Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción de EU Verds de apoyo a la tramitación parlamentaria de la ley de vivienda de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) con sus correspondientes 5 demandas para hacer frente a la emergencia habitacional (P-3363/2017)

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Pese a aquellas proclamas sobre que la crisis ya ha concluido, batiendo récords de empleo y prosperidad, contrastan con las cifras del Consejo General del Poder Judicial que no engañan y muestran que los desahucios aumentan por primera vez en casi dos años con una subida del 2,2% en tasa interanual de desahucios practicados, más de 189 cada día. Una problemática vivida también en Aldaia, como muestran los 68 desahucios realizados durante el pasado año, según informe verbal realizado desde los servicios sociales del Ayuntamiento.

El mercado privado de alquileres es insuficiente, además sufre un proceso especulativo, y el argumento de agilizar "los desahucios a morosos" -vista con perspectiva-fue una cortina de humo tras la que se escondía recortar y limitar el derecho a la vivienda. Por ello, la reforma de la LAU beneficiaba a quien arrendaba, ya que podrían deshacerse con facilidad de las y los inquilinos para alquilar los inmuebles a precios más elevados. Siendo una ley injusta con las personas más débiles. Es necesario recordar que una vez estalló la burbuja inmobiliaria y se produjo la estafa hipotecaria, las entidades financieras y fondos de inversión controlan ingentes cantidades de viviendas, producto del desahucio de decenas de miles de familias. Dos ejemplos: Caixabank supera las 35.000 viviendas dedicadas al alquiler, y el fondo estadounidense Blackstone ya cuenta con más de 14.000.

La ONU, en concreto su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, decretó a primeros de julio pasado, que España violó los derechos humanos al practicar un desahucio sin garantizar una vivienda alternativa por el Estado a una familia. La orden judicial de desahucio era legal pero el hecho de no proporcionar una alternativa habitacional vulnera los derechos humanos. Por ello, la ONU determina que España debe formular y aplicar un plan integral que garantice el derecho a la vivienda, además de recomendar que se adopten las medidas que sean necesarias para asegurarse que los desahucios a personas sin recursos solo se ejecuten después de consultar a las /los afectados y a las autoridades estatales para que se les provea de una alternativa habitacional, sobre todo en los casos en los que haya menores de edad, personas mayores, personas dependientes o cualquier ser humano en situación de vulnerabilidad.

También se acaban de conocer cifras sobre la solución dada por la legislación española al drama de los desahucios, por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas (CBP), que en 5 años apenas ha practicado 7.095 daciones en pago y 7 quitas. Este Código de adhesión voluntaria, pero de cumplimiento obligatorio, durante dos años ha paliado en algunos casos el problema del sobreendeudamiento hipotecario, pero no ataca de raíz la causa que ya nadie niega que es una concesión irresponsable de crédito y del que muchas personas siguen quedando fuera con un número muy alto de denegaciones.

En este contexto sobre el problema, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ha lanzado una campaña denominada "Ley de vivienda de la PAH" que tiene como finalidad las modificaciones de leyes que permitan conseguir la aplicación efectiva del artículo 47 de la Constitución donde se habla del "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". La PAH insiste en que la Administración debe adoptar medidas orientadas a luchar contra la desocupación e infrautilización injustificada de los inmuebles, muchos de los cuales se encuentran en manos de los bancos, para favorecer su puesta a disposición de las personas y colectivos con menos recursos, y exige también medidas para facilitar el realojo efectivo e inmediato de las personas desahuciadas de sus hogares.

Es conocido el sufrimiento humano que han supuesto los desahucios, la aplicación de la Ley hipotecaria española, cuestionada reiteradamente por la legislación europea por las cláusulas abusivas que contempla, la pérdida de la vivienda habitual de miles de hogares, la angustia de familias sumidas en la pobreza energética por cortes de suministro, o la angustia de tener que malvivir una familia en una habitación por falta de vivienda de alquiler social suficiente, ....

Por todo ello la PAH impulsa cinco demandas para hacer frente a la emergencia habitacional:

Por todo ello, el Grupo Municipal de Esquerra Unida – Els Verds, presenta para su aprobación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. El Pleno de esta Corporación apoya públicamente la Ley de Vivienda de la PAH con sus correspondientes 5 demandas para hacer frente a la emergencia habitacional.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Aldaia insta a las Cortes Españolas a llevar a cabo las modificaciones legislativas de las propuestas recogidas en la denominada "Ley de Vivienda de la PAH".

3. El Pleno del Ayuntamiento de Aldaia exige que se desbloquee el tratamiento parlamentario de la Proposición denominada Ley de Vivienda de la PAH.

Aldaia, 4 abril 2018



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