Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción de EU Verds para la declaración de “servicios esenciales” en el Ayuntamiento de Aldaia, por la supresión de la “tasa de reposición” y en defensa del empleo y de los servicios públicos municipales

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En junio pasado, EU Verds presentamos una moción instando a la aprobación de un plan municipal de empleo social que incluyera actuaciones específicas y determinadas en esta materia, con cargo a la dotación presupuestaria aprobada para el 2016 por iniciativa de los grupos de oposición. Sin embargo, aunque esta moción fue aprobada por unanimidad, hasta la fecha no se conoce la existencia del mencionado plan, del mismo modo que tampoco sabemos del cumplimiento de otra moción aprobada con más anterioridad, sobre la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, para ajustar la plantilla a las necesidades municipales de prestar servicios a la ciudadanía, y el desarrollo de un nuevo reglamento de productividades que permita mayor justicia retributiva y evitar suplir los nuevos puestos de trabajo que serían necesarios con gratificaciones, horas extraordinarias, etc de una parte del personal municipal ya existente´.

Y junto con estas “insuficiencias” en la política de personal municipal, también hay que destacar que una población como Aldaia, con unas tasas de desempleo y precarización laboral comparativamente superiores a las poblaciones cercanas, requeriría la puesta en marcha inmediata de medidas en defensa del empleo y servicios públicos municipales. Porque, como llevamos viendo durante décadas, la iniciativa privada no basta para la creación de puestos de trabajo, además de que ni puede ni debe sustituir a la iniciativa pública en materia de servicios básicos a la población. Los servicios públicos no son un negocio, son un derecho ciudadano en los que además debe primarse la calidad y la suficiencia de asistencia dispensada sin por ello deteriorar las condiciones laborales del personal municipal.

Esta defensa de lo público, sin embargo, encuentra importantes restricciones a la contratación marcadas por el Gobierno central y por la UE, de modo que con el paso de los años las plantillas municipales se han ido mermando debido a la baja convocatoria de ofertas de empleo público para nuevas contrataciones e incluso para cubrir las vacantes por jubilación, etc. (un estudio reciente de CCOO-PV señala que el empleo público en l’Horta ha caído un 96% en la última década). Ni siquiera los Ayuntamientos con cuentas saneadas como Aldaia, contemplan esta perspectiva de desarrollo de la función pública, sino que favorecen, por lo común, la sustitución de puestos de trabajo municipales de carácter estable por contrataciones precarias, temporales, interinajes o productividades y horas extras que suelen resultar inadecuadas, injustas, ineficientes e insuficientes.

La entrada en vigor del Real Decreto 20/2011 sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público ya impuso serias limitaciones para la contratación de personal al servicio de los Ayuntamientos. Así, el artículo 3 apartado segundo establece: "… no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirían a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales". Dichas limitaciones a la contratación también se encuentran recogidas usando términos muy similares en la Ley 48/2015, de 29 de Octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, artículo 20, apartado 2. que establece que la contratación de nuevo personal solamente estará permitida para aquellos Sectores, Funciones y Categorías prioritarios o considerados esenciales por la administración encargada de llevarlos a cabo. De modo que tampoco se fija una prohibición absoluta a la contratación de personal laboral temporal o de funcionarios, sino que se establece una limitación en ese tipo de contratos, al vincularlos a la excepcionalidad que conlleva la restricción de las nuevas incorporaciones “a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideran prioritarios o que afectan el funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.

Existen pues dos supuestos bajo los que es posible contratar personal municipal. El primero se plasma en un concepto jurídico indeterminado, la concurrencia de “necesidades urgentes e inaplazables” que tiene que determinar caso por caso la Administración competente para su aplicación, sin perjuicio de un eventual control judicial a posteriori. Aunque una interpretación legal de este concepto de “necesidades urgentes e inaplazables” permite entenderlo, en el contexto que aquí tratamos, como equivalente a las necesidades mínimas de personal que cada Administración tiene para el ejercicio de sus funciones y competencias en términos razonables de eficacia y disponibilidad presupuestaria. En otras palabras, que las declaraciones de necesidades urgentes e inaplazables SI justifican contratar el personal que se precise con objeto de ejercer sus funciones y competencias en términos o con estándares razonables y aceptables en atención a los recursos disponibles, de forma que puedan satisfacerse básicamente los derechos de la ciudadanía en general y de las personas usuarias de estos servicios públicos.

El segundo supuesto se refiere a los “servicios esenciales”. Aquí tampoco hay una definición legal de “servicio esencial” y cada Administración es la que ha de determinar cuales de los servicios que presta son esenciales. Lo que posibilita incluir todos aquellos que son necesarios para el bienestar de la población y los que permiten asegurar el funcionamiento regular de la propia entidad Local. Por tanto, sería necesario que cada entidad Local, en ejercicio de sus competencias y dentro del margen de apreciación de que aun disfruta para la concreción del concepto de servicios esenciales, determine el grado de esencialidad de los servicios que presta, teniendo en cuenta los efectos de sus diferentes actividades sobre los ciudadanos y los usuarios de los servicios públicos. Para lo cual hará falta que, con independencia del resto de disposiciones jurídicas y económicas que marca la legalidad vigente, el Pleno de la Corporación establezca los sectores, funciones y categorías profesionales que el Ayuntamiento considera prioritarios, junto con los que declare esenciales para cumplir su cometido competencial.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Esquerra Unida – Els Verds, presenta para su aprobación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Este Ayuntamiento insta Gobierno del Estado y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a modificar la política de restricción al empleo público estable y de calidad que los servicios a la ciudadanía demandan, eliminando la tasa de reposición de efectivos que lleva años mermando y precarizando la función pública.

2.- Este Ayuntamiento también acuerda declarar todos los servicios municipales dispensados, así como los regulados por el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, como prioritarios y “esenciales” para el desarrollo de su cometido propio, de modo que pueda ejercer sus facultades de contratación con suficiente autonomía organizativa y hacer frente a los muchos problemas arrastrados con las bolsas existentes y la coberturas de vacantes.

3.- Este Ayuntamiento acuerda, por último, instar a este Gobierno municipal para que se lleven a cabo los compromisos plenarios YA contraídos en materia de Plan de empleo social, RPT y Reglamento de productividad.

Aldaia, 9 enero 2017



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