Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Carta sindical a los Ayuntamientos, en defensa de los servicios públicos

UGT-PV, CCOO-PV, CSIF, FSES, Intersindical

Sr. Alcalde. Sra Alcaldesa

Nos dirigimos a Ud. en nombre de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociación de la Administración del Consell, UGT, CCOO, CSI.F, FSES e Intersindical Valenciana, para informarle de la situación generada con la aprobación y publicación en el DOCV de 10 de enero de 2012 del Decreto Ley 1/2012 de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana.

Nuestra intención con este escrito es poner en su conocimiento algunos ejemplos de la repercusión que las medidas aprobadas van a tener sobre los diferentes servicios públicos ofertados a la ciudadanía de esta Comunidad y por tanto, del Municipio que Usted representa.

En la Administración de Justicia, el Gobierno Valenciano ha renunciado en el 2011 a la creación de 15 juzgados nuevos, autorizados en su día, por el Gobierno del Estado alegando la falta de recursos económicos para poder dotarlos del personal necesario para atenderlos.

El recorte en un 25% de los refuerzos en personal de los juzgados actuales va a hacer más larga aún la demora de resoluciones judiciales (Sentencias, Autos, etc). Sin hablar de la falta de inversión en medios técnicos y locales que permitan un trabajo más ágil y productivo .

Las infraestructuras comprometidas en el Transporte Público sufren una parálisis y, en concreto, supondrá una nueva demora en la puesta en marcha de la nueva línea del metro en València y de la T2 de Alicante que, unido a la falta de inversión, está suponiendo un deterioro muy importante del servicio que debe prestarse y el perjuicio a la ciudadanía.

También nos oponemos a los recortes y la reducción de plantilla en RTVV que ha anunciado la Generalitat. Canal 9 y Ràdio 9 son un servicio público fundamental para difundir la lengua y la cultura de los valencianos, para fomentar la industria audiovisual y para garantizar la información de proximidad y el conocimiento de la realidad de los municipios valencianos

En la Función Pública Valenciana y el sector público empresarial el recorte de la jornada de trabajo al personal interino y temporal, además del perjuicio directo a las personas afectadas, traerá consigo la disminución del horario y calidad de la atención a la ciudadanía usuaria de los servicios públicos. El nivel de temporalidad del personal que atiende al público es superior al 30% por lo que un recorte en su jornada es un gran recorte en servicio. Con la falta de personal, puede producirse un aumento en la demora de respuesta administrativa ante reclamaciones o solicitudes dirigidas a la Administración Autonómica, y con ello producirse unos efectos negativos muy importantes sobre la ciudadanía ya que, en nuestra Comunidad, el silencio administrativo tiene en general la consideración de negativo, lo que obligará a interponer recursos administrativos con el coste económico y personal que ello supone.

En cuanto a los Servicios Sociales de la administración autonómica, las valoraciones a la dependencia ya han sido reducidas y se verán más paralizadas en la Comunidad Valenciana si cabe puesto que en la Agencia responsable de efectuar esas valoraciones (AVAPSA), el nivel de temporalidad es muy elevado y el recorte de jornada impuesto supone una reducción de personal. Esto mismo ocurrirá en otros organismos como en el IVADIS, que presta atención especializada a la discapacidad, en el IVVSA, que debe actuar sobre políticas de vivienda y atención en esta materia a las personas más desfavorecidas, etc.

En cuanto a la enseñanza pública, las medidas de recorte, aunque presentadas como racionalización de gasto y reparto equitativo de la carga de la crisis, sólo suponen una erosión de la enseñanza pública en múltiples aspectos. La carga de las medidas se reparten entre recorte de profesorado (del orden de 1.550 profesionales menos en el 2010 –informe del Síndic de Comptes- y otros 1.000 menos en 2011), líneas y programas educativos y falta de inversión en centros, así como retrasos y recortes en el pago de gastos comunes.

Todo ello ha provocado:

1. Carencia de construcciones escolares, tanto nuevas (no construcción de la red de escoletes infantiles y de otros centros públicos) como reparaciones necesarias (Manteniendo barracones crónicos año tras año).

2. Reducción de la plantilla del profesorado (2.550 menos en dos cursos), lo que implica aumento de ratios de alumnado en las aulas y la falta de atención a miles de alumnas y alumnos al no cubrirse las bajas.

3. Desaparición de programas de atención individualizada del alumnado, de atención a la diversidad, de atención compensatoria, de líneas en valenciano y de ciclos formativos.

4. Falta de las transferencias para gastos de los centros, generando problemas en comedores escolares, de actividades de apoyo a las familias (escoletes matineres, d’estiu…), carencia de material didáctico, centros sin calefacción o sin electricidad.

En la sanidad pública, la Conselleria ha anunciado otro paquete de 300 medidas para la reducción del gasto sanitario por importe entre 440 y 550 millones de euros, más del 10% del total del gasto sanitario en la Comunidad Valenciana. Algunas son de sentido común y harán más eficiente el sistema, pero nos preocupan mucho otras que, de aplicarse, supondrán un serio recorte de la cantidad y calidad de las prestaciones sanitarias y que propiciarán la privatización de la sanidad pública.

Se pretende reducir personal y no hacer sustituciones en las plantillas que atienden a las personas. Se reducen los recursos dedicados a la atención de urgencias y emergencias sanitarias, cuya consecuencia drástica será un importante aumento de los tiempos de espera para ser atendidos y un empeoramiento de la eficacia del sistema en dar respuesta a las situaciones de salud que no admiten demora. También se cerrarán centros sanitarios con el argumento de falta de actividad o por obsoletos. Las listas de espera de intervención quirúrgica se incrementarán en miles de personas, por eliminación de los programas existentes.

En resumen, de aplicarse este conjunto de medidas, con el adelgazamiento de los servicios públicos ya de por si escasos en nuestro ámbito, dejarán muy tocada a la ciudadanía valenciana. Los ciudadanos y los profesionales van a ser quienes paguen la factura resultante de la negligente gestión de los recursos públicos.

Ante esto rogamos su implicación como la máxima representación en su Municipio para que proponga la adopción de una resolución en el pleno en contra del DL 1/2012 y la remitan al Gobierno Valenciano y a los medios de información. Le adjuntamos, por si le es util, el Manifiesto aprobado por las cinco organizaciones sindicales

UGT-PV CCOO-PV CSIF FSES Intersindical



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