Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

PAH Horta Sud propone a EU incluir en su programa electoral una serie de medida para mejorar el acceso a la vivienda

MEDIDAS PARA MEJORAR EL ACCESO A LA VIVIENDA Y LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR PROCESOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y CONCRETAMENTE EN LA COMARCA DE L’HORTA SUD.

La actual crisis ha impactado de mane ra dramática en la vida de miles de personas, que a causa de dificultades económicas sobrev enidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a millares de familias a la imposibilidad de hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su hogar.

Su traducción social ha sido de miles de desahucios en todo el Estado Español y centenares de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, precaried ad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial.

Las administraciones locales, infradotadas de recursos, son las que, en primera instancia, reciben el impacto social de esta situación, al ser las más cercanas a la ciudadanía.

La falta de recursos de las administraciones locales para hacer frente a la problemática contrasta con los millares de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras y sus inmobiliarias, actores principales y parte responsable de la burbuja inmobiliaria. Estos inmueble, a menudo obtenidos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se mantienen vacíos, ya sea esperando que el precio del mercado vuelva a elevarse, o bien porque se encuentran en venta o con un alquiler de precios inaccesibles para parte de la po blación. El resultado son millares de viviendas destinadas exclusivamente a una función especulativa, eludiendo la función social que según el artículo 33 de la Constitución Española (CE) ha de cumplir el derecho de propiedad.

Gran parte de estas entidades financieras han estado, de una manera u otra, rescatadas con dinero público. Algunas directamente gestionadas por el gobierno del estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y del traspaso de activos al denominado “banco malo”, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Paradójicamente, sin embargo, la fuerte inversión pública no ha ido destinada a cubrir las necesidades de la ciudadanía y las ayudas millonarias a la banca, muchas de ellas a fondo perdido, no han conllevado ninguna contrapartida social.

La situación descrita requiere actuaciones por parte de la administración que posibiliten el acceso a la vivienda de todos aquellos ciudadanos que se ven excluidos, cumpliendo el mandato constitucional del artículo 47 de la CE.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán lasnormas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. ”

Así lo especifica en la misma Constitución Española el anteriormente mencionado artículo 33 que reza así:

“1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente ind emnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.”

O el artículo 39, que da potestad a los poderes públicos a asegurar la protección social, económica y de la familia:

“1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica d e la familia. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. […].”

Además, no valen escusas acogiéndose a que en la Comunitat valenciana no existen competencias legislativas sobre el tema de la vivienda. Pues queda está reflejada en el Articulo 49 del Estatut d’Autonomia:

“Artículo 49 1. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: […] 9ª Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. […].”

Y por último, los ayuntamientos son las instituciones a las que suelen acudir mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Hay muchas medidas que pueden contribuir a paliar los efectos dramáticos que se concretan en el ámbito municipal.

Por tanto, nuestras propuestas son:

EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE COMPETENCIA AUTONOMICAS. VIVIENDA:

1- Impulsar desde las Corts Valencianes una Ley de Vivienda propia, que establezca la función social de la vivienda, así como impulsar políticas de acceso a la vivienda y regular los usos de la misma, estableciendo claramente qué vivienda no está ocupada o no está cumpliendo u na función social.

2 - Ejercer desde las Corts Valencianes su competencia legislativa, tanto para establecer expedientes sancionadores, como para expropiar el usufructo de propiedades en desuso. 3 - Elaborar un censo para determinar el estado de las vivi endas y considerar los criterios para establecer cuales están vacías y en desuso, para gravarlas, mostrando la convicción sobre el trato de la vivienda como un derecho social y no como un bien mercantil.

4 - Promover la vivienda pública. No vender más patrimonio público y rehabilitar las viviendas vacías. Aplicar precios accesibles de alquiler social, no de mercado; éstos no deberían superar nunca el 30% de la renta familiar disponible.

5- Aplicar criterios de acceso que prioricen la situación de les famil ias o personas y no su capacidad de pago.

6 - Fomentar otras formas de tenencia alternativas a la propiedad privada. Promover la vivienda en régimen de alquiler. Elaborar un plan de incentivación del alquiler a precios sociales. Incentivar las cooperativas de vivienda con convenios públicos.

7- Adquirir el compromiso de no ejecutar desahucios a los usuarios de vivienda pública con dificultades económicas.

SERVICIOS SOCIALES:

1- Establecer protocolos de detección, ayuda y asesoramiento a través de los Servic ios Sociales, para las personas con problemas de vivienda.

2- Centralizar los datos a nivel de la Comunitat Valenciana, de ejecuciones hipotecarias y desahucios, así como de las personas que acuden a los Servicios Sociales por imposibilidad de hacer frente económicamente al pago de la hipoteca o el alquiler.

3- Dedicar una partida de los presupuestos a ayudas de urgencia para las personas afectadas.

4- Poner al servicio de la ciudadanía toda la información y medios para apoyar las políticas sociales de vivi enda iniciadas por los ayuntamientos. Coordinar, centralizar la información y colaborar con las Oficinas municipales de asesoramiento a las personas afectadas.

5- Explicitar y poner en conocimiento de los ciudadanos y de las ciudadanas las ayudas en materia de vivienda.

EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL:

VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES:

1- Establecer un protocolo de actuación de urgencia para encontrar soluciones a los casos de familias desahuciadas sin alternativas habitacionales a través d e viviendas de alquiler social, de acuerdo a las posibilidades económicas de las personas afectadas y no únicamente viviendas de urgencia.

2- Elaborar un censo de las viviendas desocupadas y abandonadas del municipio, cruzando los datos con las compañías de suministro.

3- Habilitar un servicio de seguimiento de la situación global de la vivienda y de los procesos de ejecución hipotecaria y desahucios, con la finalidad de visibilizar una realidad a menudo oculta. Reforzar la coordinación entre los servicios de vivienda y servicios sociales del Ayuntamiento, realizando reuniones mensuales sobre las problemáticas derivadas de la vivienda en la localidad.

4- Crear un Servicio u Oficina Municipal eficaz, en constante colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento y con la PAH, dotado de recursos para ofrecer a las familias en proceso de desahucio el debido asesoramiento legal: tramitación de petición de justicia gratuita, demanda de dación en pago, seguimiento del caso, contacto con Servicios Sociales.

5- Ejercer la función de mediación con los bancos, cajas y administradores de fincas en las negociaciones para encontrar alternativas que no comporten la negación del derecho a la vivienda a las mencionadas familias o personas. Este servicio se pondrá en co nocimiento de los ciudadanos, así como también las ayudas en materia de vivienda que están a su disposición.

6- Solicitar a los juzgados que hagan llegar mensualmente a la mencionada Oficina Municipal, a los Servicios Sociales, a la PAH y a los grupos muni cipales, una relación estadística de los procesos judiciales anteriores que han acabado en desahucio, así como también una relación detallada de los procesos judiciales que podrían finalizar con el lanzamiento de las personas demandadas.

7- Suspender el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las personas afectadas por proceso de ejecución hipotecaria; en caso de dación en pago, se reclamará a la entidad financiera.

8- Revisar periódicamente el catastro y los informes de tasación del IBI. Penaliza ción a través del IBI de las viviendas vacías.

9- Cumplir inmediatamente con El Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, donde se declara exentos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (plusvalía municipal) a las personas afectadas que padezcan la pérdida de su vivienda en subasta y para aquéllas que consigan la dación en pago. (Con carácter retroactivo, desde el año 2010, según establece dicha Ley).

10- Remitir desde el Pleno Municipal a todas las entidades financieras con sucursal en el municipio, la demanda de la suspensión inmediata de cualquier proceso de desahucio en nuestro término municipal, así como a instarlos a realizar todas las actuaciones posibles para evitar las ejecuciones hipotecarias y los desahucios e intentar acordar si stemas que permitan la moratoria de los procesos de desahucios, sin mayores perjuicios derivados de la continuidad de los intereses moratorios.

11- Revisar las relaciones económicas, institucionales y de colaboración del Ayuntamiento con cada una de las entidades financieras, llegando incluso a la retirada de los fondos municipales en función de la actitud y decisiones que éstas adopten sobre los desahucios. Notificar públicamente la decisión adoptada e informar a la ciudadanía de la actitud y práctica que sobre los desahucios adopte cada Caja, Banco o Cooperativa de Crédito.

12- Formalizar un CONVENIO DE COLABORACIÓN entre el Ayuntamientos y la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, para atender las necesidades de las familias y personas que hayan perdido su vivienda habitual como consecuencia de desahucio hipotecario u otras causas excepcionales, mediante la utilización de viviendas de titularidad pública y los contratos de arrendamiento de inter és social. (Dicha Conselleria ha pasado a ejercer las funciones del Instituto Valenciano de la Vivienda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 1/2013 de 21 de ma yo, de la Generalitat).

En dicho convenio se impulsará un programa específ ico para atender las necesidades de vivienda de las familias especialmente desfavorecidas como consecuencia de la crisis hipotecaria y otras situaciones excepcionales, movilizando para ello el parque público de viviendas de la Generalitat disponible, así como viviendas de titularidad municipal.

Además, para resolver la problemática de la inhabitabilidad de muchas de estas viviendas debido a su deterioro, se organizarán talleres de formación dirigidos a personas desempleadas, cuyas prácticas consistirán en l a rehabilitación y adecuación de dichas viviendas.

En dicho convenio, se impulsarán los contratos de arrendamiento de interés social, mediante el apoyo de la red pública de intermediación de la Comunitat Valenciana (Red Alquila), facilitando el acceso a viviendas de titularidad privada de familias y personas que hayan perdido su vivienda habitual.

13- Garantizar el suministro del agua a los habitantes del municipio. Re -municipalizar este servicio. Fijar tarifas según la renta. Asegurar el acceso al agua a las familias sin ingresos suficientes. En el caso de imposibilidad de pago, en ningún caso se privará de suministro.

14- El Ayuntamiento no apoyará ni participará en los procedimientos de desahucio y defenderá a aquellos trabajadores y trabajadoras que se nieguen a participar en ellos.

Queremos manifestar que las propuestas que aportamos , son el resultado de las reivindicaciones y necesidades de los/as propios/as afectados/as.

PLATAFORMA DE AFECTAD@S POR LA HIPOTECA “PAH HORTA SUD”



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