Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción por una comunicación municipal democrática, participativa e igualitaria

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los principales problemas de la vida política actual es la falta de credibilidad y de confianza en las instituciones públicas y en sus gobernantes, a nivel estatal y autonómico pero también local. Entre los problemas que engrosan esta falta de confianza, se encuentra la falta cuando no ausencia de transparencia, democracia y/o participación reales en muchas de las acciones que se realizan desde los organismos representativos. Sin embargo, la legislación establece claramente que las administraciones públicas deben asumir y practicar estos principios a todos los niveles y que no hay mejor manera para ello que utilizar la comunicación municipal de una manera eficiente, equitativa, justa, igualitaria y, en definitiva, acorde con los principios de buen gobierno y la legislación vigente (en particular, la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana).

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas, en su Informe nº 904 de Fiscalización sobre contratos de publicidad y comunicación institucional, señala que la administración local no puede utilizar la publicidad institucional como instrumento para dar a conocer una valoración positiva de los servicios que presta o los logros que consigue. Esa es la diferencia entre la publicidad estilo “dar a conocer” y la propaganda orientada a “inducir a creer”. Por desgracia, en el caso particular del Ayuntamiento de Aldaia, consideramos que se viene practicando una confusión generalizada entre ambos conceptos, además de que tampoco sabemos qué campañas, de qué clase y con qué medios de comunicación se van a hacer o se están llevando a cabo desde el gobierno socialista minoritario. Un ejemplo de ello lo tenemos en las 6 Resoluciones de Alcadía que se dieron a conocer en el pleno pasado, por las que el alcade aprobaba pagar casi 40.000 euros para “contratos de publicidad” con la prensa local (nº 1619, 1620,1621,1622,1624,1629).

Recientemente entró en vigor una nueva ley dirigida a normativizar este tipo de cuestiones, la LEY 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat, de “publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas”. Normativa que sin duda constituye un avance y que, como señala su propio Preámbulo:

“(…) Hasta ahora, las campañas de publicidad institucional promovidas por los poderes públicos han supuesto un coste elevado para la ciudadana y, en ocasiones con dinero público, han sido utilizadas como instrumentos propagandísticos del partido político que ha sustentado a los distintos gobiernos.

La Ley 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad institucional de la Comunitat Valenciana, presenta dos grandes lagunas legales: por un lado, no prohíbe expresamente la realización de cualquier campaña institucional en el período que media entre la convocatoria de elecciones y su celebración y, por otro lado, omite cualquier referencia a la necesaria diferenciación de la publicidad institucional respecto a la publicidad política partidista, mediante la prohibición de utilizar elementos claramente identificables con un partido político. Estas lagunas han sido corregidas por las distintas juntas electorales que han puesto límite a indeseables prácticas.

Además, la citada Ley 7/2003 se ha revelado claramente insuficiente para garantizar el buen uso de esta herramienta de comunicación y publicidad pública. Así, creaba un órgano de control que nunca fue constituido, vaciando aún más de contenido el pobre enunciado.

(...)La presente ley desarrolla profusamente los principios que deben regir la publicidad institucional y, en especial, la obligación pública de velar por los derechos de las personas destinatarias y por el respeto de la ética publicitaria. De esta manera se eliminan gastos en publicidad que nada aportan a la ciudadanía y suponen un elevado coste económico, como «la creación, difusión o mejora de la notoriedad e imagen de las instituciones gubernamentales y de las administraciones públicas», prácticas que con la entrada en vigor de la presente ley quedarán vetadas con la finalidad de que ningún partido pueda instrumentalizar para sus intereses esta herramienta de difusión sufragada con dinero público de la colectividad.

