Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción para la creación en el Ayuntamiento de Aldaia (OMIC, Matilde Salvador y Mancomunidad) un servicio de asesoramiento a las personas afectadas por las clausulas suelo y demás trapacerías bancarias

Los concejales y grupos municipales abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización de la Entidades Locales, presentamos, para su aprobación, la siguiente moción, sobre creación en el Ayuntamiento de Aldaia de un servicio de asesoramiento a las personas afectadas por las cláusulas suelo y demás trapacerías bancarias

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los años del ‘boom’ inmobiliario, el país sufrió un proceso por el que la vivienda, bien de primera necesidad, se convirtió en uno de los motores de la economía y en un medio para especular. Las operaciones de compra venta de viviendas se dispararon, en gran parte por una política bancaria basada en créditos de fácil acceso. Nuestro municipio no fue ajeno a esta situación macroeconómica y también sufrió los efectos negativos del auge inmobiliario y la explosión crediticia, representada en un fuerte incremento de las operaciones hipotecarias.

Todo este procedimiento, ya en su origen, estuvo gobernado por el interés de las entidades bancarias en proteger sus intereses frente al posterior pinchazo de la burbuja, empleando para ello todos los medios a su alcance, ya fueran legítimos o no. Este hecho se manifiesta en las numerosas cláusulas abusivas que los bancos y cajas incluyeron en sus contratos en previsión de la evolución económica, cláusulas que entonces no suponían cargas adicionales para los consumidores, pero que sí lo han supuesto al activarse con la propia evolución de la economía con la actual saturación de crisis financiera y el contexto de tipos de interés cercanos al cero. Contratos de adhesión, es decir de imposición de condiciones por parte del banco, en los que la más gravosa de todas estas cláusulas es la conocida como “cláusula suelo”.

En mayo de 2013, el Tribunal Supremo se pronunció en contra de las cláusulas suelo, pero a la vez limitó en el tiempo las compensaciones a los afectados. Es decir, a pesar de que se consideraron abusivas, el Supremo limitó a mayo de 2013 las compensaciones, impidiendo cobrar toda cantidad que hubiese sido abonada desde la firma del contrato hasta esa fecha, por las consecuencias que ello supondría en un país cuyo sistema financiero acababa de ser rescatado. Tras esta decisión y las quejas de algunas asociaciones y particulares, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante se dirigieron entonces al Tribunal de Justicia de la UE para preguntar si la limitación de los efectos de la declaración de nulidad a partir de dicha fecha era compatible con la Directiva sobre cláusulas abusivas.

El pasado 21 de Diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la UE fue tajante con una sentencia que ha dictaminado que la banca tendrá que devolver a los clientes el total de lo que percibieron gracias a las cláusulas suelo, unas cláusulas por las que, a pesar de la caída de los tipos de interés en el mercado, los particulares debían seguir pagando de más. Dicha sentencia es una constatación más de la continua estafa que la banca ha estado perpetrando en nuestro país con el consentimiento de los diferentes Gobiernos de PP y PSOE y la tibieza de los tribunales, que reconocieron el robo que suponen las cláusulas suelo, pero únicamente a partir de 2013.

De esta manera se antepusieron los intereses y beneficios de la banca frente al cumplimiento de un derecho fundamental y constitucional como es el derecho a la vivienda. Esta sentencia se suma a la que ya en diciembre de 2015 declaró nulas las cláusulas referentes a los gastos de constitución de la hipoteca (comisión de apertura, tasación, gastos de formalización, de notaría, honorarios de gestoría, los impuestos sobre actos jurídicos documentados), alegando que los gastos hipotecarios no pueden cargarse todos a la persona usuaria consumidora. Se estima que actualmente hay más de tres millones de posibles afectados por las cláusulas suelo, y que en Castilla y León 80.000 familias siguen pagándolas, si bien estos cálculos no se pueden concretar debido a la opacidad de los bancos, que no facilitan esa información. Debido a esto último hay mucha gente que desconoce que firmó esa cláusula. No podemos olvidar el daño que esta estafa ha causado a miles de hogares, siendo incluso este tipo de cláusulas las que llevaron a muchas familias a la imposibilidad del pago de la hipoteca y, por lo tanto, al desahucio de la vivienda y a una situación de vulnerabilidad extrema. La aplicación de esta nueva sentencia en términos cuantitativo supone, según el Banco de España, unos 4.000 millones de Euros, aunque las entidades financieras ya han trasladado que no tienen previsto devolver de forma automática el importe cobrado de más en los últimos años por las cláusulas suelo.

El reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PSOE, por el que se establece un mecanismo de devolución extrajudicial, no sanciona al banco si al final no devuelve el dinero cobrado de manera abusiva más sus intereses. Lo que establece es que ante la reclamación de un cliente, la entidad tendrá que estudiar su caso y darle una respuesta (positiva o negativa) en un plazo máximo de tres meses. Pero no pasa nada en el caso de que el banco no responda, pasado ese tiempo, o no pague. A partir de esos tres meses ,el consumidor puede adoptar las medidas que estime oportunas. De esta manera, el acuerdo no implica obligatoriedad, sino voluntariedad, por lo que deja al usuario en una situación de desventaja con respecto a las entidades a la hora de tratar cada caso. Hay que mencionar también no incluye el desarrollo de una Comisión de Seguimiento que vigile que los bancos cumplan adecuadamente el mandato legal, especialmente con los clientes más vulnerables.

En la actualidad son movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) los que organizan a los y las trabajadoras en torno a la defensa del derecho a una vivienda digna, desarrollando un trabajo de defensa, apoyo, seguimiento y denuncia encomiable, incluyendo las entidades que en nuestro municipio y cercanos han venido realizando asesoramientos a las personas afectadas. Sin embargo, no es ni justo ni responsable cargar sobre la sociedad civil esta responsabilidad, las administraciones públicas, empezando por la en teoría mas cercana como es el Ayuntamiento, deben llenar ese vacío tan lesivo para los y las vecinas pero a su vez tan oportuno y rentable para entidades bancarias que tan buenas relaciones mantienen con la clase política gobernante (puertas giratorias).

Algunos Ayuntamientos ya han puesto en marcha servicios de asesoría para informar y ayudar a los y las vecinas afectadas por las cláusulas suelo en sus hipotecas, de manera que puedan conocer la cantidad aproximada cobrada de más e interponer la reclamación correspondiente para recuperar el dinero cobrado de manera abusiva e injusta por las entidades financieras. En nuestro municipio, el Ayuntamiento debe estar también al servicio de aquellas personas afectadas por esta problemática, y que no saben cómo proceder por desconocimiento o falta de información por parte de los bancos.

Precisamente, el pasado mes de enero, el grupo Sise puede presentó por urgencia una moción contra las clausulas suelo que fue aprobada por unanimidad, una vez incluida una enmienda verbal para que el Ayuntamiento se comprometiera a prestar asesoramiento experto a las personas afectadas, no sólo información escrita. Por todo ello, es por lo que presentamos para su aprobación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Que el Ayuntamiento, a través de la OMIC y los servicios sociales municipales de Matilde Salvador y la Mancomunidad del Barrio del Cristo, ponga en marcha un servicio de asesoramiento de “primera acogida”, tanto presencial como informático y dotado con recursos suficientes, a los vecinos y vecinas afectadas por las cláusulas suelo en sus hipotecas, o por cláusulas referentes a los gastos de constitución de la hipoteca u otras estipulaciones consideradas abusivas por la Justicia, como el índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

2.- Que el Ayuntamiento, a través de este servicio público, realice un informe periódico trimestral sobre el número de personas afectadas, especificando en qué casos esta estafa ha acabado en un proceso de desahucio, así como sobre el número de desahucios ejecutados en el municipio.

3.- Que el Ayuntamiento realice sesiones informativas presenciales y a través de la web, informando sobre sus derechos en esta materia de la ciudadanía. A estas reuniones se invitará a representantes vecinales, de la PAH y de las demás asociaciones implicadas o interesadas, así como a los grupos políticos del Consistorio.

4.- Dar a conocer estos acuerdos a las asociaciones de consumidores y vecinales del municipio, plataforma de afectados por la hipoteca, entidades bancarias del municipio, y a la Generalitat Valenciana y la Diputación provincial.

Aldaia, 8 febrero 2017

FIRMANTES:
- Juanjo Llorente (concejal EUPV Los Verdes)
- Eugenio Corraliza (concejal No adscrito)



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