Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Comunicado de Unidad Cívica por la República (UCR) en apoyo de los sindicatos y organizaciones sociales ante la Huelga General del 29 M

José Luis Pitarch, Presidente estatal de Unidad Cívica por la República, Profesor de Derecho Constitucional

Un nuevo despotismo, no ilustrado, se cierne sobre los trabajadores/as españoles. La dictadura de la globalización y un nuevo espécimen de terrorismo, el terrorismo financiero, se abate sobre los más indefensos y menos culpables de las ciudadanas/os, procreando terrorismo laboral. No sólo estamos en grave crisis económica, sino en una crisis de civilización. Y, dentro de ella, España, especializada dentro de Europa occidental en “contrarreformas†(¿les suena la de Trento y “brazo armado de la Iglesia†, o la inmediata abolición de la Constitución de 1.812 por el infame Fernando VII, o la liquidación del “Trienio de Riego†, ahorcando y luego decapitando a éste? ¿O el fusilamiento de las democráticas I y II Repúblicas, que habían llegado entre el alborozo y esperanza popular sin una gota de sangre?), España, decimos, genera ahora, por un Gobierno a las órdenes de ese absolutismo canalla financiero, una contrarreforma antagonista del Estado de bienestar, de los derechos sociales y sindicales, a la que disfraza de “reforma laboral†. Y, encima, lo hace con un Decreto-Ley, alegando que es por necesidad “extraordinaria y urgente†, como decir “manu militari†. Cual una revolución, ultraconservadora e insolidaria, al grito de “todo el poder para el gran capital y los empresarios†.

Esta contrarreforma reaccionaria atenta de plano contra la Justicia, no sólo contra la moral pública; sino también contra la primerísima gran referencia o prescripción de la vigente Constitución en su Preámbulo, línea inicial del mismo; y contra un “orden económico y social justo†(2º párrafo del mismo); y contra la Justicia como “valor superior del ordenamiento jurídico†(Artículo 1 de la Constitución). En suma, es una reforma anticonstitucional, ilegítima e ilegal. Además, sin previa negociación con los agentes sociales, esta despótica “reforma†del PP se ríe del “derecho al trabajo†, del “derecho a una remuneración suficiente para las necesidades del trabajador/a y su familia†, y de otros derechos consagrados en el Art. 35 de la Constitución, el cual forma parte del Título Primero de ésta, llamado “De los derechos y deberes fundamentales†. Como se ríe del Art. 7, que encarga a los sindicatos de trabajadores “la promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios†. Como lo hace del Art. 37, que establece el “derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios†. Como desprecia, en su soberbia, el Art. 131.2, que exige al Gobierno, al planificar la actividad económica general, que cuente con †el asesoramiento y colaboración de los sindicatos†. Pero el Gobierno del PP pasa olímpicamente de la Constitución, fijando a su antojo salarios, jornada, horario, etc. Tal menosprecio a la negociación y convenios colectivos, tan tremenda desigualdad entre las dos partes del contrato de trabajo, vacía a éste de verdadero contenido. Y, a más a más, el Gobierno se pone por montera el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo respecto a finalización del contrato laboral, pisoteando igualmente el Art. 10.2 de la Constitución: “Las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con los Tratados y Acuerdos internacionales ratificados por España†. Y pisoteando el Art. 96: “Los Tratados internacionales formarán parte del ordenamiento interno español†.

Lo decíamos arriba: una reforma anticonstitucional e ilegítima; y que, de remate, debilita la fundamental “tutela judicial efectiva†a cargo de jueces y tribunales para garantizar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, “sin que en ningún caso pueda producirse indefensión†(Art. 24 de la Constitución). Ya que los jueces de lo Social no podrán valorar si son razonables las medidas del empresario. Y, así, los empresarios cuelan una pléyade de arbitrariedades, como mayor jornada o cambios y distribución de ésta al capricho de la empresa, periodo de prueba de un año a su antojo, bajar los salarios, cambiar las vacaciones, precarizar los contratos. Y ni el mínimo atisbo de reducir o acabar con la inferioridad laboral de la mayoría de mujeres.

En suma, buscan cambiar la estructura de relaciones laborales que tanto costó construir en Europa; aunque no es sólo una cuestión laboral sino de egoísmo y crueldad avariciosa, de abandono de los más débiles, cero lucha contra las desigualdades, ultraliberalismo deshumanizado, desprecio al diálogo social, feroz salto cualitativo atrás, regresión en derechos sociales y humanos, aprovechando la “crisis†para dinamitar lo más posible el Estado Social, violando la propia Constitución. En fin, hacia el “modelo USA†, con decenas de millones de personas en la pobreza o su umbral, despido libre o casi, sin vacaciones como en Europa, las rentas empresariales creciendo a costa de las salariales, el dinero y su poder omnímodo en manos de una estrecha parte de la población.

Un infame intento, pues, de dar marcha atrás –-señalábamos arriba— al progreso humano, a lo conseguido con la solidaridad e igualdad ante la ley, que tratan de quitarnos todo lo posible. Las tropelías económico-financieras de unos pocos, ¡a pagarlas la inmensa mayoría! Y los dependientes al traste, o a una mujer (oí hoy por radio) que necesita con urgencia una colonoscopia por peligro de cáncer le dan hora en la sanidad pública para dentro de tres años. Sin hablar de pensionistas y funcionarios. Sin extendernos en que la Comunidad o País Valenciano está por encima, en precariedad y paro, de la media estatal.

Pero nos queda la calle, la huelga, machihembradas con la dignidad, “fundamento del orden político y de la paz social†(Art. 10 de la Constitución). Éste nos dice, pues, que no hay genuino orden político ni paz social sin plena dignidad de la persona. Aunque nos gustaría oír más a la Iglesia pronunciarse por tantos oprimidos, parados, despedidos.

José Luis Pitarch, Presidente estatal de Unidad Cívica por la República, Profesor de Derecho Constitucional



Compartir
Compartir/Guardar/añadir a favoritos

Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | | Estadísticas de visitas | visitas: 278106

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio PARTICIPACIÒ  Seguir la vida del sitio Entitats i associacions   ?    |    Los sitios sindicados OPML   ?

Sitio desarrollado con SPIP 2.1.2 + AHUNTSIC

Creative Commons License