Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

El ajuste también llega a los Ayuntamientos

(Comentario al Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero)

El Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE del sábado 25 de febrero es el tercer intento (El primero fue el del Real Decreto-ley 5/2009 de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes, y el segundo el contenido en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio ) en menos de tres años de establecer un sistema que permita abordar el grave problema de los impagos a las empresas proveedoras de los ayuntamientos españoles que algunas fuentes cifran en más de 30.000 millones de euros.

Esta norma, al contrario que las otras dos, establece tanto la obligación de los ayuntamientos de abordar el pago de las facturas pendientes que se les imponen de manera coactiva “por ministerio de la ley†, estableciendo la responsabilidad directa y personal de los funcionarios municipales, particularmente de los interventores, en el cumplimiento de esas obligaciones y reduciendo la capacidad de decisión e intervención de los responsables políticos municipales, como la de establecer un plan de ajuste para abordar el pago de esos créditos.

OBJETO DEL REAL DECRETO-LEY

Como señala el artículo primero de la citada norma su objeto lo constituye habilitar las condiciones necesarias para permitir la cancelación por las entidades locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios (Quedan excluidas las obligaciones contraídas con la Administración General del Estado y sus entidades dependientes, la Administración de las Comunidades Autónomas y sus entidades, otras entidades locales y la Seguridad Social). Estas obligaciones de pago han de ser vencidas, líquidas y exigibles, su factura o solicitud de pago equivalente ha debido remitirse antes del 1 de enero de 2012 y han de ser obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. En este sentido se diferencia poco de la regulación anterior ya citada.

En lo que se produce una diferencia sustancial con la normativa anterior es en el carácter obligatorio para las entidades locales de la utilización de los mecanismos previstos en este Real Decreto-Ley, frente al carácter voluntario de las anteriores regulaciones, y en los procedimientos habilitados para llevarlos a cabo.

Efectivamente el artículo 3 señala que las entidades locales deberán remitir, por vía telemática y con firma electrónica, al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha límite el día 15 de marzo de 2012, una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago. No se señala que lo hagan aquellas entidades que quieran acogerse a este sistema sino todas aquellas que tengan obligaciones pendientes de pago anteriores al 1 de enero de 2012. En este sentido no parece acoger la norma ninguna excepción a esta obligación, puesto que uno de sus objetivos es hacer aflorar “manu militari†toda la morosidad vinculada a los ayuntamientos españoles esté esta contabilizada o no (Una de las consecuencias de esta obligación de afloramiento será inevitablemente la de determinar el auténtico volumen de la deuda pública municipal, lo que llevará aparejada muy probablemente una revisión al alza de la cuantía de la deuda pública española en términos de contabilidad nacional.). El otro objetivo como decíamos es habilitar un mecanismo de pago a los proveedores de las deudas pendientes de los ayuntamientos, quieran estos o no lo quieran.

QUÉ INFORMACIÓN SE HA DE SUMINISTRAR Y QUIÉN DEBE HACERLO

Como hemos dicho los ayuntamientos habrán de remitir una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago junto con una información complementaria referida a la identificación del contratista, el importe principal de la obligación y los impuestos asociados, la fecha de entrada en el registro de la factura y el detalle de si el contratista ha demando el pago judicialmente. Respecto a quien debe suministrar esta información el artículo 3.2 del Real Decreto-ley es claro, esta es una obligación que asume personalmente el interventor municipal, al margen de la voluntad política del equipo de gobierno. De hecho el interventor sólo tiene la obligación de informar directamente al Pleno (no al equipo de gobierno) de esa relación certificada pero no de recabar su autorización para remitirla. De hecho el incumplimiento por parte del interventor (o funcionario que asuma su cometido) de esta obligación así como la establecida en el punto 4 de permitir a los contratistas consultar su inclusión en la citada relación y emitir los certificados de inclusión se considerará como falta muy grave (El artículo 96 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público sanciona estas faltas con suspensión de funciones por un periodo de hasta seis años o la separación definitiva del servicio).

