Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Por un compromiso democrático del Ayuntamiento de Aldaia con la memoria histórica de nuestro país, estado y municipio, avalando la investigación judicial de los crímenes del franquismo y denunciando el juicio por este motivo contra el Juez Garzón.

En la misma línea que ha planteado el grupo parlamentario de IU, EU del Ayuntamiento de Aldaia ha presentado una moción al pleno municipal para que el consistorio acuerde defender la investigación judicial de los crímenes de lesa humanidad del franquismo y el conocimiento público de lo que realmente sucedió en nuestro país y estado tras la sublevación fascista y la larga noche que supuso el régimen de Franco, sin olvidar también el caso particular de nuestro propio municipio. E igualmente, en esta moción se plantea denunciar el juicio al que se somete al juez Baltasar Garzón por su defensa de este tipo de actuaciones, así como solicitar que puedan formar parte de este proceso judicial las asociaciones del movimiento memorialista español.

Juanjo Llorente, portavoz del grupo municipal de EU de Aldaia, señala: “A finales de la legislatura anterior, nuestra fuerza política se hizo eco de la demanda planteada por algunos vecinos a este Ayuntamiento, para que se hiciera un reconocimiento institucional a varias personas del pueblo que fueron fusiladas y enterradas en una fosa común por su ideología de izquierdas y por haber sido cargos públicos de la II República. Pero esta iniciativa chocó con la incomprensión de los responsables municipales, que esgrimieron hipócritamente como excusas el miedo todavía existente entre la población y las heridas que podían abrirse entre los familiares de los ciudadanos y ciudadanas que lucharon en uno u otro bando. Justo lo contrario de lo que correspondería a un proceder democrático, puesto que la única forma de cerrar estas heridas realmente pasa por poner luz y taquígrafos sobre los hechos realmente acontecidos†.

Ahora, poco tiempo después de esta intentona, sigue diciendo Juanjo Llorente, vuelve a aparece ante la opinión pública la persecución judicial que se está haciendo a un Juez por haber querido investigar y depurar responsabilidades por los crímenes cometidos por el franquismo. Desde EU consideramos que, más allá de los brindis al sol y buenas palabras que tanto proliferan sobre la democracia, en rigor no puede considerarse demócrata ni democrática ninguna institución, persona o cargo público que rechacen poner luz a lo verdaderamente sucedido en nuestra historia reciente y que no esté dispuesto a poner los medios para restaurar la dignidad pública arrebatada a tantos y tantas luchadores por la libertad y por la democracia que pagaron con su vida y con sus bienes (junto con sus familias) haberse opuesto a la tiranía y el fascismo. Por eso hemos propuesto esta moción al actual ayuntamiento gobernado por el PP, puesto que en este municipio, igual que en muchos otros, aún sigue pendiente esta asignatura democrática†.

ANEXO.- MOCIÓN EN DEFENSA DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO, Y POR LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INSTITUCIONALES DE LOS MISMOS.

En el Estado español más de 150.00 personas fueron asesinadas por el régimen franquista durante la guerra civil y la dictadura. Unas 400.000 fueron encerradas en campos de concentración, miles de “esclavos del franquismo†estuvieron en batallones disciplinarios, numerosas personas detenidas y torturadas, cientos de miles de exiliadas. Sin embargo, después del tiempo transcurrido desde la muerte del dictador, bajo el actual régimen de monarquía parlamentaria, todavía persiste la doble injusticia de no haberse realizado, por parte de las instituciones públicas, un reconocimiento digno y suficiente a las personas que entregaron su vida por la libertad, al tiempo que siguen manteniendo total impunidad los golpistas y quienes ejercieron tanta barbarie durante la larga noche fascista.

Hasta el momento, la única recuperación realizada de una pequeña parte de las personas asesinadas o fusiladas, enterradas en cunetas, campos o fosas comunes, se ha realizado en la mayoría de los casos por los familiares de las propias víctimas. Y han sido también, en lugar de las actuales instituciones “democráticas†, las asociaciones de familiares de fusilados las que se encargaron sin apenas apoyos de la recuperación del buen nombre de estos luchadores y luchadoras por la libertad y la democracia.

Sin duda, hay que cerrar las heridas del pasado, pero con justicia. Es la única forma. Debemos legar a las generaciones futuras un relato histórico basado en la verdad, la justicia y la reparación moral de los demócratas, y que extraiga la gran enseñanza de aquella tragedia: “nunca más y para nadie aquellos horrores†. Es obligación de cualquier Gobierno democrático la promoción de la memoria histórica y un deber que las instituciones públicas ayuden a las familias a recuperar los cadáveres de las personas asesinadas y a darles sepultura con la dignidad y el cariño que se merecen. Y es, igualmente, necesario un reconocimiento público de que la Dictadura resultante del Golpe militar fue un régimen repudiable, por prohibir la libertad, por cometer crímenes execrables y por vulnerar los derechos humanos y los derechos democráticos fundamentales de todo un pueblo, de las muchas personas que se persiguió y criminalizó por motivos ideológicos, políticos, de identidad nacional, de orientación sexual, lingüísticos-culturales o similares.

En este contexto, produce indignación y bochorno comprobar cómo en vez de animar la persecución de los delitos cometidos durante el franquismo contra muchos ciudadanos/as de nuestro país, se persiga a aquellos que intentan contribuir a hacer justicia, como es el caso actual del juez Baltasar Garzón, a quien se está juzgando por el supuesto delito declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

Estas actuaciones judiciales, iniciadas por los ámbitos de la derecha y la extrema derecha de nuestro país, autores de las querellas criminales admitidas a trámite, suponen un pulso inadmisible a la democracia y la justicia en nuestro país que no debe ser amparado por el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial.

Porque lo que está ocurriendo en el presente caso no es sólo una actuación contra un juez que, en el ejercicio de sus funciones, inicia actuaciones judiciales en el ámbito de su competencia y en el marco de las atribuciones que tiene encomendadas. Lo que está sucediendo es una verdadera campaña de acoso y derribo llevada a cabo por sectores de la extrema derecha y por la derecha más rancia de nuestro país que resulta inadmisible dentro de un régimen mínimamente democrática.

Se está intentando minar la independencia judicial y enviar un mensaje al conjunto de la ciudadanía de que existen límites no escritos para la acción de la justicia y la democracia. Por eso, no es de extrañar que demócratas de todo el mundo y organizaciones judiciales nacionales e internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional o la Comisión Internacional de juristas, estén también denunciando solidariamente tales iniquidades, contra un juez de renombre y contra la memoria histórica de todo un pueblo.

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Este Ayuntamiento considera que para cerrar las heridas abiertas en la sociedad española y valenciana resultan imprescindibles la verdad, justicia y reparación debida desde las actuales instituciones democráticas con respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo tanto durante la guerra civil como durante la dictadura.

2.-Este Ayuntamiento rechaza el mensaje que se está trasladando a la sociedad con el enjuiciamiento de un Juez por investigar los crímenes del franquismo: impunidad para la dictadura, ocultamiento de los mayores crímenes cometidos durante el siglo pasado en el Estado Español, incluyendo en el municipio de Aldaia, y la negativa manifiesta a corregir una de las grandes carencias de nuestro régimen de monarquía parlamentaria.

3.-Este Ayuntamiento acuerda finalmente solicitar al Consejo General del Poder Judicial que las víctimas del franquismo que instaron el inicio del procedimiento judicial abierto por los crímenes del franquismo puedan ser parte en el procedimiento judicial contra el juez Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo.



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