Al mismo tiempo, la ley asume los objetivos del Pacto valenciano contra la violencia de género y machista, de septiembre de 2017, que recoge las conclusiones de la Subcomisión sobre la Erradicación de la Violencia de Género de Les Corts y el Informe del Síndic de Greuges sobre la atención y protección a las víctimas, de junio de 2017, suscrito por las instituciones valencianas, las organizaciones políticas y sindicales, la sociedad civil —especialmente por aquellas organizaciones vinculadas a los movimientos feministas— y ampliamente apoyado por la ciudadanía. En este sentido, la ley incorpora mecanismos de exclusión en la contratación dentro del ámbito competencial propio de aquellas empresas y medios de comunicación que contengan anuncios de comercio sexual o fomenten la prostitución…

(…) Igualmente (…) La presente ley prohíbe actos de inauguración o puestas de primeras piedras que supongan un uso partidista de promoción personal o de partido a costa de las infraestructuras o servicios que por definición son colectivos y están sufragados con dinero público. De esta manera la inauguración será el primer uso que se le dé por parte de los ciudadanos y ciudadanas al servicio o infraestructura de nueva creación o construcción. Evitando esta práctica se pretende evitar la proyección de infraestructuras o servicios en función de la rentabilidad electoral y centrar las decisiones sobre nuevas infraestructuras o servicios en su utilidad pública, además supone un importante ahorro dentro de los parámetros de buen gobierno.”

En definitiva, dado que la información municipal de este Ayuntamiento necesita herramientas para garantizar las buenas prácticas y que el Consejo de Comunicación no acaba de hacer las funciones previstas, planteamos las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Este Ayuntamiento acuerda desarrollar y aplicar, con la participación de todos los grupos municipales, en el seno del Consejo de Comunicación y antes de que finalice este año un “Plan de comunicación institucional” con los objetivos de dotar a la comunicación de pluralidad y veracidad y hacer los departamentos municipales correspondientes verdaderas herramientas al servicio de todos y todas las representantes de la ciudadanía.

2.- Instar al Consejo de Comunicación municipal y al área de prensa del gobierno socialista para cumplir el conocido Decálogo de buenas prácticas de la comunicación local pública, elaborado a principios de la legislatura por la Universidad Autónoma de Barcelona (Ver anexo).

3.- Este Ayuntamiento acuerda igualmente acatar la nueva ley de publicidad institucional de la Generalitat, en todos los aspectos y en particular en lo dispuesto sobre igualdad y violencia de género, de manera que no contratará publicidad institucional en aquellos medios que incluyan propaganda de contactos y/o sexista.

4.- Esta Corporación insta al gobierno municipal a facilitar las herramientas de comunicación de que dispone este Ayuntamiento en igualdad de condiciones para todos y todas los representantes de la ciudadanía. En particular:
- Proporcionar a los grupos políticos municipales la agenda de medios de comunicación utilizados por el gabinete de prensa (EFE, Europa Press …) y los sistemas de medición estadística de las audiencias de la web municipal y demás medios de comunicación públicos.
- Remitir a la dirección de mail de cada uno de los grupos políticos, concejales y concejalas no adscritas todas las notas de prensa, comunicados, entrevistas institucionales y artículos que salgan del gabinete de alcaldía.
- Establecer y desarrollar mecanismos de participación que se incorporen al “plan de comunicación municipal” para hacer que la web municipal y demás medios de comunicación sea reflejo de la actividad municipal de todos los grupos políticos, con información plural y contrastable sobre sus propuestas y actividades convocadas.
- Asumir el compromiso de defender y mantener la independencia institucional de los actos municipales realizados tanto por el propio Ayuntamiento como por las diferentes entidades del pueblo, a fin de evitar su utilización partidista.

5.- Esta Corporación insta al gobierno municipal a cumplir la moción aprobada el 28 de noviembre de 2017, que acordó textualmente, según figura en el acta correspondiente aprobada en diciembre:

“1. Este Ayuntamiento acuerda poner en marcha un Consejo Municipal de Redacción, siguiendo similares criterios por los que este misma Corporación, mediante acuerdo plenario con fecha del 28 de noviembre de 1.991 procedió a la constitución de dicho Consejo y a la elaboración de un “Proyecto de Normas de Funcionamiento de los Medios Municipales de Comunicación”. Consejo que actualmente se ha configurado como una Consell de Comunicación que apenas se ha reunido tres veces en los pasados dos años y sin llegar a asumir ningún tipo de funciones deliberativas o propositivas”.

