Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción de EU Verds por la derogación en la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal de la Pena de Prisión Permanente Revisable

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En marzo del año 2015 el Parlamento español, con el único apoyo del PP, aprobó introducir en el Código penal la figura de la pena permanente revisable, eufemismo de cadena perpetua. Esta pena había sido abolida de nuestro ordenamiento jurídico durante la dictadura del general Primo de Rivera en 1928 y fue excluida de todas las modificaciones legislativas posteriores. Es decir, el código penal aprobado en el año 2015 nos retrotrajo a una situación de hace casi un siglo.

Nuestra fuerza política – al igual que la mayor parte de grupos parlamentarios, juristas y catedráticos en derecho penal así como el Consejo General el Poder judicial – ya manifestó en su momento su rotunda oposición con esta medida.

Entendemos que esta pena, enmarcada claramente en un POPULISMO PUNITIVO, no debe tener continuidad en nuestro ordenamiento jurídico por los siguientes motivos:

- Vulnera derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución ya que el artículo 25.2 de la Constitución Española establece que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social" y difícilmente esta pena dejará lugar a la resocialización aunque se prevea una incierta revisión de la misma a los 25, 28, 30 o 35 años, según los casos.

- La indeterminación de esta revisión no garantiza ningún horizonte de libertad y genera una gran inseguridad jurídica haciendo que volvamos con esta pena a las ya olvidadas sentencias indeterminadas, contrarias a los principios fundamentales de un derecho penal liberal y garantista, y que tantos abusos produjeron en otros sistemas penales.

- La pena que introdujo la reforma es contraria al principio de humanización de las penas, recogido en el artículo 15 de la Constitución, que proscribe la imposición de sanciones inútiles que tengan solo un fin de castigo, así como a la dignidad de la persona garantizada en el artículo 10 de nuestra Carta Magna.

- El concepto de justicia, entendida como venganza o expresión de los sentimientos de odio y repulsa de la sociedad, no es un concepto aceptable en un Estado social y democrático de derecho. El argumento de la proporcionalidad no justifica la cadena perpetua, si no es desde una visión propia de la Ley del Talión de la justicia, incompatible con nuestro Estado de Derecho.

- Se argumentó desde el gobierno que en nuestro entorno existía una figura penal similar en Austria, en Luxemburgo, en Bélgica, en Gran Bretaña, en Italia, en Holanda, en Alemania y ello no es cierto sino desde el punto de vista meramente semántico ya que en estos países, a diferencia de España, el reo puede pedir la libertad condicional cuando ha cumplido los 15 años de condena o entre los 15 y 23 años en el caso de Bélgica.

- Así mismo, desde el gobierno se indicó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había avalado la compatibilidad de esta medida con el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos omitiendo que este mismo tribunal ya había dictado resoluciones que denuncian que la prisión permanente revisable vulnera el artículo 5, el que obliga a buscar la reinserción de los presos.

- Por otra parte, los funcionarios de prisiones, un colectivo diezmado por los recortes, han denunciado que “El planteamiento que se hace de revisión de condena es tan lejano en el tiempo que deja al preso sin salida y a los funcionarios sin ningún instrumento para regular su conducta”.

- España es uno de los países más seguros de la Unión Europea, donde la tasa media de asesinatos u homicidios en España es del 0,69 por cada 100.000 habitantes, frente a la europea que se sitúa en 0,92. En cambio, el número de reclusos por 100.000 habitantes en España es muy superior al de los países de nuestro entorno: 147 presos por cada 100.000 habitantes frente a los 98 de Francia o 79 de Alemania. Ello evidencia que el problema reside en que, a diferencia de los países de nuestro entorno que dedican sus recursos a reinsertar a los presos, en el caso del gobierno de España se vulnera este mandato constitucional y el único objetivo es el punitivo. Creemos que es necesario cambiar de paradigma.

- El objetivo del gobierno del PP cuando introdujo la prisión permanente revisable no se fundamentó, de acuerdo con el análisis de las cifras, en un criterio jurídico de mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia sino en un criterio electoral basado en ciertos casos muy mediáticos que pusieron de manifiesto que proyectar una imagen de mano dura da réditos electorales.

Recogiendo los criterios anteriormente expuestos, el pasado 10 de noviembre se registró en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, una propuesta de ley para derogación de la “prisión permanente revisable” en un intento de enterrar en nuestro País esta indeseable y anacrónica situación a la vez que retornar a los fundamentos sobre política penitenciaria marcados en nuestra Constitución

Por todo ello, el Grupo Municipal de Esquerra Unida – Els Verds, presenta para su aprobación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Este Ayuntamiento acuerda mostrar todo el apoyo a la iniciativa de la propuesta de Ley registra el 10 de noviembre pasado para la derogación de la figura de la “prisión permanente revisable” de nuestro ordenamiento jurídico.

2.- Instar tanto al gobierno de la nación como a todos los grupos parlamentarios estatales y autonómicos para que adopten todas las medidas posibles para que la reinserción de los presos se convierta en el principal objetivo de la política penitenciaria.

Aldaia, 7 febrero 2018



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