Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU Verds de Aldaia presentará en el primer pleno ordinario de la legislatura una moción para que se retire la reforma local del Gobierno Rajoy

El portavoz de este grupo municipal apunta que la misma es inconstitucional por convertir el principio de autonomía local en mero esperpento, y por resultar muy lesiva para los intereses y derechos de la ciudadanía.

Haciéndose eco de la campaña que ha empezado a desarrollarse en muchos municipios del estado español y del Pais Valenciano, municipios que tras las pasadas elecciones han conseguido forjar mayorías progresistas o de izquierdas, el Grupo municipal de EU Verds de Aldaia acaba de registrar una moción solicitando la derogación de la ley Rajoy sobre régimen local. Esta petición resulta congruente con el compromiso, ya anunciado por todas las fuerzas políticas distintas del PP, que en su día suscribieron derogar tras las próximas elecciones generales, en caso de no ser declarada directamente anticonstitucional, al considerar que esta reforma del régimen local resulta ampliamente contraria a los principios democráticos básicos de autonomía local, y ampliamente lesiva de los derechos y demandas ciudadanas de más y mejores servicios públicos.

Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia señala: “En la legislatura pasada ya presentamos dos mociones derogatorias, la primera en defensa de la autonomia local, y la segunda más centrada en defender la democracia y los servicios públicos municipales que la reforma Rajoy pretende conculcar. Ambas mociones fueron apoyadas por el PSOE y por Compromís pero recibieron una rotunda negativa del PP. Ahora que en el Ayuntamiento de Aldaia la situación es distinta, en buena parte como resultado de la labor de oposición que desarrollamos y del hartazgo ciudadano por el derechismo del PP, con esta tercera moción presentada pretendemos seguir sumando fuerzas en la linea de anular la reforma legislativa del gobierno Rajoy en materia de régimen local, y sin esperar a las próximas elecciones generales, entre otras cosas porque los nuevos ayuntamientos deben iniciar su andadura y con la legislación del PP en materia local existe una escasa capacidad de maniobra pese a que los problemas y necesidades poblacionales siguen creciendo”.

“Por eso presentamos esta moción en el primer pleno ordinario de la corporación, dice finalmente Juanjo Llorente, porque de cara a los presupuestos del 2016 y para acabar este ejercicio, interesa romper cuanto antes las amplias cortapisas impuestas para evitar que los Ayuntamientos puedan atender realmente las necesidades poblacionales. Esta es la razón subyacente también a que muchos otros municipios se planteen tramitar también mociones similares”

ANEXO.- Texto de la moción presentada.

Moción de EU Verds Aldaia solicitando la derogación de la Ley del Gobierno Rajoy de racionalización y sostenibilidad de la administración local

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate.

ANTECEDENTES Y MOTIVOS

El 31 de enero de 2013 entró en vigor la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,  más conocida como Ley Anti Ayuntamientos.

El 27 de marzo de 2014, el alcalde de Barcelona, actuando en nombre y representación de su Ayuntamiento y en nombre e interés de cerca de tres mil municipios, presentó escrito de conflicto en defensa de la autonomía local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El 26 de mayo de 2014, el Presidente del Consejo de Estado, remitió dictamen al Sr. Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas informando que existen fundamentos jurídicos suficientes para que los municipios interesados planteen conflicto en defensa de la autonomía local en relación con determinados artículos de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013.

El documento recurrido ante el Constitucional, aprobado sólo por el PP, modifica otro ámbito competencial diferente, el local, sin contar con este ni con la administración autonómica, que tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en materia de régimen local. Esta Ley supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en España con los Ayuntamientos democráticos desde 1.979, y que, grosso modo, ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal. En lugar de ello, se procede a un desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual gobierno, despreciando y desconociendo que el nivel local de gobierno es una estructura nuclear del Estado Constitucional.

Es inaceptable el poder que se otorga a las diputaciones provinciales cuando en realidad son meros instrumentos de poder en manos de los partidos políticos. Es incomprensible su existencia en nuestro Estado de las autonomías. No encontraremos en ninguna democracia moderna cuatro niveles administrativos: Estado central, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

Eliminar las diputaciones provinciales no quiere decir la supresión de sus competencias, ni el despido de sus empleados públicos, sino la transferencia de unas y otros a las CCAA. Esta medida supondría racionalizar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos de los municipios evitando duplicidades. Se eliminarían las prácticas de caciquismo y de corrupción. Se  someterían los asuntos al control democrático directo que puede practicarse en los Parlamentos autonómicos y que difícilmente se puede llevar a cabo por diputados provinciales elegidos a dedo por los partidos políticos al margen de la voluntad popular.

Esta Ley significa el desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de competencias y servicios consolidados, así como por una ausencia de financiación que ciertamente lleva a la privatización de los que queden. En resumen, provoca:

1.- Tutela y control sobre la administración local, otorgando a las Diputaciones provinciales o entes equivalentes, no únicamente la “coordinación de servicios”, sino relevantes competencias, entre ellas, las de gestión tributaria.

2.- Vinculación del coste efectivo de los servicios, considerando a la administración un mero árbitro del tráfico jurídico, cuyos parámetros vendrán determinados por una mera Orden ministerial.

3.- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como único patrón de medida, del que depende la autonomía municipal. Se produce por ende reestructuración del sector público local, que potencia la iniciativa económica privada, y por añadidura, la creación de lobbies empresariales para la prestación de servicios.

4.- Aparición de un nuevo mecanismo o protocolo vehiculador de la fusión entre ayuntamientos: el convenio de fusión (aprobado por mayoría simple de los plenos municipales), que en algunos casos supone una clara imposición, no se sabe si a decisión del Gobierno o de las Cortes.

5.- Desapoderamiento y vaciamiento de competencias del ámbito local, dejando a los Ayuntamientos como entidades meramente formales.

6.- Subsidiariedad e imposibilidad “de facto” de la iniciativa pública empresarial.

7.- Establecimiento de mecanismos de ajuste o redimensionamiento sobre el personal al servicio de las administraciones públicas.

Por todo lo expuesto, desde Esquerra Unida Verds proponemos la consideración plenaria de las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Solicitar la derogación inmediata de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, para la Racionalización y Sostenibilidad de la administración local.

2.- Solicitar la implementación de una propuesta de trabajo para la reforma local que analice y reflexione sobe los siguientes aspectos:
- Suficiencia financiera y autonomía política.
- La ciudad como pilar del desarrollo económico y de un nuevo modelo productivo.
- Reforma del modelo de Estado.

3.- De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de Gobierno y a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.



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