Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción conjunta para denunciar una tarifa injusta e insostenible del servicio público de abastecimiento de agua en alta, y para demandar una modificación de la ordenanza fiscal publicada en marzo del 2013, a fin de posibilitar un uso más justo, solidario y sostenible de este bien colectivo

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección y preocupación crecientes para asegurar un desarrollo sostenible, donde el uso racional del agua es una parte de importancia indiscutible, se han transformado en objetivo primordial de la acción de los poderes públicos a todos los niveles. Porque el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados. Todos los bienes y recursos de la naturaleza forman parte del patrimonio natural del planeta y son indispensables para el sostenimiento de la vida. Tenemos pues que gestionarlos con solidaridad, sostenibilidad y cooperación mútua, accessibilidad colectiva, equidad y control democrático. Por eso mismo defendemos el derecho universal al agua y al saneamiento y que ésta no sea tratada como una mercancía más, e impulsamos la gestión pública del abastecimiento y saneamiento, secundando las luchas sociales contra la privatización. 

La Resolución 64/292 del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el derecho al agua y al saneamiento como esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Los Gobiernos de todos los ámbitos tienen que proporcionar este suministro limpio, accesible y asequible para todos. Pero el derecho al agua tiene dos facetas, al menos, a nuestro juicio. Por un lado la libertad de acceso al recurso vinculado a la satisfacción de las necesidades vitales; y por otro el que se deriva del derecho al suministro domiciliario de agua potable. Esta última, la que implica la prestación de un servicio que tendría que ser responsabilidad exclusiva de los poderes públicos, obliga a estos a garantizar la cobertura de necesidades vitales, tal y cómo recogen los artículos 18.1.g) y 26.1 de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que avalan sentencias de tribunales supremos regionales, como la sentencia núm. 817/1999 de 24 septiembre del TSJ de Castilla y León.

Sin embargo, la Asamblea de la EMSHI de fecha 29 de Octubre de 2014, aprobó una nueva estructura tarifaria a la que tendrá que sujetarse la tarifa de abastecimiento de agua potable en alta a aplicar a los 51 municipios usuarios para los ejercicios económicos 2016 y 2017. Así, según la propuesta formulada por la mercantil EMIMET en su acuerdo de 26 de Septiembre de 2014, para 2017 resulta la siguiente:

Se trata, pues, de una tarifa injusta, insostenible y contraria a los principios de cooperación mútua, acceso colectivo, equidad y control democrático, puesto que beneficia a los municipios que mayor consumo de agua producen con modelos territoriales menos sostenibles y penaliza a aquellos que se suministran tanto de agua superficial como de agua de pozo. 

Y conviene también tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo 5037/2015 de 23/11/2015 (rec. 4091/2013), que mantiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional –STC 185/1995- y del Tribunal Supremo anteriores a la Ley General Tributaria del 2003, reiterando con rotundidad lo que ya sostenía el TS en su sentencia 8015/2009 (rec.4089/2003), de 20/07/2009, de que el servicio de suministro y distribución de agua potable, debe ser objeto de una tasa (art. 20.4.t) LHL).

La importancia de esta sentencia radica en que el TS se pronuncia sobre hechos posteriores a la aprobación de la ley 2/2011 de Economía Sostenible, que modificó el art. 2.2 apartado a) de la Ley General Tributaria, suprimiendo su párrafo segundo donde se definía lo que debía de entenderse por actividades o servicios prestados en régimen de derecho público, lo que ha sido objeto de manipulación jurídica por parte del lobby del agua para sostener un supuesto poder tarifario de las mercantiles del agua, que ahora desbarata el Tribunal Supremo. Pues el TS vuelve a reiterar que el servicio de suministro y distribución de agua potable, debe ser objeto de una tasa (art. 20.4.t LHL). Y que no importa que el servicio público de suministro de agua potable sea prestado mediante concesión o por sociedad pública. Las contraprestaciones que satisface el usuario del servicio de suministro de agua potable deben ser calificadas siempre como tasas, con independencia de la modalidad de gestión empleada.

Pero la trascendencia de esta jurisprudencia del TS va más allá de la necesaria calificación de la naturaleza jurídica de las tarifas del agua como tasas en la Ordenanza fiscal del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable, ya que como consecuencia de que las prestaciones a pagar por los usuarios del servicio del agua sean tasas, es decir tributos, es la del art. 31.3 de la Constitución Española, y es que tales prestaciones públicas deben establecerse y regularse con arreglo a la ley, por lo que deben considerarse nulas y sin aplicación todas las disposiciones administrativas municipales que se opongan a lo establecido respecto a las tasas en las leyes, tal como rotundamente lo explica el TS en su sentencia 8294/2009, de 12/11/2009: “De admitirse las tesis de las partes recurrentes, habría que concluir que las categorizaciones y declaraciones realizadas por las Corporaciones locales en sus propios actos prevalecen sobre lo dispuesto en las Leyes, de manera que la eventual firmeza de aquellos determinaría la imposibilidad de hacer valer lo establecido en éstas. La Administración no puede, mediante un acto administrativo, modificar la naturaleza jurídica de un tributo. Por otro lado, el pliego de condiciones y el contrato de concesión sólo regulan las relaciones entre el concesionario y el Ayuntamiento”.

Por lo tanto, sentado con rotundidad por el TS que la calificación jurídica de las tarifas del servicio domiciliario de agua potable son tasas, es preciso extraer sus consecuencias, adecuando la cuantía de las tarifas, su control y transparencia y el procedimiento cobratorio de los recibos a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Aplicación que obligaría, entre otros, a modificar si fuera el caso el reglamento fiscal del Ayuntamiento de Aldaia que entró en vigor el 14 de marzo del 2013 y en particular los artículos 13 a17, para que reflejen una filosofía más social y solidaria.

Por todo lo expuesto, presentamos para su aprobación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. Este Ayuntamiento acuerda solicitar a la EMSHI la apertura de un debate horizontal entre todos los actores interesados en la gestión del ciclo integral del agua (Ayuntamientos, cargos públicos, operadores públicos, organizaciones sociales, personas expertas, ciudadanía), con el objeto de resolver los problemas existentes y desarrollar alternativas más justas, sostenibles y solidarias.

2. Este Ayuntamiento también acuerda solicitar a la EMSHI el estudio de una nueva tarifa con la participación de todos los actores interesados en la gestión del ciclo integral del agua que tenga como principios de funcionamiento la solidaridad, sostenibilidad y cooperación mútua, acceso colectivo, equidad y control democrático.

3.- Este Ayuntamiento acuerda solicitar, si procede, la revisión de los importes las tarifas vigentes del agua para asegurar el cumplimiento del art. 24.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales – TRLRHL-, de que el importe de las tasas por la prestación del servicio no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate.

4.- Este Ayuntamiento acuerda, finalmente, estudiar la necesidad de modificar el Reglamento vigente de Abastecimiento de Agua Potable, en particular del procedimiento cobratorio de los recibos impagados mediante su adecuación a la Ley general Tributaria y Reglamento de Recaudación, y eliminando del mismo la posibilidad de realizar cortes de suministro por impago, especialmente de las familias insolven tes acogidas a emergencia social municipal, que deberán verse libres incluso del procedimiento de apremio.

Aldaia, 13 julio 2016



Compartir
Compartir/Guardar/añadir a favoritos

Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | | Estadísticas de visitas | visitas: 272506

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio INFORMACIÒ  Seguir la vida del sitio local - comarcal   ?    |    Los sitios sindicados OPML   ?

Sitio desarrollado con SPIP 2.1.2 + AHUNTSIC

Creative Commons License