Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Resistencias a la ofensiva del gobierno conservador del PP. Jesús Sánchez Rodríguez

El mes de marzo pasado la izquierda española ha conseguido empezar a revertir los vientos que desde mayo del 2011 soplaban a favor de la derecha, cuando empezó a conquistar un poder incontestado a nivel político en España. Dos elecciones regionales y una ola movilizadora han puesto las bases de lo que puede ser un nuevo ciclo político y social, pero su consolidación dependerá de la capacidad de las organizaciones sindicales y políticas progresistas y de izquierdas para establecer una estrategia adecuada.

Considero importante introducir el matiz entre progresista e izquierda, porque es una forma de diferenciar la posición del PSOE e IU. La socialdemocracia hace tiempo que dejo de situarse en el campo de la izquierda, pero evidentemente el carácter de sus políticas pueden considerarse progresistas en comparación con las de los partidos conservadores. Este matiz no es simplemente de carácter académico o teórico, sino que tiene importantes consecuencias prácticas en cuanto a establecer políticas de alianzas. Si las tres posiciones de izquierda, progresista y conservador se reducen a dos, izquierda y derecha, y se incluye a la socialdemocracia en el campo de la derecha, las posibles alianzas se reducen de manera drástica, y pueden dar lugar, como veremos luego en el caso de IU de Extremadura, a permitir el gobierno del PP.

Una batería de medidas contra las clases populares

El escenario de este posible cambio está conformado por una agresiva política contra las clases populares de la derecha española tras su victoria absoluta en las elecciones nacionales de noviembre de 2011, y que se ha centrado en tres grandes medidas. Un ataque a los funcionarios y servicios públicos mediante un aumento de horas de trabajo y reducción de empleo, trasladándose los efectos directos sobre el resto de los ciudadanos a través de la degradación de la educación y la sanidad. Un aumento generalizado de los impuestos a las rentas del trabajo. Y una agresiva reforma laboral que ha hecho retroceder decenios de conquistas y derechos laborales y sindicales.

Los objetivos alegados por el Partido Popular eran oficialmente dos, reconducir la situación para poder crear empleo y cumplir los compromisos con Europa, para evitar tener que acudir a un rescate como Grecia, Portugal o Irlanda. Los objetivos reales eran diferentes, conseguir una reducción drástica de los salarios, directos e indirectos, con el objetivo de situar a la economía española en condiciones competitivas similares a la de los países periféricos de la economía mundial; desmantelar el Estado de Bienestar a niveles mínimos; y recomponer el poder patronal, aumentando la discrecionalidad de sus decisiones, facilitando legal y económicamente los despidos, y reduciendo la capacidad sindical. La crisis es utilizada por la burguesía como una perfecta oportunidad para revertir las conquistas y posiciones de clases logradas por los trabajadores durante decenios. Es el hilo conductor principal de toda la burguesía europea que orienta las decisiones dictadas desde Bruselas e implementadas por los gobiernos nacionales.

Este panorama se completaba con tres datos más. Durante los tres primeros meses del gobierno del PP el paro ascendió en más de 300.000 desempleado (180.000 solamente en el mes de enero) en una senda que ya da por sentado alcanzar los 6 millones de parados en 2012. En segundo lugar, el gobierno aceptó las exigencias finales de Bruselas de reducir el déficit del 8,5% al 5,3% en 2012 y al 3% en 2013, en lugar de defender unos objetivos de reducción más suaves y a largo plazo; las consecuencias de ello es que se forzaba así una recesión de la economía española, con la consiguiente agravación de todos sus problemas, y especialmente el del desempleo. En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, era evidente de que ese objetivo se iba a traducir en un nuevo paquete de medidas contra las clases populares en los Presupuestos Generales del Estado, que el gobierno conservador aplazó hasta después de celebradas las elecciones regionales en Asturias y Andalucía.

Efectivamente, los Presupuestos hechos públicos el 30 de marzo, 5 días después de las elecciones y uno después de la huelga general, son un nuevo ataque a las clases populares y a favor de la burguesía con una amnistía fiscal para los defraudadores, una brutal reducción de los presupuestos ministeriales y la inversión pública, la reducción de ayudas a la creación de empleo o al desarrollo y la elevación del precio del gas y la electricidad. Y sin embargo, también es evidente que si se mantiene el objetivo de conseguir el 5,3% y el 3% del déficit en éste y el próximo año, y con una situación de depresión de la economía, estás no van a ser las últimas medidas antipopulares que tomará el gobierno conservador en 2012.

El gobierno del PP acusa el desgaste electoral

Con estos datos y con una ola de movilizaciones que habían comenzado a despuntar en toda España, de las que luego nos ocuparemos, se celebran dos elecciones regionales en Asturias y Andalucía. Esta última Comunidad Autónoma es la más poblada de España, y la pieza más preciada del PP para redondear su ciclo de victorias electorales comenzada en mayo de 2011. Su esperada victoria tenía dos significados para los conservadores, confirmar que sus políticas antipopulares no les habían desgastado en tres meses de gobierno, y conseguir el poder en un feudo tradicional progresista, donde siempre había gobernado el PSOE.

