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Izquierda Unida presenta una moción contra la ’ley mordaza’ del PP

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería ha registrado una moción contra la conocida como ’ley mordaza’. La coalición quiere conseguir el apoyo de los grupos políticos en el Pleno para ’exigir al Gobierno de la Nación, la retirada inmediata del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana’ porque a su juicio supone ’un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticas’.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Veintiún años después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad ciudadana 1/92, también denominada “Ley Corcuera”, que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP prepara, en su tónica del “reformazo regresivo”, un nuevo proyecto de Ley, que vendrá a sustituir la ya criticable ley del 92, que costó el cargo al entonces Ministro del Interior.

Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.

La discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta Ley como la “Ley Mordaza”. Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales.

La norma pretende tipificar nuevas figuras delictivas, considerando tales como los escraches (a diferencia de la opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que declaró que “no es posible decir a priori si un escrache es o no legal”), las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad  a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.

Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley, nos indica que este proyecto de “Ley Mordaza”, vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad.

Y no únicamente tiene esta opinión IU, sino que es el propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, quien ha calificado de “altamente problemática” la propuesta de ley. Nils Muiznieks, su responsable de derechos humanos, duda de que “estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática” y cree que se debería velar por la seguridad “sin interferir demasiado en la libertad de reunión” y de manifestación.

Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticas, que son encorsetadas en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político.

Señores del PP, la democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combarte de forma integral, con educación, con promover una vida digna, con eliminar las diferencias sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el castigo.

Por todo lo anterior, proponemos los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Exigir al Gobierno de la Nación, la retirada inmediata del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.

Segundo.- Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como  la Ley Orgánica general penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.

Tercero.- Exigimos la dimisión del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la presente Ley, cuyos postulados preconstitucionales, son inconcebibles en una democracia, así como, por su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos, defendiendo el uso de concertinas que dañan a numerosos seres humanos en nuestras fronteras, que solo desean una vida mejor.



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