Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

El derecho al trabajo: solidaridad frente a caridad

Antonio Márquez de Alcalá (*)

El Partido Popular ganó las elecciones el pasado 20 de noviembre haciendo de la creación de empleo el santo y seña de su campaña electoral. Repitiendo machaconamente el mismo eslogan, pero sin explicar cómo iba a ponerlo en práctica, se nos solicitó a los ciudadanos que nos sometiéramos a un acto de fe ciega y acudiéramos a votarles a las urnas. Y la jugada les salió bien. Pero con independencia de la valoración que pueda hacerse de las elecciones, hoy ya podemos ver la fórmula magistral con la que los demiurgos del PP pretenden transformar España en un remanso de pleno empleo y paz social: congelación histórica del salario mínimo, minijobs, recortes millonarios en los servicios públicos, privatizaciones, propuestas de reforma laboral regresiva y subidas de los impuestos indirectos, que en la práctica repercuten más negativamente en las rentas del trabajo.

Y es que para los miembros y seguidores de este partido, como ellos mismos no se cansan de repetir, el trabajo se concibe como un regalo que los “creadores de empleo†entregan graciosamente y con mucho sacrificio a la sociedad. En consecuencia, el que no trabaja es porque no se esfuerza en hacerse empresario o en conseguir la gracia de alguno. Lo que ocurre es que esta trampa es muy vieja; no es más que la enésima reedición, en términos económicos modernos, del concepto de caridad cristiana, muy caro también al Partido Popular y medios afines. Justifican la desigualdad con la propia desigualdad. El rico necesita que el pobre siga siendo tal para poder ejercer la caridad, y cuando se trata de trabajo ocurre exactamente lo mismo: un reparto justo de la riqueza y del trabajo no entra en los cálculos del privilegiado.

Frente a esta concepción de la caridad cristiana, han sido las lógicas de la solidaridad y el igualitarismo, y sus portadores, los trabajadores organizados y los movimientos sociales, quienes históricamente han levantado las instituciones y los derechos que constituyeron el Estado de bienestar, uno de cuyos pilares más olvidados en la agenda mediática es el derecho al trabajo y también el propio Derecho del trabajo, con todas sus regulaciones y protecciones, y con el objetivo estratégico del pleno empleo. Aquí el trabajo pasa a entenderse como un derecho universal que ha de ser garantizado por el Estado, no como una limosna que se mendiga a los empleadores. Pero entender el trabajo como un derecho obliga a un cambio de paradigma y de actitudes, no sólo al Estado y a las administraciones públicas, sino a la propia población trabajadora. Y ahí es donde entra la capacidad de respuesta de los trabajadores y la ciudadanía frente a la caritativa chulería de la derecha, la CEOE y la banca. Entender el mundo del trabajo desde esta otra óptica nos obliga a:
- Ser exigentes al demandar la concreción efectiva del derecho al trabajo y movilizarse para ello, reclamando a empresas e instituciones una reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Cuando, en época de crisis, el trabajo escasea al tiempo que los beneficios aumentan, la consigna de trabajar menos para trabajar todos es más necesaria que nunca.
- Exigir también un trabajo de calidad, estable y con garantías, a parte de la necesaria multiplicación cuantitativa del número de empleos.
- Solidarizarse con quienes se encuentran en situación de desempleo y denunciar a los responsables. Un caso especialmente sangrante es el de las mujeres, cuya participación en el empleo sigue siendo mucho menor que la de los hombres y generalmente ocupan los sectores laborales más precarizados.
- Organizarse en sindicatos para defenderse, así como buscar asesoramiento para crearlos o nuevas formas de organización sindical, en aquellos sectores donde, por sus altas tasas de precariedad y temporalidad, la sindicación resulte difícil. Saber ir más allá de la demagogia mediática con respecto al sindicalismo.
- Y sobre todo, concebir las relaciones laborales de otro modo: pensar que el trabajo y el empleo no son setas que reparten los que las tienen, sino que todos tenemos capacidad de trabajo, de crear riqueza y de decidir cómo repartir ambos bienes, trabajo y riqueza, de manera democrática. Ya es hora de comenzar a plantear, sobre estas premisas, un nuevo contrato social del mundo del trabajo.

Un último apunte crítico sobre algo que a primera vista no parece guardar relación con todo esto. La reciente propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre la posibilidad de juzgar como delito el incumplimiento del déficit, supone una agresión directa a cualquier tipo de fuerza o ideología de izquierda que pretenda una expansión del gasto público para redistribuir la riqueza y generar empleo de calidad. Esta propuesta, en sintonía con la reforma constitucional del año pasado pactada por PP y PSOE para limitar el déficit público y satisfacer a las grandes entidades financieras internacionales, marca una vez más la línea divisoria entre quienes, en un lado, abogan por la caridad y la injusticia, y quienes, en el lado opuesto, abogamos por la solidaridad y el igualitarismo.

(*) Antonio Márquez de Alcalá es sociólogo y militante de Izquierda Unida.

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