Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Aldaia traicionada

Juanjo Llorente. Concejal EU Verds

El pleno municipal de mayo acaba de marcar un nuevo hito en manipulación y deterioro de la vida política local. La siguiente cronología demostrará esta conclusión: el pasado 23 de mayo, las dos concejalas del grupo Sisepuede registraron en el Ayuntamiento una petición de expulsión del tercer concejal de su grupo, petición que fue informada por la Secretaría local al parecer con “retroactividad” (mediante un informe firmado un mes antes, el 25 de abril) y que se incorporó en el tiempo récord de 4 días al orden del día del pleno (firmado a 27 de mayo). Este salto directo de la petición de expulsión a la consideración plenaria se hizo sin pasar por ninguna comisión informativa (el 25 de mayo hubo dos y no se informó) y sin dar tiempo tampoco al perjudicado para poder responderla. Además de que colaron esta petición bajo la forma de una “dación de cuentas” al pleno de la portavoz del grupo Sisepuede (evitando que el alcalde tuviera que firmar una resolución y quedara “retratado”), justificada falsamente en base a la ley local valenciana que admite este procedimiento sólo en los casos de expulsión del partido o agrupación electoral, cosa que no ha ocurrido, muy al contrario.

La introducción de este mecanismo de "expulsión exprés", inapelable y de recalificación automática del electo expulsado como "no adscrito", conlleva un grave deterioro del funcionamiento democrático de nuestra Corporación y la vida política del municipio. Primero, porque al aceptar por defecto (mediante “dación de cuentas”) la expulsión del concejal de Sisepuede, se abre una vía para que cualquier otro grupo municipal pueda segregar a parte de sus integrantes, lo que supone una evidente inseguridad juridica, al privarles unilateralmente del derecho de representación e identificación políticas asociados a la pertenencia a la lista electoral bajo la que se presentaron y negarles, incluso, la presunción de inocencia. Ademas de que este mecanismo de expulsión y recalificación como “no adscrito” también obstaculiza el funcionamiento de los órganos de representación municipal, al aumentar las intervenciones para tratar cada punto del orden del día (6 portavoces de grupos y 2 no adscritos), así como el presupuesto destinado a retribuirles.

Vistos los "inconvenientes" de este sistema impuesto por el gobierno socialista de Aldaia que no cuenta con mayoría absoluta, queda más claro para que les puede servir, para fragmentar a la oposición y complicar dificultando el debate y control democráticos de la gestión municipal. Poco importa si así también se distorsiona la representatividad electoral, al añadir a la función habitual del concejal la figura del no adscrito, que no está sometido a la disciplina organizativa e ideológica de la organización política que le propuso, tal como ocurre en particular con las dos concejalas de Sisepuede expulsadoras, a su vez repudiadas por su propia organización electoral por seguidismo del PSOE e incumplimiento del protocolo ético que firmaron antes de las elecciones.

Pero, ante tanto despropósito, los más perjudicados vuelven a ser los ciudadanos y ciudadanas de Aldaia.

Aldaia, 3 junio 2016



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