Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción de EU Verds por la recuperación de la memoria histórica en el municipio de Aldaia

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Han pasado nueve años justos desde la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se venían a reconocer y ampliar derechos estableciendo determinadas medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Después de la primera ley de Amnistía, que el movimiento memorialista español no dudó en calificar como "de punto final", esta ley de la memoria histórica constituye un ejercicio democrático imprescindible aunque limitado, teniendo en cuenta que España sigue siendo uno de los países del mundo con más víctimas por desaparición forzosa, y el escaso desarrollo producido desde las instituciones en materia de memoria histórica de la represión fascista, por lo que resulta aun mas necesario si cabe el estricto cumplimento de los dos objetos de esta ley.

Por un lado, reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura; promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar; y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

Y por el otro, desde las administraciones publicas incluidas los Ayuntamientos, fomentar los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico  depositados en archivos públicos. De este modo, en directa aplicación de esta ley, el Estado, con la participación de todas las administraciones públicas, debe por ejemplo, entre otros muchos aspectos, garantizar el derecho de las familias de las personas desaparecidas a conocer las circunstancias de la muerte, el paradero de miles de personas, promover su reparación moral, la recuperación de su memoria personal y familiar. Para ello, la Ley recoge (arts. 11 a 14), la obligación de las Administraciones Públicas de facilitar los medios y la información para localizar e identificar a las víctimas desaparecidas o asesinadas y enterradas en fosas dentro de los cementerios, o en las cunetas, o en terrenos públicos o privados. Aunque la realidad actual, demuestra la escasa aplicación de esta regulación, de modo que los familiares de las víctimas de la guerra civil y de la posterior represión de la dictadura siguen sometidos a una auténtica carrera de obstáculos insalvables en la mayoría de las ocasiones. Después de más 40 años de la muerte del dictador, la obtención de verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas está muy lejos de ser una realidad. Por no hablar de la impunidad, pues ni una sola persona ha respondido ante la justicia por los crímenes cometidos durante el franquismo.

En cuanto a la aplicación de los restantes apartados de la Ley, destaca la ignorancia e inactividad por parte de algunos Ayuntamientos como el de Aldaia de los artículos 15 y 16, donde se establecen medidas en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, con el objeto de eliminar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión durante la Dictadura, recogiendo expresamente que entre las medidas se podrá incluir la retirada de subvenciones o ayudas públicas a las entidades implicadas. Es más, hay ayuntamientos que mantienen sin ningún complejo escudos, insignias, placas u otros objetos conmemorativos “de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. E igualmente algunas entidades privadas, principalmente una tan significativa como la  Iglesia Católica, mantiene numerosos símbolos de la  exaltación del franquismo en sus edificios, a la vez que viene recibiendo subvenciones anuales de las administraciones públicas.

Todo esto pone en evidencia que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre no garantiza las políticas públicas imprescindibles para cumplir con sus fines y objetivos; en primer lugar por una regulación insuficiente y en segundo porque no se cumple su contenido esencial: placas, monumentos, nombres de calles o de colegios públicos son vestigios fascistas que adornan muchas de nuestras localidades, incluso a mayor gloría de algunos alcaldes/as y concejales/as, sin que ello tenga consecuencia legal. Hay quien deja el cumplimiento de la Ley o la Constitución Española solo para cuando le conviene, por eso cabe recordar que el artículo 9 de la Constitución Española, en su apartado 1º, establece que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Esquerra Unida – Els Verds, presenta para su aprobación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.-El Pleno de este Ayuntamiento, en cumplimiento de su deber como institución democrática, se compromete con la recuperación de la Memoria Histórica, de acuerdo con el artículo 9.1 de la CE, en base al ordenamiento jurídico vigente y según lo dispuesto en la Ley 52/2007 tomará las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

2.- Con este objeto, este Ayuntamiento acuerda, en el plazo máximo de un mes, a contar desde la aprobación de esta moción, crear una Comisión encargada de redactar un censo pormenorizado de la simbología franquista que aún perdure en el término municipal, tanto por lo que se refiere a dotaciones públicas como particulares.

3.- El Ayuntamiento de Aldaia, antes de que finalice la presente legislatura, también se compromete a eliminar estos símbolos de los edificios y espacios públicos, así como a cambiar el nombre de las calles del municipio que hagan referencia a la dictadura franquista o cualquiera de sus promotores, inspiradores o personas que ejercieron algún tipo de poder durante la misma.

4.-Este Ayuntamiento pleno acuerda, igualmente, la revisión de todos aquellos acuerdos o convenios de colaboración, así como la retirada de subvenciones a aquellas entidades privadas que conserven escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

5.- Este Ayuntamiento acuerda, por último, instalar un monolito en honor de los ciudadanos y ciudadanas del municipio asesinados por las hordas fascistas por ser republicanos, como fue el caso de José Martínez Lluna, Salvador Vilanova Cánovas y Manuel Sanz Lloret, fusilados al terminar la Guerra Civil por haber sido representantes electos de este Ayuntamiento y de la administración de justicia de la II República.

Aldaia, 5 diciembre 2016



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