Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU Alaquàs llama a la ciudadanía a movilizarse contra la “ley mordaza” del PP que persigue criminalizar la libre expresión y manifestación

Durante el acto informativo que tuvo lugar este viernes 6 de febrero, EU de Alaquàs también anunció su intención de llevar al plenario del Ayuntamiento una moción pidiendo la no aprobación de esta ley franquista de “seguridad ciudadana” y la dimisión del actual ministro de justicia, en consonancia con las propuestas de la Plataforma estatal “No somos delito” y de la PAH.

Al comenzar la charla convocada por Esquerra Unida de Alaquàs y juventudes comunistas, la coordinadora del colectivo y psicóloga de profesión -Carol Pino- planteó a los numerosos asistentes: “Ante leyes injustas ¿es legítimo rebelarse e incluso desobedecer?, ¿qué significa para vosotros y vosotras la desobediencia? , si obedecer significa acatar la voluntad del que manda, y en democracia el pueblo es soberano, ¿quién sería pues el que desobedece, el pueblo que protesta ante lo que es injusto o el gobernante que ejerce su poder limitando los derechos y libertades de los ciudadanos utilizando argumentos paternalistas y antidemocráticos?, en resumen…¿quién debe obedecer a quién?. Desde nuestra organización tenemos una respuesta absolutamente clara para esta pregunta, porque si algo queda claro a quienes mantenemos un total compromiso con los trabajadores y los pueblos de este país, es que los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas siempre deben prevalecer sobre los intereses del poder, de quienes mandan realmente...”.

“La razón para programar esta primera charla sobre la “ley mordaza”, dentro del plan de EU de Alaquàs de información y sensibilización ciudadana, sigue diciendo Carol Pino, es que se trata de un problema que ya está obstruyendo y condicionando muchas movilizaciones sociales, de los estudiantes, de los trabajadores y sindicatos, de las plataformas y movimientos de protesta como la PAH, el 15 M o el 22M. Se está incrementando por momentos el malestar social por las políticas derechistas de los partidos mayoritarios y, para evitar la respuesta y cualquier salida realmente alternativa, lo que pretenden es cerrarnos la boca, atemorizarnos y reprimirnos casi como ocurría en la época de Franco”.

A continuación intervino Roser Maestro, abogada de profesión y militante comunista que señaló: “Calculo que faltan apenas 20 días para que esta ley de Seguridad Ciudadana pueda empezar a aplicarse. Una ley que, junto con el restante paquete de disposiciones introducidas por el bipartidismo en los últimos años, convierte los derechos y las libertades democráticas de las personas y colectivos sociales, de los trabajadores y estudiantes, de las mujeres, en poco más que papel mojado”.

“Prueba de ello la tenemos en el giro que se quiere dar con esta ley, calificando los delitos menores como faltas administrativas, tramitadas e impuestas al margen del sistema de justicia, lo que incrementa su discrecionalidad por parte de los agentes del orden, y enormemente incrementadas en cuanto a la cantidad de las sanciones económicas. Y junto con su tramitación administrativa en lugar de judicial, hay también que resaltar que la discrecionalidad alcanza al mismo concepto de lo que se considerarán como faltas: obstruir el paso de peatones, manifestarse sin permiso o conocimiento de las autoridades, rodear edificios públicos o de interés estratégico (empresas eléctricas, etc), los escraches y piquetes sindicales informativos... Todo ello a partir de la entrada en vigor de la ley, será falta leve, grave o muy grave, y quien determinará si lo es y su grado será precisamente la misma polícia, sin que las personas acusadas puedan disponer de ningún tipo de garantía letrada. Primero tendrán que pagar la sanción, que podrá alcanzar hasta los seiscientos mil euros, y luego, en todo caso, si disponen de los recursos necesarios abonar las tasas para llevar su caso a la justicia. De este modo, aunque ganara el juicio y le devolvieran el dinero de la sanción lo que en cualquier caso tendría que sufragar serían las tasas de acceso a la justicia”.

“Queda, pues, más que claro, señala Roser Maestro, que se trata de la más burda represión. Que persiguen cerrarnos la boca y que las calles vuelvan a estar en poder de los gobernantes. Estamos por tanto ante una situación de emergencia social y política de la máxima gravedad. Es preciso actuar.”

Rafa Rodrigo, responsable de organización de EU de Alaquàs, abrió el turno de intervenciones de los y las asistentes y al final, en coherencia con bastantes de ellas, anunció que su organización se plantea llevar al pleno municipal de este mismo mes una moción para obligar al pronunciamiento de todas las fuerzas políticas sobre estas cuestiones de tanta gravedad democrática y humana.



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