Asturias también es una CCAA donde los conservadores habían estado tradicionalmente en minoría frente a progresistas e izquierda, con 5 gobiernos del PSOE frente a dos de la derecha. En este caso las elecciones se repetían un año después de que una escisión regional del PP fuese incapaz de gobernar esta CCAA.

En ambos casos, pero de manera especial en Andalucía, el PP ha comprobado cómo sus políticas antipopulares le pasaban factura en las elecciones. Pero esta situación favorable a la izquierda tiene ahora que concretizarse en gobiernos progresistas, lo que se enfrenta a serias dificultades que de no superarse podrían terminar beneficiando al PP.

En Asturias, el empate entre los dos bloques PSOE-IU y PP-FAC deja la solución en manos de UPyD, una especie de marca blanca del PP, y puede mantener al gobierno de esa región en una continua inestabilidad como la de este último año. En Andalucía es mucho más clara y determinante la mayoría de la suma de escaños de PSOE e IU. Y en ambas regiones, la posibilidad de pactos entre ambas formaciones puede estar determinada por la insólita posición de IU en Extremadura que posibilita el gobierno del PP en dicha región.

El problema que nos interesa es el de IU. Lo primero que se puede constatar es que si bien se mantiene el crecimiento que la federación de izquierdas ya experimentó en las elecciones generales de noviembre de 2011, se sigue encontrando con techos electorales bajos que no hacen presagiar que pueda jugar un papel mayor a partir de su representación institucional. Por lo tanto, cualquier opción de poner en práctica puntos de sus programas pasa por algún tipo de alianza con el PSOE que duplica o incluso triplica sus resultados electorales con respecto a IU, y eso en regiones donde esta última obtiene buenos resultados. El segundo aspecto a tener en cuenta es la diversidad interna de IU y la laxa disciplina en su seno, como puso claramente en evidencia su posición en Extremadura. Con la coartada de la consulta a las bases se llevan a cabo políticas de miras estrechas, que pueden ser gratificantes a corto plazo y a nivel local, pero que llevan el germen del fracaso en su seno. Esta diversidad se plasma como un problema práctico cuando se discuten alianzas y estrategias.

La posición de IU en Extremadura es insostenible por dos motivos. El primero por pura coherencia, incluso aunque ahora no se enfrentasen a los resultados de Andalucía y Asturias. Por muchas razones que puedan alegar sobre las bondades del gobierno del PP en Extremadura, la federación extremeña no puede obviar que la reforma laboral, la subida de impuestos a las rentas del trabajo y el resto de las medidas antipopulares del gobierno del PP también afectan a los extremeños. Su ayuda a sostener al PP en esa CCAA es un flaco favor a ellos mismos, a los trabajadores extremeños y a la izquierda en España.

Pero, más en concreto, y en la actual situación, esa posición puede envenenar las posibles alianzas en Andalucía y Asturias, ya difíciles de por sí. Y de entre todas las espinosas opciones que pueden darse en las circunstancias actuales, la más desfavorable para la izquierda sería que, en ausencia de acuerdos PSOE-IU, el PP gobernase en Asturias y, sobretodo Andalucía. Sería un golpe demoledor a las movilizaciones que se han puesto en marcha contra las políticas reaccionarias del gobierno conservador español.

Se puede estar en presencia de dos escenarios alternativos diametralmente opuestos. De un lado el establecimiento de gobiernos regionales progresistas en Andalucía, Asturias y Extremadura, que sirviesen de base para una derrota del PP en las elecciones en Galicia en 2013 y consolidase un cambio lento de ciclo político. De otro, el gobierno regional del PP en estas regiones y, con ello, el reforzamiento del dominio conservador por una larga etapa.

Una situación, por otro lado, no circunscrita a España, sino común a otras formaciones de izquierda en Europa que deben posicionarse ante repuntes de la socialdemocracia que necesiten de su apoyo para gobernar. El caso más inmediato en el futuro, y con más consecuencias para la trayectoria de la crisis en Europa, será el del Frente de Izquierdas en Francia, cuyo dirigente Jean-Luc Mélenchon asciende rápidamente como una nueva promesa de la izquierda y hace tambalear al candidato del PS Fraçois Hollande ante las elecciones presidenciales de abril y mayo próximos.

