Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción en defensa de una mayor autonomía municipal para reinvertir el superávit presupuestario, y por la inclusión de criterios sociales y medioambientales en las contrataciones

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) recoge las tres reglas fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. El artículo 11.4 de la LOPESF señala que “las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario”, mientras que el art 32, referido al destino del superávit, señala que “éste se destinará reducir el nivel de endeudamiento”. Pero la ley 9/2013 de deuda comercial, modificó esta disposición para permitir a los Ayuntamientos que cumpliesen una serie de requisitos destinaran una parte del superávit a inversiones financieramente sostenibles. Unas inversiones que define el Decreto-Ley 2/2014, de 21 de Febrero, y que difícilmente pueden satisfacer las necesidades y demandas municipales, puesto que las condiciones para aplicarlas son muy restrictivas: haber registrado superávit presupuestario y de remanente de tesorería, haber pagado antes las deudas pendientes con proveedores para cumplir con la ley de morosidad, y destinar el sobrante a amortizar deuda.

Sin embargo, durante los últimos años se está produciendo la gran paradoja de que quienes más ahorran mayor control presupuestario tienen (igual que ocurre por ejemplo con las declaraciones de renta de los trabajadores y trabajadoras). Porque los Ayuntamientos son la única administración con superávit, están saneados mayormente y cumplen sus objetivos, pero por imposición estatal no pueden invertir ese ahorro, no sea que al final generen mayor déficit. Y ello, pese a que este mismo año han llegado ya a cumplir los objetivos del 3% fijados por la UE para 2020, lo que supone cuatro años de adelanto sobe las restantes administraciones públicas, estatal y autonómicas. Este superávit municipal aporta al cómputo total de España medio punto del PIB, además de que también se cumple con el techo de gasto y paga razonablemente en plazo a sus proveedores. Razones por las que el Gobierno debería atender las demandas planteadas por la FEMP, que en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) del pasado 30 de Noviembre solicitó que se pudiera utilizar sin tanto impedimento un superávit municipal que ronda los 4.500 millones de euros. Se trata, pues, de una demanda justa, razonable y necesaria para permitir poner los intereses ciudadanos por delante de cualesquiera otros, de modo que los Ayuntamientos tengan mayor margen para llevar a cabo inversiones, así como desarrollar y fortalecer los servicios y prestaciones públicas dispensadas..

Precisamente, en esta materia de las contratación de servicios y prestaciones, también resulta cada vez más obligado modificar las políticas de contratación pública desde los Ayuntamientos. Porque estas políticas de contratación pueden ser una herramienta al servicio de los Ayuntamientos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad, justicia… o bien todo lo contrario. Tenemos que tratar de evitar que, como viene ocurriendo en muchas administraciones y en la nuestra también, se abuse del criterio del coste-ahorro como preferente para adjudicar los contratos. Se trata de conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables, y que deje de tener efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa cuando se utilice más de un criterio de valoración. De este modo podrá también evitarse que la contratación pública incida de forma negativa en el ámbito laboral, destruyendo empleo o empeorando y precarizando directamente las condiciones y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Esquerra Unida – Els Verds, presenta para su aprobación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. Este Ayuntamiento insta al Gobierno de España a permitir que las entidades locales reinviertan su superávit presupuestario en 2017, sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe, a través de una autorización legal para esa reinversión.

2.- Por su parte, este Ayuntamiento acuerda elaborar una normativa general para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales (criterios como la calidad de las condiciones de empleo, la inserción sociolaboral de colectivos con especiales dificultades de integración, la diversidad funcional, políticas de género, medioambientales y de comercio justo) en las contrataciones que se realicen. Dichos criterios tenderán a valorarse en un máximo del 60% sobre la puntuación total.

3.- En aquellos supuestos en que los órganos de contratación utilicen más de un criterio para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, deberán incluirse criterios que permitan identificar la oferta que presente la mejor relación calidad/precio, tales como la calidad, accesibilidad, características sociales, medioambientales o innovadoras, entre otros, siempre que estén vinculados estos conceptos al objeto del contrato y formulados de forma objetiva con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad.

4.- Finalmente, en tanto no se establezca y precise esta normativa de contratación municipal, este Ayuntamiento sólo prorrogará los contratos vigentes, si se redacta cuando expire cada uno de ellos un nuevo pliego que incorpore cláusulas sociales y medioambientales.

Aldaia, 12 diciembre 2016



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