Aldaia, 6 de julio 2018

ANEXO. Decálogo de Buenas Prácticas de la Comunicación Pública Local

Elaborado por el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asumido por la FEMP y multitud de municipios

El artículo 69 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local establece que "las corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local ". El apartado 2 de este artículo indica que "las formas, los medios y los procedimientos de participación que las corporaciones establezcan en el ejercicio de su potestad de autoorganización no pueden en ningún caso disminuir las facultad de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la ley ". Así pues, los medios de comunicación locales de titularidad pública -prensa escrita, radio, televisión, webs municipales y ciudadanas- deben respetar los siguientes principios:

1. Deben actuar como elementos cohesionadores del municipio. Tienen que hacer «pueblo» o «ciudad» fomentando la identidad local, dando a conocer sus orígenes, las movilidades, las diferentes condiciones sociales de las mujeres y hombres que con sus actuaciones y relaciones dan vida plural en cada municipio, las tradiciones y las actividades cotidianas: económicas, culturales, sociales, políticas ... y los proyectos de futuro.

2. Deben informar de manera veraz, plural y transparente. Deben dar cuenta de la gestión que hace el equipo de gobierno mostrando las diferentes sensibilidades políticas que se han expresado en las urnas. A través de la crónica periodística del pleno municipal, deben explicar las diferentes propuestas de actuación y reflejar los puntos de vista de los diferentes grupos políticos representados y las votaciones emitidas.

3. Deben ser un referente informativo para la ciudadanía. Los profesionales responsables de los medios de comunicación local de titularidad pública deben poder consolidarlos de acuerdo con las características de cada municipio y con una periodicidad regular (diaria, semanal, quincenal o mensual). Deben ofrecer alternativas informativas plurales ante el resto de medios locales, autonómicos o nacionales. No deben estar supeditados a los cambios que se produzcan en los equipos de gobierno o cada vez que se celebran elecciones. En periodos electorales, deben ser un vehículo comunicativo esclarecedor de las diferentes opciones políticas.

4. Deben fomentar el debate público para la participación democrática. Los medios de comunicación escritos deben dar un tratamiento periodístico profesional a las informaciones y deben insertar espacios de opinión de los cargos electos, de los grupos políticos, de técnicos especializados, de representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas que quieran intervenir. El editorial debe reflejar la opinión de la publicación y no debe estar firmado por el Alcalde. En los medios audiovisuales se debe fomentar tertulias y programas de debate plurales. A través de Internet, se deben promover consultas populares, foros, etc., además de ofrecer soluciones fáciles a problemas concretos y trámites burocráticos.

5. Deben promover las actividades de la sociedad civil y el asociacionismo. Los medios de comunicación local de titularidad pública deben potenciar el asociacionismo y la iniciativa social mediante la publicación o difusión de todas las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a través de la agenda de actividades o de otros formatos informativos.

6. Deben evitar el partidismo y la falta de profesionalidad. Mediante un tratamiento contrastado y tan completo como sea posible de las principales informaciones, dando voz a los diferentes protagonistas, rindiendo cuentas de la gestión realizada y fomentando la participación ciudadana. Los medios no se pueden utilizar como herramienta de propaganda política del partido o la coalición que detiene el poder.

7. Deben despertar el interés de la ciudadanía. Mediante la utilización de un lenguaje claro, preciso, respetuoso con la diversidad de hombres y mujeres de las diversas procedencias y condiciones sociales que dan vida al municipio, al alcance del gran público, con titulares comprensibles y atractivos. Deben generar procedimientos que favorezcan la identificación y la implicación de la ciudadanía en la información y la participación democrática.

8. Deben estar dotados de los recursos humanos y técnicos necesarios. Deben tener profesionales que reciben una remuneración adecuada a las tareas que realizan y que disponen de los recursos técnicos necesarios, siempre respetando el código deontológico que rige la profesión periodística.

9. Deben funcionar a través de órganos de gestión participativos. Los medios de comunicación local de titularidad pública deben funcionar con estructuras organizativas -consejos editoriales o consejos de administración- que garanticen la profesionalidad de las personas que trabajan y la participación del conjunto del consistorio, de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía local.

10. Se deben manejar ajustándose a las posibilidades económicas de cada municipio. Las instituciones u organismos públicos que gestionan los medios de comunicación local de titularidad pública deben diseñar planes municipales de comunicación a partir de un diagnóstico y un análisis de la situación comunicacional local y deben definir los objetivos que deben alcanzarse estableciendo los recursos humanos y técnicos y las dotaciones económicas necesarias, siempre de acuerdo con las posibilidades y necesidades de cada municipio.



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