Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción de EU Verds para conmemorar el Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 Noviembre) exigiendo un mayor compromiso de las administraciones públicas

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres conmemorado desde 1999, debería servirnos para visibilizar este grave problema social y para fortalecer el compromiso desde las instituciones públicas por erradicarlo en su triple vertiente; preventiva, asistencial y penal. La violencia de género –a pesar de lo que estipula la legislación vigente- no afecta sólo ni principalmente al ámbito privado. Al contrario, constituye el indicador más brutal de la desigualdad y de la injusticia existentes en nuestra actual sociedad capitalista. Desigualdad basada, además de en la discriminación económica, social y laboral, en los aún muy arraigados valores y prácticas patriarcales. E injusta, puesto que según las leyes y tratados internacionales, todas las personas debieran poseer los mismos derechos y garantías. Por tanto, es vital profundizar en las causas, cuestionar este modelo de sociedad patriarcal y actuar tajantemente frente a sus propósitos criminales hacia las mujeres, tanto desde las instituciones como desde la propia sociedad civil.

Estos requerimientos resultan particularmente obligados considerando, por una parte, el alarmante incremento que se sigue produciendo en nuestra sociedad de los “crímenes de género”, mientras que, por la otra, tampoco podemos ignorar las advertencias internacionales a nuestro país en esta materia. Este es el caso, en particular, del Informe presentado el pasado 29 de julio del 2015 elaborado por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, que señala bastantes “puntos negros” de las actuales políticas impulsadas en España y sus territorios por los gobiernos de turno. Más concretamente, en materia específica de violencia de género y prostitución, señala este Informe que puede consultarse en la web de la CEDAW, y subrayemos que fechado hace poco más de un año:

«20.-(Violencia sobre la mujer) Si bien (se) observa la existencia de una ley específica que prohíbe la violencia contra la mujer (Ley Orgánica núm. 1/2004) y la creación por el Ministerio del Interior de un sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema VioGén), el Comité está alarmado por la prevalencia en el Estado parte (España) de la violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual, y por el alto porcentaje de mujeres que han muerto como resultado de la violencia de género en las relaciones de pareja. El Comité está especialmente preocupado por las siguientes cuestiones:
- a) La Ley Orgánica núm. 1/2004 no abarca la gama completa de la violencia de género fuera de la violencia dentro de la pareja;
- b) El número de niños asesinados por sus padres en el ejercicio de sus derechos de visita;
- c) El deterioro de los servicios de protección de las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica en distintas comunidades autónomas, en particular la limitada disponibilidad de casas de acogida para mujeres y niños.

21.- Recordando las disposiciones de la Convención y su recomendación general núm. 19 sobre la violencia contra la mujer, el Comité insta al Estado parte a:
- a) Revisar su legislación sobre la violencia contra la mujer en vigor a fin de que incluya otras formas de violencia de género, por ejemplo, la violencia ejercida por cuidadores, la violencia policial y la violencia en espacios públicos, lugares de trabajo y escuelas;
- b) Disponer cursos obligatorios para los jueces, los fiscales, los agentes de policía y otros agentes del orden sobre la Convención y su Protocolo Facultativo y sobre la estricta aplicación de las disposiciones penales relativas a la violencia contra la mujer, y sobre procedimientos que tengan en cuenta el género para entrevistar y tratar a las mujeres que son víctimas de violencia;
- c) Adoptar medidas integrales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, y velar por que las mujeres y niñas víctimas de la violencia tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección, y que los autores sean enjuiciados y castigados adecuadamente;
- d) Alentar a las mujeres a denunciar los casos de violencia doméstica y sexual a los órganos encargados de hacer cumplir la ley eliminando la estigmatización de las víctimas, sensibilizando a la policía y al poder judicial, y divulgando información acerca de la naturaleza delictiva de estos actos;
- e) Proporcionar asistencia y protección adecuadas a las mujeres que son víctimas de la violencia mediante el establecimiento de suficientes centros de acogida, en particular en las zonas rurales, y la mejora de la cooperación del Estado con las organizaciones no gubernamentales que acogen y rehabilitan a las víctimas;
- f) Recopilar datos estadísticos sobre la violencia doméstica y sexual desglosados por sexo, edad, nacionalidad y relación entre la víctima y el autor.»

Del mismo modo, con respecto a otra de las lacras que gozan en nuestro país y estado de especial impunidad, la Trata y explotación de la prostitución, señala el Informe:

«22.- (Trata y explotación de la prostitución) Aunque (se) observa la aprobación en 2011, por el Estado parte, de un Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos y los esfuerzos del Estado parte por elaborar estrategias y mejorar el marco jurídico para proteger y prestar asistencia a las víctimas de la trata, de conformidad con las anteriores observaciones finales del Comité (CEDAW/C/ESP/CO/6, párr. 22), el Comité sigue preocupado por la prevalencia de la trata de mujeres y niñas al Estado parte y la falta de legislación integral de lucha contra la trata, así como por el hecho de que el Estado Parte no haya tipificado todas las formas de trata como delito. También le preocupa la limitada definición de proxenetismo, que puede obstaculizar el debido enjuiciamiento de la explotación de la prostitución, así como los limitados datos disponibles actualmente para determinar la magnitud de este fenómeno.

23.- El Comité recomienda al Estado Parte que:
- a) Adopte legislación integral contra la trata que incorpore una perspectiva de género y una definición explícita de la trata de personas conforme a las normas internacionales;
- b) Siga intensificando los esfuerzos encaminados a la cooperación bilateral, regional e internacional para prevenir la trata y enjuiciar a los traficantes;
- c) Adopte un enfoque integral para abordar el fenómeno de la explotación de la prostitución; reúna datos y realice análisis; cuente con suficientes centros de acogida y de crisis y con programas de salida y reintegración, así como oportunidades alternativas de generación de ingresos para las mujeres que deseen abandonar la prostitución; y adopte medidas para reducir la demanda;
- d) Adopte una definición amplia de proxenetismo para hacer posible el enjuiciamiento adecuado de los que explotan la prostitución».

Frente a tantas “ineficiencias” de las Administraciones Públicas españolas y valencianas, la realidad que seguimos viviendo es la de la extensión creciente y sostenida de la violencia de género en todas sus manifestaciones. Razón por la que no debería utilizarse la conmemoración del 25 de Noviembre como otro nuevo brindis al sol e invitación a seguir ignorando, criminalmente, estos problemas. Proponemos en consecuencia a esta Corporación municipal adoptar las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.-El Ayuntamiento de Aldaia, considerando el referido informe de Naciones Unidas del 29 de julio del 2015, exige al Gobierno español y a la Generalitat Valenciana que cuanto antes procedan a solventar las deficiencias observadas por este Informe y citadas en la exposición de motivos de esta moción.

2.- Este Ayuntamiento acuerda que, de cara a los presupuestos del 2017, se incluya dotación suficiente (no menos del 5% del gasto) para impulsar dentro del municipio políticas de igualdad de género en materia cultural, educativa, laboral y social. Así como políticas de prevención, sensibilización y lucha contra la violencia machista en todas sus vertientes: Económica, sexual, etc.

3. Este Ayuntamiento se compromete, de cara a los presupuestos del 2017 a contemplar la dotación para un centro de acogida para mujeres e infancia maltratadas, lo que también podría hacerse contando con el Ayuntamiento hermano de Alaquàs.

Aldaia, 10 noviembre 2016



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