Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Cercle Obert de Benicalap presenta recurso de inconstitucionalidad contra la mal llamada reforma laboral, que no deja de ser una abolición de todos los derechos laborales. Antonio Marín Segovia

Después de analizar la Nueva Reforma Laboral decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy, estimo que la entrada en vigor de esta nueva Reforma supone:

  • El despido será más fácil y barato ya que, lo común, será una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de una anualidad.
  • El empresario podrá reducir mi salario y los complementos. También podrá cambiar mi horario y mi jornada, además de poder modificar los turnos y cambiar mis vacaciones. Ciertamente, si no me interesan los cambios, podré romper el contrato. En ese caso, todo lo que me quedará será una indemnización de 20 días por un máximo de nueve meses.
  • El empresario podrá exigirme otras funciones y tareas diferentes a las que tengo reconocidas en el Convenio o en mi contrato. También podrá decidir mi traslado, incluso de ciudad.
  • El empresario podrá despedirme simplemente porque haya tenido menos ingresos o ventas en los últimos tres trimestres. Si tengo un contrato laboral en la Administración Pública, podré verme afectado/a por un Expediente de Regulación de Empleo y ser despedido.
  • Mi empresa podrá hacer Expedientes de Regulación de Empleo sin ninguna autorización previa.
  • Me podrán despedir si falto al trabajo por 9 o más días en dos meses o 13 o más días en 4 meses por enfermedad común, aunque esté justificada.
  • La contrarreforma también me afecta aunque tenga un contrato indefinido anterior a su entrada en vigor (12 de febrero de 2012). La indemnización, si me despiden de forma improcedente, era de 45 días por año hasta ese día, pero de 33 días a partir de ese momento. El período máximo de indemnización será de 720 días y no de 42 meses. Si con el tiempo trabajado hasta el 12 de febrero, me correspondieran más de 720 días, ese será el número de días que contará y no el que me corresponda por todo el período trabajado.
  • Quedo sin la protección de un convenio colectivo si trabajo en una empresa pequeña.
  • Si cobro el desempleo y encuentro un trabajo, pagaré parte de mi propio salario con lo que me quede de paro.
  • Si soy joven pueden hacerme un contrato con 1 años de período de prueba al final del cual pueden despedirme sin indemnización alguna.

Esta es la contrarreforma de los grandes empresarios que hace pagar la crisis a quienes trabajamos y es, también, la contrarreforma que condena a los y las jóvenes a la precariedad más absoluta, abre la puerta de los servicios públicos de empleo a las ETTs y permite contratos más y más precarios.

Por todo ello creo, al igual que Izquierda Unida, que esta nueva, innecesaria, injusta, ilegal y nociva Reforma Laboral, vulnera derechos que ya son míos y que están recogidos en la Constitución Española y, como tal, deben estar garantizados.

En consecuencia:

1) Apoyo que la Reforma Laboral sea recurrida ante el Tribunal Constitucional porque considero que incumple el artículo 24, que garantiza mi derecho a la tutela judicial, el 35.1 sobre el deber y derecho de trabajar, el 37.1, sobre mi derecho a la negociación colectiva, el 40.1, que establece que las administraciones públicas deben trabajar por el progreso social y adoptar políticas enfocadas al pleno empleo, y el 40.2 sobre los derechos de formación, promoción y seguridad laboral. También se incumple y vulnera el Art. 9.-3 de la Constitución Española: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos†.

2) Apoyo cualquier iniciativa que reclame la celebración de un Pleno para debatir que las Cortes Valencianas y el Congreso de los Diputados presenten un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de la Reforma Laboral, al considerar que es una norma que incumple la Carta Magna y afecta directamente a los derechos y deberes de la ciudadanía.

3) Estoy de acuerdo en que las Cortes Valencianas, donde reside la soberanía de los valencianos y valencianas y el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía de todos los españoles, debatan sobre esta cuestión y acuerden interponer un Recurso de Inconstitucionalidad contra el decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral.

Valencia, a 12 de Marzo de 2012



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