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Ayuntamiento de Buñol, ¿camino de la intervención estatal?

El pleno del Ayuntamiento de Buñol no ha aprobado este mediodía el plan de ajuste solicitado por el Gobierno de España y que forma parte de la ley de pago a proveedores. Los votos en contra de PP y los dos concejales no adscritos han echado atrás la propuesta del gobierno tripartito.

En una sesión extraordinaria celebrada este mediodía del viernes 30M, el Ayuntamiento de Buñol no ha aprobado el plan de ajuste exigido dentro de la ley de pagos a proveedores.

Los siete concejales del PP, junto a los dos no adscritos, Francisco Carrascosa y Laura Carrascosa, han votado en contra, sumando nueve votos, por los ocho del gobierno tripartito de EU, PSOE e IAB.

La propuesta elevada por el gobierno buñolense no podía modificarse en el pleno, así lo recogía la ley, no se podían incluir nuevas propuestas ni enmiendas, sólo cabía votar a favor o encontra. Y la negativa se ha impuesto ante la minoría en la que se encuentra el gobierno de Buñol.

Mañana, sábado, es el último día para comunicar el plan de ajuste al Ministerio de Hacienda. En caso de no aprobarse en pleno el plan de ajuste será el propio ministerio el que se encargue de hacerlo para el ayuntamiento sin que éste tenga margen de maniobra, según han asegurado todos los portavoces del gobierno de Buñol.

Esto ha dado lugar a frases del tipo "supone una intervención por parte del estado" durante el pleno y al acabar el mismo. Ahora se abre una fase de incertidumbre, donde se supone que en vez de un crédito, la deuda se detraerá de lo que el Estado paga mensualmente al Ayuntamiento de Buñol, denominado Fondo de Compensación. Si habrá más medidas, como la obligatoriedad de suprimir ciertos servicios, todavía es pronto para contestar.

Valoraciones políticas

El portavoz de IAB, José Luis Carrascosa, aseguraba que este plan era la mejor opción posible y que oponerse "es como presentar un suspensión de pagos del ayuntamiento, y oponerse es una grave irresponsabilidad". El portavoz de EU, Rafael Pérez, aseguraba que esta operación es "un ataque a la soberanía de los ayuntamientos", y añadía que es "un negocio para la banca, con el préstamo se pagan más de 1 millón de euros en intereses". Además, Pérez defendió que "siempre hemos tenido claro que ni la emergencia social, ni las ayudas sociales y educativas, junto al personal del ayuntamiento iban a correr peligro con los recortes".

Francisco Carrascosa defendió en nombre de los dos ediles no adscritos que su voto favorable se condicionaba a la reducción de salarios y compensaciones de los políticos del plenario en un 50%, a garantizar los servicios sociales, igual que a no eliminar puestos de trabajo. Al no ser posible introducir enmiendas, su voto fue negativo, al igual que el de Laura Carrascosa.

El portavoz del PP, Marcial Díaz, aseguró que el planteamiento del gobierno local "supone una escenificación que es un insulto a la inteligencia, con hipocresía y cinismo, la deuda del ayuntamiento no viene de hace dos años provocada por la Generalitat, viene de los últimos treinta años de gobierno", y añadió que hoy día "hay préstamos a largo plazo en este ayuntamiento que vencen en 2031, con más de un millón de euros en intereses y no ha supuesto ningún problema, el problema es estructural y lo han generado los sucesivos gobiernos, no el PP".

Desde el PP se defendió que no se cerrara la piscina cubierta, que afloraran lo que Marcial Díaz denominó como "facturas no incluidas en la deuda", que no se subiera la tasa del conservatorio y que se incluyera la deuda de Buinsa dentro de la deuda total, además de acordar que la subida del IBI de un 10% fuera transitoria, sólo para 2012 y 2013.

Como opción de ahorro los populares propusieron limitar el número de móviles, que el consistorio asumiera totalmente la recaudación, no privatizar el servicio del catastro, ni la limpieza viaria.

Defensa ante las críticas

Ante las críticas de los populares, el alcalde, Chimo Masmano (EU) acusó a Marcial Díaz de "no proponer nada concreto, hay servicios deficitarios y no habláis de ello, deberías decir exactamente en qué hay que recortar", y añadió que la piscina "no se puede soportar en su servicio de invierno, y en el conservatorio estamos financiando a 104 alumnos del resto de la comarca".

El edil de Hacienda, Eusebio Sáez (PSOE), aseguró que el PP "miente sistemáticamente, han tenido la información a la vez que el resto de concejales, y espera a que legalmente ya no se puedan hacer propuestas para llegar con cuatro cosas", y defendió que había facturas no incorporadas a la deuda "porque legalmente no se podía hacer, tienen defectos o no están conformes". Por último, Sáez aseguró que el PP y los concejales no adscritos "piensan que con torpedar al gobierno tienen todo el trabajo hecho, no presentan ni una sola alternativa en tiempo y forma, ni una propuesta", y finalizó asegurando que si el plan de ajuste no salía adelante, como así ocurrió "nos ajustará el ministerio, pero tened claro que a partir de entonces se pedirán responsabilidades sobre las consecuencias".

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