Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Aborto: una reforma contra 400 mujeres jóvenes

Marisa Soleto

Este martes 14 de abrilse ha aprobado en el Congreso de los Diputados la tramitación de la modificación de la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, que a propuesta del Grupo Popular, quiere imponer a las mujeres de 16 y 17 años el consentimiento obligatorio de ambos progenitores para poder acceder a un aborto en cualquiera de los supuestos legales.

¿Cuánto tiempo hemos invertido desde el inicio de la Legislatura en parar el disparate que se ha construido a costa de una vaga promesa electoral?

La sociedad civil ha hecho un estupendo trabajo explicativo en estos tres años de oposición a una reforma que responde estrictamente a intereses electorales del partido que gobierna. Por eso es muy fácil recordar los datos de lo que está en juego. Repasemos:

No es cierto que con la legislación actual las mujeres jóvenes estén yendo a abortar sin el conocimiento y consentimiento de sus progenitores. La mayoría va acompañada de su familia cuando deciden abortar.

Sólo se han acogido a la excepción de informar a sus progenitores aquellas que han justificado una grave situación de conflicto o desamparo, y la estimación del número de estos casos es de 300 a 400 al año, una cantidad poco significativa en el marco de los más de cien mil abortos anuales que se producen en España y que están disminuyendo en los últimos años.

La decisión de continuar adelante o no con un embarazo corresponde a quien tiene la capacidad de gestar. Al resto nos correspondería proteger ese ámbito de decisión, también en el caso de mujeres, sí mujeres, de 16 y 17 años en el marco de la autonomía sanitaria que ya tienen reconocida y que quiere quitarles esta reforma.

Que la necesidad social no está detrás de esta reforma es algo que ya sabíamos, pero el debate que se celebró el martes lo dejó claramente en evidencia. De hecho los argumentos que la diputada Marta González utilizó para defender la propuesta del Grupo Popular, estaban más dirigidos a convencer a los propios efectivos de que esto no era una renuncia a los principios y a representar un buen intento de afear el discurso del contrario recordando sus contradicciones discursivas del pasado.

Siguen por lo tanto sin haber justificación alguna para emprender esta reforma y sí muchos argumentos que la desaconsejan. Aun así, la propuesta que hace el Partido Popular seguramente se va a aprobar. Un rodillo de mayoría absoluta disciplinada, por mucho que se publicite lo contrario, lo garantiza.

Queda la esperanza de saber que los argumentos que defienden la autonomía de las mujeres, los derechos  y la salud sexual y reproductiva han calado no sólo en el Grupo Socialista, sino en una parte muy importante de los grupos parlamentarios, que conocen la realidad del aborto en España y que han entendido que los derechos y la autonomía de las mujeres son un patrimonio social común que se debe defender desde la legislación y los poderes públicos.

Escuchar el debate completo abre la posibilidad de que, a pesar de que esta propuesta se apruebe, tenga una vida muy corta, gracias a un futuro resultado electoral que nos libre del disparate que se nos va a imponer.

En este contexto, lo de buscar los puntos rojos y verdes fuera de lugar en el panel de votación del hemiciclo, no pasa de ser una anécdota, que por muy significativa o lamentable que pueda parecer, no debe desviar la atención de lo esencial, que no es otra cosa que la evidencia de que no se puede legislar contra las personas y que la mayoría social no  queremos leyes que jueguen con los derechos ajenos para satisfacción de unos pocos.

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