Decíamos que el objetivo de este Real Decreto-ley es hacer aflorar toda la deuda oculta de las entidades locales con independencia de la voluntad política de éstas. Este objetivo queda claro en el artículo 4 en el que se regula todo un sistema de consulta a los proveedores para que estos puedan comprobar que sus créditos pendientes de cobro han sido incluidos en la relación remitida por el interventor, un mecanismo de certificación individual a los acreedores cuyas deudas no hayan sido inicialmente incluidas y un sistema de actualización periódica, mes a mes, de esa información al Ministerio de Hacienda cuya responsabilidad corre a cargo de los interventores. También queda claro en el artículo 5 que establece como efecto de las relaciones certificadas y de las certificaciones individuales la obligación de contabilizar esas obligaciones pendientes de pago, en caso de que no lo estuvieran. A ese respecto el citado artículo 5 establece una suerte de amnistía para el interventor que, contraviniendo la obligación contenida en el artículo 188 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no hubiera procedido en su día a esa contabilización (Efectivamente existía ( y existe) la mala práctica de los interventores de autorizar gastos sin la correspondiente consignación presupuestaria o, al menos, de mirar para otro lado cuando se asumían por parte del Ayuntamiento compromisos de gasto sin respaldo presupuestario).

LA CONSECUENCIA: EL PLAN DE AJUSTE

Establece el artículo 7 del Real Decreto-ley que una vez remitida la relación certificada de las obligaciones pendientes de pago, y caso de que éste no se haya producido, el interventor (nuevamente el funcionario y no la autoridad política) presentará al pleno del ayuntamiento un Plan de Ajuste para su aprobación antes del 31 de marzo. Este Plan es concebido en el Real Decreto-ley en unos términos y con unos mecanismo de seguimiento y verificación mucho más estrictos que los establecidos en la normativa anterior. Por utilizar una analogía inteligible, podríamos decir que nos encontramos ante un mecanismo de rescate muy parecido al que la UE y el FMI están aplicando a los Estados deudores.

No concreta la normativa ni el plazo de amortización de la deuda ni sus condiciones financieras, que serán fijadas (se supone que a no mucho tardar) por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Si establece, por el contrario, cual debe ser el contenido mínimo del mismo, a saber:

a)Recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la que se formalice como consecuencia del Real Decreto-ley. Este requisito abocará a los ayuntamientos a hacer un durísimo ajuste en los gastos, toda vez que no son pocas las corporaciones locales que han entrado en un déficit estructural, es decir que sus ingresos corrientes no son suficientes para satisfacer sus gastos corrientes y ello al margen del endeudamiento no contabilizado. Como es lógico esta situación se hará todavía más grave cuando tengan que incorporar como gasto corriente el derivado de la amortización de la deuda que ahora aflore.

b)Las previsiones de ingresos corrientes que contenga deberán ser consistentes con la evolución de los ingresos efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local en los ejercicios 2009 a 2011. Es decir, no va a ser posible (al menos en teoría) presentar propuestas de ingresos infladas o presuntos ingresos por operaciones de cumplimiento dudoso.

c)Una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o precios públicos, para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los servicios públicos y su financiación. Dicho de otra manera, el Ministerio de Economía exige a los ayuntamientos que informen de manera separada sobre el coste y sistema de financiación de los servicios públicos. En el caso de los servicios públicos prestados de manera deficitaria, habrá dos opciones; bien recortar ese servicio para ajustarlo a los ingresos obtenidos, bien subir la tasa o precio que lo financie.

d)Recoger la descripción y el calendario de aplicación de las reformas estructurales que se vayan a implementar así como las medidas de reducción de cargas administrativas a ciudadanos y empresas que se vayan a adoptar en los términos que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

e) Cualesquiera otros requisitos que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

En definitiva, este plan de ajuste se concibe como la puerta para que los ayuntamientos pongan en marcha sí o sí un cambio de estructura sustancial a todos los niveles, tanto en el capítulo de ingresos, mediante las oportunas subidas de tasas y precios públicos, como los ajustes en estructura y eliminación de servicios públicos prestados de manera deficitaria o la eliminación de personal de la administración local.

Por lo demás, el Plan de Ajuste deberá remitirse por vía telemática al Ministerio de Hacienda al día siguiente de su aprobación por el pleno que lo valorará de manera favorable o desfavorable en un plazo máximo de un mes. En el supuesto de que no la emita en dicho plazo la valoración se entenderá desfavorable.

