Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción para que el Ayuntamiento de Aldaia actúe contra la prostitución y se incorpore a la red de ciudades libres de comercio y trata de mujeres, niñas y niños

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que hay que reglamentar porque es una forma de violencia de género extrema: “lo que las mujeres prostituidas tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a la definición aceptada de abuso sexual y violación reiterada. ¿Pagar una cierta cantidad de dinero puede transformar ese abuso en un «empleo» o profesión, como "trabajadora sexual"?” Desde luego que no, aunque hay Ayuntamientos españoles grandes y pequeños que parecen no haber caído en la cuenta, o que, en cualquier caso, “hacen la vista gorda” sobre estas actividades. Unas actividades, por otra parte, que parecen estar creciendo conforme lo hacen los problemas económicos, los recortes de derechos y el malestar social existentes en nuestro país y a escala internacional, y que incluso están dando lugar a pretensiones de “regularlas” en ciertas administraciones locales.

Como señala el Movimiento Democrático de Mujeres, regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, anulando la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres que amparan todos los tratados internacionales y nacionales. Si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, estamos diciendo que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a ser prostituidas. A través de este proceso, se refuerza la normalización de la prostitución como una «opción para las pobres». Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para las mujeres. ¿Cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las niñas sabrán que su futuro puede ser prostitutas, viendo a otras exhibirse en escaparates al estilo del barrio rojo de Holanda, y los chicos sabrán que puede usarlas para su disfrute sexual si tienen el suficiente dinero para pagar por ello? Por eso compartimos y defendemos claramente la ambiciosa postura del movimiento abolicionista que busca ir a la raíz de un problema que afecta a los derechos humanos. Derechos que en tanto que esenciales están fuera de discusión: los de toda persona a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación económica. De ahí que el foco debamos dirigirlo a las personas que demandan, la clientela, los prostituidores. Porque sin demanda, la oferta desaparece.

Estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una lucha ideológica, de valores y en una lucha por construir otra subjetividad y otra conciencia social. Si queremos construir realmente una sociedad en igualdad hemos de centrar las medidas en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta: Suecia penaliza a los hombres que compran a mujeres o niños con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses o multa, porque tipifica este delito como «violencia remunerada». En ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas, ni pretende su penalización o sanción porque la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños.

Cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución pasa por plantear un sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos. Cambiar su destino pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su instalación en nuestro país con leyes permisivas y con modelos económicos neoliberales, basados en el lucro fácil y la destrucción del tejido productivo. Cambiar su destino pasa por transformar la mentalidad de esos varones, no sólo con multas que les quiten las ganas sino con una educación que obligue a los medios a cambiar la imagen de la mujer como objeto sexual y a los hombres a corresponsabilizarse emocionalmente. Cambiar su destino pasa porque los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y pasen a formar parte de verdad de los derechos humanos.

Se dice que la prostitución siempre ha existido. También las guerras, la tortura, la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por hambre. Pero esto no es prueba de legitimidad ni validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales femeninos. Sólo así podremos mantener una coherencia entre nuestros discursos de igualdad en la sociedad y en la educación y las prácticas reales que mantenemos y fomentamos. Por eso nuestro municipio debe implicarse activamente, hoy más que nunca, en esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres apostando por la abolición de la prostitución, y empezando este compromiso por unirnos a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución.

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Aldaia que adopte los siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Este Ayuntamiento acuerda adherirse a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución.

2.- Este Ayuntamiento diseñará una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género y explotación sexual de las mujeres, por lo que debe perseguirse a quienes la amparan activamente, o pasivamente no la combaten.

3.-Este Ayuntamiento exigirá al Gobierno Central y a la Generalitat que se aplique rigurosamente la ley, persiguiendo el tráfico sexual de mujeres, de menores y de personas inmigrantes. Para esta labor, el Ayuntamiento se compromete a compilar información específica sobre prácticas, locales y viviendas del municipio que puedan estar implicadas.

4.-Este Ayuntamiento, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, en ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, y facilitará a estas personas recursos sociales dirigidos a que cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación pueda hacerlo mínimamente.

5.- Este Ayuntamiento apostará también por una intervención preventiva de las causas frente a la represora de las consecuencias, exigiendo al gobierno y a las administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, favoreciendo que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la familia. En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, exigiremos al gobierno que embargue los bienes de la “industria del sexo”, e invertirlos en el futuro de las mujeres que están en la prostitución proporcionando recursos económicos y alternativas reales.

6.-Este Ayuntamiento instará al Gobierno Central y Autonómico para que establezca normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, que suponen una forma de colaborar con la prostitución que controlan proxenetas y mafias y una forma de colaborar con violencia contra las mujeres.

Aldaia, 8 enero 2016



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