Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Manifestación en Valencia contra ley mordaza el 30 de junio y moción al Ayuntamiento de Aldaia solicitando la derogación de esta ley una moratoria de su aplicación dentro del municipio

El próximo martes 30 de junio, en Valencia, a las 20 horas en la Plaza de San Agustin saldrá una manifestación contra la ley mordaza convocada por la Plataforma Valenciana de Drets Socials. Desde aquí hacemos un llamamiento a participar en la movilización, justificada por que el próximo día 1 de julio está prevista la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana conocida popularmente como “Ley Mordaza”.

Se trata de una ley que viene a limitar el ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación, reunión o libertad de expresión, retrocediendo la calidad de nuestra democracia a otros tiempos autoritarios y represivos.

Es por ello que desde la izquierda consideramos de vital importancia la movilización en todos los frentes contra esta ley profundamente dañina de las libertades.

A continuación incluimos también una propuesta de moción que será debatida en el próximo pleno municipal ordinario de finales de julio:

Moción de EU Verds contra contra la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida también como “Ley mordaza”, y por una moratoria municipal de su aplicación en Aldaia

Más de veinte años después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad ciudadana 1/92, también denominada “Ley Corcuera”, que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP ha sancionado, en su tónica del “reformazo regresivo”, una nueva Ley, que viene a sustituir la ya criticable ley del 92, que costó el cargo al entonces Ministro del Interior socialista.

Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.

La discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta Ley como la “Ley del miedo” o la “Ley Mordaza”. Se habilita, pues, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra carta magna como derechos fundamentales.

La norma tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los escraches (a diferencia de la opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que declaró que “no es posible decir a priori si un escrache es o no legal”), las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad  a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona.

Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley, nos indica que esta “Ley Mordaza”, vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad.

Y no únicamente tiene esta opinión IU, sino que es el propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, quien ya calificó el proyecto de ley de “altamente problemática” la propuesta de ley. Nils Muiznieks, su responsable de derechos humanos, duda de que “estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática” y cree que se debería velar por la seguridad “sin interferir demasiado en la libertad de reunión” y de manifestación.

Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticos, que son encorsetados en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político.

La democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combate de forma integral, con educación, con promover una vida digna, con eliminar las diferencias sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el castigo.

Concluimos, exponiendo que esta Ley, reiterativa en regular conductas que ya tipificaba el código penal, y creadora de un nuevo Estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, es inadmisible en un entorno europeo democrático, que convierte a este país, en una Monarquia anacrónica y bananera.

Por todo lo expuesto, desde Esquerra Unida Verds proponemos la consideración plenaria de las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO

Primera.- Exigir al Gobierno de la Nación, la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Segunda.- Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como  la Ley Orgánica general penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos sino también y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.

Tercera.- Exigimos la dimisión del Ministro del Interior, impulsor de la presente Ley, cuyos postulados preconstitucionales, son inconcebibles en una democracia, así como, por su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos, a tenor de la disposición de legalización de las “devoluciones en Caliente” en la frontera de Ceuta y Melilla, contrarías a la normativa internacional y que tratan de manera inmoral e inhumana a numerosos seres humanos en nuestras fronteras y que solo desean una vida mejor.

Cuarta.- En consonancia con los puntos anteriores, este Ayuntamiento también se compromete a establecer, en la medida de sus posibilidades, una moratoria a la aplicación dentro del municipio de esta ley por parte de la policía local.



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