LA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

El artículo 7.5 del Real Decreto-ley fija como la principal consecuencia de la valoración positiva del Plan de Ajuste el dar por autorizada la operación de endeudamiento destinada a financiar las obligaciones de pago que se abonen. Ya dijimos que la citada operación está sometida a unas condiciones que aún no se han determinado. Lo que se que aparece regulado en la norma son algunas de las consecuencias de dicha operación. La más significativa, por las implicaciones de todo tipo que puede acarrear, es la contenida en el artículo 10.2 y es que podrá conllevar la cesión al Estado de los derechos de la entidad local en cuanto a su participación en los tributos del Estado en la cantidad necesaria para hacer frente a la amortización de dichas obligaciones de pago, sin que pueda afectar al cumplimiento de las demás obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento financiero contempladas en el plan de ajuste. Y no sólo durante el año 2012 sino, si fuera necesario, durante los ejercicios siguientes ( artículo 12).

Como mecanismo de transparencia y de reforzamiento del control, la operación de endeudamiento deberá ser incorporada, en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su formalización, en la Central de Información de Riesgos de las entidades locales . Además y como nueva limitación, si durante el periodo de amortización de la operación de endeudamiento se produjeran remanentes de tesorería negativos, ello comportará la prohibición de realizar inversiones nuevas en el ejercicio siguiente financiadas con endeudamiento. Y puesto que sería imposible poder financiar esas inversiones mediante ahorro corriente (la mayoría de los pequeños y medianos municipios y no pocos de los grandes no están en condiciones de generarlo, y mucho menos durante el tiempo de amortización de sus operaciones de endeudamiento) ello condena a buena parte de las corporaciones locales a renunciar a poder destinar ni un euro a los capítulos de inversión durante un largo periodo de tiempo. Finalmente esa operación de endeudamiento cuando se destine a operaciones que quedaron pendientes de aplicar a presupuesto ( es decir, cuando vayan a cubrir deudas que se produjeron en su día sin la correspondiente consignación presupuestaria) deberán reconocerse en su totalidad durante el presupuesto de 2012. Esto permitirá, por cierto, conocer en todo su detalle las malas prácticas presupuestarias y contables de todos los gobiernos municipales pasados aunque, contrariamente a lo inicialmente anunciado, la norma no prevé reproche alguno a quienes utilizaron esos mecanismos irregulares.

QUÉ LES PASARà A LOS QUE NO CUMPLAN

Para aquellos ayuntamientos que no concierten las operaciones de endeudamiento (bien porque no las solicitan, bien porque su Plan de Ajuste no es aprobado) o para aquellos otros que habiéndola concertado no cumplan con las obligaciones de pago de la misma, el Real Decreto-ley les reserva una desagradable sorpresa, ya que en ese caso el órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas u organismo público competente efectuará las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado, sin que pueda afectar al cumplimiento de las demás obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento financiero contempladas en el plan de ajuste (Este mecanismo ya estaba previsto en la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, pero hasta ahora no ha sido de aplicación, al menos no de manera tan generalizada como la que ahora se prevé.). Es decir, no se va a transferir el dinero pero el ayuntamiento va a seguir obligado a pagar la deuda.

CONCLUSIÓN

En definitiva el Real Decreto-Ley se configura como una trampa saducea para las corporaciones locales que hará recaer en los actuales equipos de gobierno la obligación de hacer frente a todas las deudas pendientes de las corporaciones anteriores, sean las actuales las herederas políticas o no de las mismas, y a aplicar un durísimo Plan de Ajuste que va a poner en riesgo el mantenimiento de las prestaciones que hasta ahora venían asumiendo los Ayuntamientos y que incrementará notablemente la carga fiscal al conjunto de los ciudadanos. Ciertamente la norma tiene algún efecto positivo ya que permitirá que los proveedores a los que se les adeudan pagos (Por cierto, y aunque aún está pendiente de concreción por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Real Decreto-Ley modifica el sistema de prelación de créditos al establecer un criterio de prioridad en el pago de la deuda basada en el importe de la quita que oferte el acreedor, haber instado judicialmente el pago antes del 1 de enero de 2012 y, sólo finalmente, la antigüedad de la obligación) puedan cobrar en todo o en parte. También permitirá conocer las “facturas guardadas en el cajón†, lo que permitirá descubrir no sólo la situación económico financiera real de cada corporación sino también, y muy especialmente, el origen de la deuda. Sin embargo se trata de magras ventajas frente a los brutales ajustes que las corporaciones tendrán que desarrollar para afrontar los endeudamientos. O mucho me equivoco o los ciudadanos verán disminuidos en número y en calidad buena parte de los servicios municipales y no pocos equipos de gobierno de la derecha van a tener una nueva justificación para privatizar los servicios públicos más rentables, la necesidad de hacer caja para poder cubrir las necesidades de financiación.

Real Decreto-ley 4/2012 (PDF)



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