Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU Aldaia presenta una moción contra la ’ley mordaza’ y en defensa de las libertades democráticas, cada vez más recortadas por el PP en todas las instituciones

Esta moción solicita la retirada del proyecto de ley de seguridad ciudadana del PP, la dimisión del ministro Jorge Fernández Díaz y el desarrollo de un nuevo sistema de justicia basado en el respecto democrático, la prevención y la reeducación con preferencia al simple castigo.

El concejal portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Aldaia ha registrado esta misma mañana una moción contra la conocida como ’ley mordaza’ en tramite parlamentario y que pronto se aprobará después de pasar por el senado. Esta moción de EU plantea a los restantes grupos municipales que apoyen la petición al Gobierno de la Nación de que retire este Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Proyecto que ya cuenta con un amplio rechazo social, sindical, político e incluso de juristas y portavoces de las instituciones internacionales en defensa de los derechos humanos como la ONU.

Por otra parte, esta moción también exige la dimisión del ministro Jorge Fernández Diez, responsable del proyecto de ley presentado pero también de actuaciones tan rechazables como la colocación de concertinas en las fronteras para impedir el paso a la inmigración africana, o el mantenimiento de los CIEs y la instalación del procedimiento de “devolución en caliente” de inmigrantes cuando logran traspasar la frontera.

Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU en el Ayuntamiento de Aldaia, señala: “Este proyecto de ley de seguridad ciudadana persigue justo lo contrario, es decir controlar a la ciudadanía e impedir eventualmente su manifestación y pronunciamiento fuera de las instituciones. Se trata, por tanto, de un nuevo cerrojazo a las libertades civiles, sindicales y políticas que nos retrotrae a los tiempos del franquismo y los tristemente famosos tribunales de órden público. Con lo que de nuevo vuelven a sentarse las bases para proteger a los que mandan y darles nuevos instrumentos para obstaculizar toda oposición democrática”.

“Del mismo modo, sigue diciendo Juanjo Llorente, espero que junto con este debate necesario, la moción también permita debatir en el pleno el despropósito que supone el recién firmado pacto antiterrorista PP-PSOE. Un acuerdo que legitima el principio de “Prisión permanente revisable” y que además de penalizar los actos terroristas también lo hace con las incitaciones a este tipo de actos, introduciendo con ello un amplio margen de interpretación discrecional sobre quienes a la vez juzgarán y castigarán tales actos.”

ANEXO.- Moción de EU por una ley de seguridad ciudadana que no criminalice la libre expresión y contra el proyecto de “ley Mordaza” del gobierno Rajoy

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EUPV en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Veintiún años después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad ciudadana 1/92, también denominada “Ley Corcuera”, que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP prepara, siguiendo su tónica de recorte progresivo de derechos y libertades, un nuevo proyecto de Ley para sustituir esta ley del 92 que costó el cargo al entonces Ministro del Interior.

Pero el nuevo proyecto de ley es un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal y que también presenta un marcado carácter represivo y restrictivo en materia de derechos y libertades civiles. Ahora, se plantea compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, las cuales, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pasan a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.

Una Ley que denominamos “mordaza” considerando la discrecionalidad que se otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía que suponen las mismas, pues en el caso de las infracciones muy graves pueden llegar a los 600.000€, y en definitiva por la persecución que se quiere hacer de conductas habituales en las movilizaciones y protestas ciudadanas.

Con esta ley se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y se crea un instrumento gubernamental para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales.

Además, la norma pretende tipificar nuevas figuras delictivas, considerando tales como los escraches (a diferencia de la opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que declaró que “no es posible decir a priori si un escrache es o no legal”), las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.

Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley, nos indica que este proyecto de “Ley Mordaza”, vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad.

Y no únicamente tiene esta opinión EU, sino que es el propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, quien ha calificado de “altamente problemática” la propuesta de ley del PP. Nils Muiznieks, su responsable de derechos humanos, duda de que “estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática” y cree que se debería velar por la seguridad “sin interferir demasiado en la libertad de reunión” y de manifestación.

Nos encontramos, en consecuencia, con otro proyecto de ley reaccionario y que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, al partir de un trasnochado concepto de orden público y representar un claro atentado contra derechos y libertades democráticas, los cuales son encorsetados mediante unos procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de todo desacuerdo político.

Desde EU consideramos que la democracia significa el derecho a la libre expresión y que la seguridad ciudadana tienen que ver con la protección de las libertades públicas, no el cercenamiento de las mismas. El delito debemos combatirlo siempre de forma integral, con más educación, promoviendo una vida digna para todos y todas, eliminando las diferencias sociales en lugar de favorecerlas o no evitarlas, mediante buenas políticas de reinserción social de las personas marginadas y con unas instituciones que trabajen por la prevención y no el castigo. También por eso mismo resulta inasumible de todo punto de vista el concepto de “Prisión Permanente Revisable”, ya incluido según la prensa en el nuevo pacto antiterrosita PP-PSOE.

Por todo lo anterior, desde EU proponemos la consideración plenaria de las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Este Ayuntamiento acuerda exigir al Gobierno de Rajoy, la retirada inmediata del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.

2.- Este Ayuntamiento también acuerda solicitar un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la Ley Orgánica general penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención, como un problema social que abarca variables socio económicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.

3.- Este Ayuntamiento acuerda, por último, exigir la dimisión del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la presente Ley, cuyos postulados pre-constitucionales resultan inconcebibles en una democracia, tal como también evidencian su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos como en el caso de la utilización de concertinas para evitar el paso de inmigrantes africanos o las expulsiones “en caliente”, contraviniendo toda la legislación internacional en materia de acogimiento y asilo.



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