plan de ajuste conllevará pues un “ahorro†para las arcas municipales de más de un millón de euros (se ingresará medio millón más de lo previsto y se gastará más de medio millón menos), que hay que añadir a los dos millones y pico que acababan de recortarse con respecto al 2011 en los presupuestos recién aprobados. ¿Por qué este nuevo recorte? Dice el PP municipal que es por haber presentado al Ministerio de Hacienda dos millones y medio de euros en facturas impagadas de proveedores que había en los cajones. Sin embargo, el modelo de plan de ajuste impuesto por el gobierno Rajoy supone contratar un préstamo bancario de hasta 10 años y, según la propia intervención municipal, para el 2012 sólo habrá que pagar ciento y pico mil euros a cuenta del préstamo por las facturas impagadas. Entonces ¿cómo es que se quiere recortar gastos e incrementar tasas y precios públicos municipales por valor de 10 veces más esta cantidad? Lo que persiguen en realidad es reducir al mínimo el personal y los servicios municipales, mediante recortes y privatizaciones paulatinas que beneficien al lucro privado a costa de los sufridos contribuyentes (que encima tienen que pagar cada vez más).

Esta misma orientación y encubrimiento de intenciones la tenemos en el plan de medidas del Gobierno Rajoy desarrollado por los Reales Decretos 4 y 7 del 2012 sobre “Financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales†y “Fondo para la financiación de los pagos a proveedores†. Con estas medidas, dice el PP que se persigue sanear las arcas locales y favorecer a las PYMES y autónomos, pero la realidad muestra otra cosa. Porque, en lugar de sanear, para lo que sirven es para adelgazar las haciendas locales, al imponer a los ayuntamientos la contratación bancaria de un préstamo que les obligan a un mayor gasto, pues tienen que devolver este préstamo más los intereses bancarios más los intereses de demora que les reclamen sus acreedores. ¿Por qué no se han cursado estos préstamos a los ayuntamientos mediante el Instituto de Crédito Oficial y a un interés más bajo e incluyendo las moras?.

Además, en lugar de beneficiar directamente a los acreedores municipales, lo que hace el estado es promover que sean los bancos (y mercados especulativos de deuda) los que saquen mayor tajada. Porque prestarán un dinero conseguido al 1% de interés y luego cobrado a los ayuntamientos a más del 5%. Porque, al ser muchas de estas PYMES y autónomos acreedoras de los ayuntamientos deudoras a su vez de estos bancos, éstos pueden cobrarse primero la deuda contraída con ellos a cuenta de lo aportado desde el estado por el plan de ajuste, o bien imponerles sistemas de “quita†, para que estas PYMES y autónomos renuncien a cobrar parte de lo que les debe el Ayuntamiento pero que sí ingresará el banco del estado.

Este es, pues, el juego impuesto por real decreto a municipios y ciudadanía, equiparable al de los trileros incluso en su ilegalidad, ya que tales medidas del PP infringen abiertamente principios constitucionales y la legislación vigente sobre función público. ¿Hasta cuando lo permitiremos?



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