Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU del Ayuntamiento de Aldaia exige la retirada del decreto de Rajoy sobre pago a los proveedores y plan de ajuste municipal, por suponer un nuevo recorte de los servicios municipales y un estrangulamiento de las arcas municipales que empeorará las condiciones de vida de los trabajadores y de la ciudadanía del municipio

Como figura en el texto de la moción presentada para su debate en el pleno de finales de marzo, el pasado 24 de febrero el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas urgentes que, de modo equiparable al decretazo de la reforma laboral y bajo la excusa también de socorrer al tejido empresarial, suponen un duro varapalo para las haciendas locales al obligar a los Ayuntamientos a aflorar su deuda pendiente con los proveedores y a presentar, para pagarla, un plan de ajuste que prioriza la rebaja del déficit sobre la continuidad del personal municipal y sobre el mantenimiento de los servicios dispensados a la ciudadanía. Se trata del Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, que fue publicado en el BOE del sábado 25 de febrero.

Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU en el Ayuntamiento de Aldaia, señala: “Esta nuevo decreto del Gobierno Rajoy supone una nueva vuelta de tuerca en el objetivo y proyecto neoliberal de reducir las administraciones públicas a su mínima expresión, favoreciendo aun más la acumulación de la riqueza y el poder en cada vez menos manos mediante una mayor transferencia de recursos públicos a manos privadas. Bajo la excusa de socorrer al empresariado, lo que en realidad hace este decreto ley es obedecer lo que dicen la UE y los mal llamados "mercados", de reducir el déficit público a cualquier precio, restringiendo aun más la capacidad de las administraciones locales para prestar servicios públicos a la población, justo cuando son más necesarios porque son también más altos los niveles de paro y de malestar social de la población.â€

“Se trata-sigue diciendo Juanjo Llorente-, de un nuevo ataque al estado social que propugna nuestra Carta Magna y a los derechos de los trabajadores y de las clases populares. Por eso desde Esquerra Unida rechazamos este Real Decreto y llamaremos a la ciudadanía a que se Rebele contra esta escalada antisocial y anticonstitucional. Para hacer frente a la actual situación de debilidad financiera de las administraciones locales hay otras alternativas, tal como venimos planteando desde la izquierda social y política†.

ANEXO

TEXTO de la MOCIÓN POR LA RETIRADA DEL R.D. Ley 4/2012 De 24 de FEBRERO Y POR EL INMEDIATO PAGO DE LA DEUDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA CON ESTE AYUNTAMIENTO

El pasado 24 de febrero el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas urgentes que, de modo equiparable al decretazo de la reforma laboral y bajo la excusa también de socorrer al tejido empresarial, suponen un duro varapalo para las haciendas locales al obligar a los Ayuntamientos a aflorar su deuda pendiente con los proveedores y a presentar, para pagarla, un plan de ajuste que prioriza la rebaja del déficit sobre la continuidad del personal municipal y sobre el mantenimiento de los servicios dispensados a la ciudadanía. Se trata del Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, que fue publicado en el BOE del sábado 25 de febrero.

Establece este Real Decreto que, antes del 15 de marzo, deberá remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el listado de facturas pendientes de pago, con fechas anteriores a 1 de enero de 2012. Y además de expedir los correspondientes certificados de deuda, la intervención de cada Ayuntamiento también tendrá que hacer llegar al Ministerio, antes del 31 de Marzo, un Plan de ajuste que haya sido aprobado por el Pleno de la Corporación y en el que se contemple la forma de pago de esas deudas y las medidas previstas para combatir el déficit presupuestario a cualquier precio, por encima de las necesidades y demandas de la población.

Pero esta imposición del Gobierno a los Ayuntamientos no va a ser algo puntual, puesto que este durísimo plan de ajuste en el gasto irá complicando cada vez más la gestión presupuestaria, conforme se vaya incorporando como gasto corriente el derivado de la amortización de la deuda municipal. E igualmente, al exigirles a los ayuntamientos que informen de manera separada sobre el coste y el sistema de financiación de los servicios públicos dispensados, también provocará su disminución y deterioro crecientes, al tener que suprimirlos o recortarlos para ajustarse a los ingresos obtenidos, o bien incrementar la tasa o precio público que los financian.

Estas medidas draconianas sobre las haciendas locales, de por si ampliamente castigadas por la insuficiencia financiera derivada de su baja participación en el reparto del total de ingresos estatales y autonómicos, en el caso del País Valencià se ve agravada por el factor complementario de la abultada deuda que tiene la Generalitat Valenciana (en conjunto más de 20.000 millones de euros y un porcentaje récord comparativamente con el resto de autonomías), una parte de la cual es con los mismos. De no sufragar las Consellerías esta deuda pendiente, muchos ayuntamientos acreedores tendrán que asumir por sí mismos la obligación de pago a los contratistas, de modo que la deuda generada por la Generalitat van a tener que pagarla los propios Ayuntamientos valencianos, siendo ellos quienes sufrirán las medidas restrictivas y sancionadoras. Y todo ello, al tiempo que se mantiene y sigue consintiendo a la Generalitat las actuales políticas despilfarradoras, depredadoras y esquilmadoras de los bienes y del patrimonio colectivo.

En el caso particular del Ayuntamiento de Aldaia este nuevo RD del Gobierno Rajoy va a tener efectos sin duda graves, a juzgar por la información proporcionada a raíz del debate presupuestario de hace apenas unos días, según la cual la Generalitat Valenciana mantiene una deuda pendiente con este Consistorio de 1.582.335,24 euros (a fecha 27 febrero 2012), mientras que también hay otras facturas sin pagar por un valor aproximado de un millón y medio de euros. Unas cifras y estimaciones que, según el preceptivo “Plan de ajuste†municipal que ha de elaborarse, supondrán sin duda un recorte aún mayor del gasto municipal previsto para este ejercicio 2012 y que fue recientemente aprobado en los presupuestos del 2012, a su vez votados en contra por todos los partidos de la oposición precisamente por ser recortadores de la plantilla y del gasto municipales. Es decir, un recorte que habrá que sumar a los 1.174.616 euros ya recortados con respecto al 2011, y que será también adicional al Plan de saneamiento aprobado en julio pasado, igualmente con el voto negativo de toda la oposición.

Por todo ello, el grupo de Esquerra Unida del Ayuntamiento de Aldaia presenta a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- El Ayuntamiento de Aldaia exige al Gobierno de la nación que retire este Real Decreto-Ley y que resuelva definitivamente el problema de la financiación local. No se puede imponer austeridad sin asegurar antes una financiación suficiente de las administraciones locales.

2.- El Ayuntamiento de Aldaia exige a la Generalitat Valenciana el pago a esta Corporación de la deuda pendiente y que asciende, con fecha del 27/2/2012, a 1.582.335,24 euros.

3.- El Ayuntamiento de Aldaia exige al Gobierno que impute a la Generalitat valenciana y no a esta Corporación la deuda contraída con la misma.



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