Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción de EU Verds en defensa y aplicación de la función social de la vivienda dentro del municipio de Aldaia

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 10 de diciembre 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó una Declaración Universal en la que se estableció el derecho individual de cada persona “a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…». Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 avanzó en este tutela efectiva de este derecho, vinculando a los Estados Parte no sólo al reconocimiento del “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados” sino también a garantizar las “medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.

En este sentido, nuestra Constitución en el artículo 47 recoge este derecho y la garantía de una vivienda digna y adecuada que, junto a la función social de la propiedad privada recogido en el artículo 33, constituyen uno de los pilares básicos del pacto social que da origen a la Constitución de 1978.

Hay que tener en cuenta que la asunción de estos Derechos entraña no sólo el reconocimiento de un derecho individual sino también la obligación de todas las Administraciones, empezando por la del Estado, de actuar, con todos los medios a su alcance, para garantizar estos derechos. Sin embargo, y a pesar de esta exigencia las Administraciones durante mucho tiempo han mirado para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el mercado de vivienda de manera que se garantizara para todas las personas una vivienda digna, en propiedad o en alquiler, donde cada persona pudiera desarrollar su proyecto vital.

La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o como ocurre en la actualidad, la pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, supone la exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social. Y esto a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso “antisocial de la propiedad”, no permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, el enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien necesario. Por tanto, el uso como mercancía que se ha venido haciendo por algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias, de la vivienda es un uso indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo. La función social de la vivienda, en suma, no es un límite externo a su definición o a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad.

Pero es que, además, la defensa de la función social de la propiedad y la garantía de una vivienda digna constituyen, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de grandes capas de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas. Casi 300.000 familias en todo el Estado están afectadas por desahucios con una injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda.

Y mientras tanto existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dichas viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que estas mismas entidades valoraron en la concesión de sus créditos, y manteniéndolas en muchas ocasiones desocupadas una vez han procedido al desahucio. Un entramado constituido por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la restructuración bancaria y entidades inmobiliarias dedicadas a la utilización de la vivienda como mercancía.

Esta situación puede ser calificada como emergencia social y económica y por tanto está obligando a algunas Administraciones a desarrollar normativas orientadas a garantizar estos derechos básicos y dar respuesta concreta a tales problemáticas residenciales. Este es el caso de la ley 3/2017 de 3 de febrero de la Generalitat Valenciana sobre función social de la vivienda, una ley que aun no ha dado tiempo desarrollar reglamentariamente pero que establece principios muy claros en esta materia y que contempla la necesaria implicación de las administraciones locales.

Por tanto tenemos que avanzar en medidas que como la Ley Valenciana suponen un “plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna”. Acciones que a nuestro juicio deberían incluir medidas para obligar a la banca y sociedades filiales e inmobiliarias a declarar cual es el parque de viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su incumplimiento o incluso expropiar temporalmente del uso de las viviendas en aquellos casos que vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales, tales que su salida del domicilio, suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Esquerra Unida – Els Verds, presenta para su aprobación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

Primera.- Manifestar el compromiso de emprender medidas municipales en base a la legalidad y competencias existentes y a los efectos que señala esta moción, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional.

Segunda.- Elaborar y aprobar un Plan Municipal de Vivienda, o actualizar el planteamiento existente, que contemple y regule debidamente las medidas de fomento para evitar la desocupación permanente e injustificada de viviendas desocupadas, definidas en los términos que establece la Ley 3/2017 de la Generalitat Valenciana

Tercera.- Elaborar y aprobar Programas de Inspección con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentran en situación de permanente desocupación, comenzando por los que son propiedad de entidades financieras y otras grandes empresas. Esta tarea se puede hacer a través del cruzamiento de datos en disposición de la administración y el otorgamiento de audiencia al interesado, o bien realizando una inspección física desde la administración.

Cuarta.- Instruir procedimientos administrativos contradictorios donde se determinen, conozcan y comprueben los hechos, una vez detectada la desocupación. Estos procedimientos habrán de acabar con una resolución que declare que se está produciendo una situación de desocupación permanente constitutiva de una utilización anómala de la vivienda, de acuerdo con lo que establece la Ley valenciana. En caso afirmativo, habrá que requerir al propietario que cese en su actuación en un término concreto, informándolo al mismo tiempo de las actividades de fomento que está llevando a término la administración para facilitar la finalización de esta situación.

Quinta.- Transmitir esta moción para su conocimiento y adhesión a las Entidades Municipalistas, al Parlamento de la Generalitat, a los diferentes grupos parlamentarios, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones de vecinos del municipio.

Aldaia, 14 febrero 2017



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