Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Corrupción política

artículo para prensa de Juanjo Llorente. Consell Nacional Esquerra Unida País Valencià

Según el diccionario, corrupción es la acción y efecto de corromper o depravar, perjudicar, sobornar, pervertir, dañar…, mientras que la corrupción política seria el mal uso (abuso) del poder público para obtener una ventaja ilegítima, en ambos sentidos, podríamos añadir: de quien corrompe y del corrupto.

En nuestro país y Estado, cada vez con mayor frecuencia y volumen aparecen ante la opinión pública casos de corrupción que implican o vinculan a representantes de las mas altas esferas, desde la Monarquía al Gobierno de la Nación, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Esto ya de por sí indicaría un problema estructural, de todo el sistema político, motivado por la actuación no sólo de personas (también de los partidos y sindicatos más próximos al poder) y que deteriora el conjunto de nuestra vida política, social y por supuesto económica, ya que sin este expolio y robo sistematizados durante tantos años, la situación de nuestra maltrecha economía y patrimonio colectivo sería muy otra.

De aquí la importancia de luchar por una transparencia y democracia reales, pero sabiendo que serán difíciles siquiera de concebir sin un cambio de régimen político. Porque la corrupción que padecemos y es, en el fondo, consustancial con la economía basada en el lucro particular y la desigualdad social, hunde sus raíces en las formas de organización y funcionamiento de las actuales administraciones públicas. Formas basadas -dicen que para garantizar la “estabilidad política”- en conceder muchos privilegios e impunidad virtual a quienes gobiernan, comenzando por el propio Jefe del Estado, el Rey, al que la Constitución otorga inviolabilidad e irresponsabilidad penal plenas.

Precisamente, quizás lo más importante y característico de la corrupción que sufrimos es que en su origen, junto con la falta de transparencia y controles democráticos hay también la gran discrecionalidad con que los y las representantes públicos pueden llegar a actuar, amparados por una legislación insuficiente, por una cultura de la gestión pública autoritaria, tardofranquista, y por el desconocimiento general de la población sobre sus derechos y responsabilidades ciudadanas. Un desconocimiento y falta de participación que vienen de lejos, desde los tiempos de la dictadura franquista, reconvertida hace 40 años a Monarquía Parlamentaria bipartidista pero manteniendo los poderes económicos oligárquicos anteriores y buena parte de sus aparatos de estado (iglesia, defensa, justicia…).

El fruto de esta mal llamada “transición” sin ruptura democrática es esta corrupción galopante, sólo conocida en una mínima parte. Una corrupción que comienza cuando permitimos que unos u otros responsables públicos gobiernen en contra de los intereses generales, incluso de sus propias promesas electorales. El abuso de poder y la corrupción política, cuando proliferan como ahora, significa que debemos cambiar las reglas de juego: el actual régimen político.

Horta Sud, 26 abril 2017



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