Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Pasar Página. Juanjo Llorente

Artículo de opinión (íntegro) para El Períodico de Aquí de febrero 2017

¿Y si casi todas las hipotecas firmadas desde hace 22 años contuvieran alguna cláusula abusiva, que el estado español obvió para beneficiar a la Banca?

El pasado 26 de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó una sentencia que, al igual que siete anteriores dictadas en los últimos cuatro años, impugnan la legislación hipotecaria española. Este alto tribunal interpreta que se viene produciendo un grave fallo en la protección de los y las consumidoras españolas, porque sólo se les concede el plazo de un mes para oponerse a la ejecución; porque se impide a los jueces examinar de oficio la abusividad de una cláusula si no ha sido aplicada en la práctica; y/o también porque si una cláusula es abusiva y la justicia la declara nula, debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en que se encontraría el o la hipotecada de no haber existido dicha cláusula. Justo lo contrario que estableció la sentencia del 9 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo español, reconociendo como abusivas las cláusulas suelo pero evitando declarar su nulidad porque -argumentaban- si los y las afectadas reclamaban todo lo que les había sido robado entraría en peligro “la estabilidad del sistema financiero”. Postura que han seguido manteniendo a nivel estatal el PP, PSOE y Ciudadanos, como bien muestra el acuerdo firmado hace pocos días para seguir defendiendo a la Banca, plasmado en un Real Decreto (RD 1/2017 de 20 enero) que fija un mecanismo de devolución extrajudicial y evita cualquier sanción a los bancos que no devuelvan el dinero cobrado de manera abusiva (más los intereses correspondientes).

Desde los tiempos de Felipe González hasta ahora, esta connivencia entre el Estado y la Banca, según las estimaciones realizadas por la PAH y saltamos.net, afecta al menos a “seis o siete millones de préstamos realizados con cláusulas suelo, y a cientos de miles de ejecuciones hipotecarias finalizadas que tenían unas u otras cláusulas abusivas”. De modo que, si por fin se aplicara la ley y prevaleciera la Justicia en este régimen de monarquía parlamentaria que padecemos, los Bancos y Cajas tendrían que devolver a los y las afectadas entre 3.000 y 7.000 millones de euros, así como permitir que miles de familias obtuvieran la paralización de sus procedimientos de ejecución en curso. A lo que también habría que añadir la devolución de los gastos abusivamente cobrados a otros muchos muchos miles de trabajadores y trabajadoras en concepto de constitución de sus hipotecas u otros.

¿Es compatible con un Estado Social y de Derecho este abuso durante décadas por parte de las entidades financieras de la posición de debilidad de la ciudadanía, provocada por la connivencia del legislador y judicial en muchos casos, pero sobre todo política, puesto que fueron los parlamentos y Gobiernos del PPSOE quienes aprobaron las leyes y disposiciones que el sistema judicial luego aplicó? ¿A qué esperamos, entonces, para pasar página de una vez?.

Aldaia, 18 febrero 2017

Juanjo Llorente
- Portavoz Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia



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