Una huelga general en tres meses de gobierno del PP

Las medidas de los gobiernos regionales del PP (y de CiU en Cataluña) ya habían provocado el inicio de una ola de protestas, especialmente en la educación pública contra los recortes, empeoramiento de las condiciones de trabajo y la degradación de la enseñanza. Pero va a ser la reforma laboral la que eleve el nivel de contestación, encabezada por los sindicatos. Las direcciones de CCOO y UGT se han encontrado ante un conjunto de circunstancias que les han obligado a convocar una huelga general. En primer lugar, la reforma laboral del PP era mucho más agresiva que la que promulgó el PSOE y que dio lugar a la huelga general de septiembre de 2010, por lo tanto se hacía insostenible mantener la pasividad ahora. En segundo lugar, los sindicatos nacionalistas de Galicia y Euskadi convocaron a la huelga general, poniendo a CCOO y UGT ante un hecho consumado, sin la posibilidad esta vez de mantenerse al margen como en ocasiones anteriores. En tercer lugar, estos dos sindicatos de ámbito estatal pulsaron el estado de ánimo con dos jornadas de manifestaciones en febrero y marzo que movilizaron a centenares de miles de manifestantes (posiblemente alrededor de dos millones en cada convocatoria). Por tanto, y en usencia de un gesto del gobierno para iniciar las negociaciones que le demandaban los dos grandes sindicatos, la huelga general tuvo lugar el 29 de marzo.

La huelga tuvo un seguimiento importante aunque no total. Por el contrario, las manifestaciones que la acompañaron si fueron un éxito indiscutible. A favor de la huelga jugaban el profundo malestar derivado de las primeras medidas del gobierno y el temor a mayores recortes si no se producía una respuesta contundente de los trabajadores. Igualmente era un hecho positivo la convocatoria conjunta con los sindicatos nacionalistas de Galicia y Euskadi de fuerte presencia en sus respectivas comunidades.

En contra de la huelga jugaban tres circunstancias. En primer lugar, el elevado nivel de paro (5,5 millones) y la destrucción continua de empleo, que extiende un temor difuso entre los que mantienen su puesto de trabajo. En segundo lugar, la propia trayectoria de los dos principales sindicatos que después de la huelga general de 2010 olvidaron el motivo de su convocatoria y negociaron con el anterior gobierno del PSOE el retraso de la edad de jubilación y el empeoramiento de las pensiones. Y en tercer lugar, el que la convocatoria fuese dirigida contra la reforma laboral y no contra el conjunto de medidas del gobierno, lo que desincentivaba a los funcionarios, a los que la reforma laboral no les impacta como al sector privado y, sin embargo se dejaba de lado las medidas que les perjudicaban (alargamiento de jornadas, reducción de salarios, etc.)

Estas circunstancias pueden explicar cuatro hechos importantes de la jornada de huelga general. El impacto más intenso de la huelga en Galicia, Euskadi y Navarra, donde es fuerte el peso de los sindicatos nacionalistas. El mayor impacto de la huelga en las grandes empresas, donde los sindicatos tienen más presencia y el riesgo de despido por secundarla es menor. La baja participación de los funcionarios públicos, sector donde los sindicatos profesionales se mantuvieron al margen. La mayor participación en las manifestaciones, donde no existen los riesgos asociados a las represalias patronales.

Al igual que veíamos con la situación de las elecciones celebradas en Asturias y Andalucía, también en cuanto al frente de las movilizaciones, la estrategia de la izquierda y los sindicatos no está nada clara. La unidad sindical alcanzada esta vez lo ha sido de hecho y no por acuerdos. CCOO y UGT van a seguir llevando su estrategia sin contar con el resto de las fuerzas sindicales, que son de importancia sobretodo en las regiones mencionadas anteriormente. Esto es una situación muy diferente de la unidad sindical que presidió las campañas de huelgas generales y movilizaciones de los sindicatos franceses en el otoño del 2010. También, y como contrapunto, justamente una semana antes Portugal había vivido otra huelga general con menor éxito al romperse la unidad sindical anterior, dicha huelga fue convocada por la CGTP y no por la UGT que había firmado un acuerdo con el gobierno.

Por otro lado, los resultados alcanzados en movilizaciones sindicales más intensas en Europa, como las de Francia y Grecia, han mostrado un claro ejemplo combativo, pero no han alcanzado resultados en la práctica. En Francia, tras las intensas luchas del otoño de 2010 y el fracaso en impedir la aprobación de la ley de pensiones de Sarkozy, la actividad sindical decayó fuertemente. Puede que la estrategia más adecuada sea una lenta y larga guerra de desgaste al gobierno conservador que combine las movilizaciones con las consolidación de posiciones institucionales, que sume a otros sectores sociales, además de los trabajadores con empleo, y tenga en cuenta todos los agravios y problemas originados por la crisis (desahucios de viviendas, parados, mujeres, autónomos, jóvenes, etc.)

Todo esto significa, en definitiva, la definición de programas, estrategias y alianzas que no están ni mucho menos determinados en estos momentos en el campo social y político de la izquierda. Pero, al menos, se han roto los efectos del shock. Jesús Sánchez Rodríguez es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología

Se pueden consultar otros artículos y libros del autor en el blog: http://miradacrtica.blogspot.com/, o en la dirección: http://www.scribd.com/sanchezroje

http://www.rebelion.org/noticia.php...



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