Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

La Ley Mordaza y el largo proceso para anularla

Vías de actuación, en la calle y en las instituciones judiciales, para conseguir tumbar la futura Ley de Seguridad Ciudadana.

Tras la aprobación en el Pleno del Congreso, con los únicos votos a favor del Partido Popular, la promulgación definitiva de la Ley de Seguridad Ciudadana está prevista para febrero de 2015. A partir de ahí, su publicación en el Boletín Oficial del Estado y un mes más para que entre en vigor, según el texto definitivo de la ley con las enmiendas aprobadas, y empiecen a gotear las primeras sanciones relacionadas con movilizaciones sociales. 

El proceso es largo y costoso, más con las tasas judiciales aprobadas por el Gobierno del PP en 2012. El texto Burorresistiendo. Manual de emergencia y autodefensa contra las multas, elaborado por el grupo de trabajo de administrativo de Legal Sol, explica detenidamente el proceso tras la recepción de una sanción hasta llegar al juzgado contencioso administrativo, una vez terminada la vía administrativa y previo pago de las tasas judiciales, que irán de un mínimo de 100 euros hasta el 50% del importe de la sanción. Contra la resolución de este juzgado, si es negativa, se podrá recurrir a la sala del contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad y al Tribunal Constitucional, que decidirá si la aplicación de la ley en ese caso ha respetado o no la Constitución, creando un precedente que se podrá aplicar en los siguientes casos. “Ése sería el camino, pero es un camino individual”, señala Ruiz-Huerta, quien explica que la doctrina del Constitucional puede llevar, en la práctica, a anular la aplicación de la ley.

¿Derecho europeo como garante?

Pero, ¿y si el Tribunal Constitucional decide no anular la aplicación de la ley? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha obligado a España a no aplicar leyes que violan los derechos fundamentales. Una de las veces, en marzo de 2013, en relación con una ejecución hipotecaria en la que la familia se quedaba sin alternativa de vivienda, dando a los jueces la posibilidad de frenar desahucios. El juez, a instancias de un abogado de la PAH, presentó una cuestión prejudicial al Tribunal europeo, que actúa como vigilante de que los Estados miembro no violen la legislación comunitaria.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es otra de las instancias supranacionales desde la que se puede conseguir la anulación en la aplicación de la ley, después de agotar la vía judicial dentro del Estado español. Una sentencia de este tribunal, en la quesubraya el derecho de manifestación y reunión de los ciudadanos turcos, aunque sean manifestaciones no comunicadas y aunque se den situaciones de alteración del orden público, es, según señalan Ruiz-Huerta y la Comisión Legal Sol, un precedente para el caso español.

El proceso es largo y costoso, más con las tasas judiciales aprobadas por el Gobierno del PP en 2012. El texto Burorresistiendo. Manual de emergencia y autodefensa contra las multas, elaborado por el grupo de trabajo de administrativo de Legal Sol, explica detenidamente el proceso tras la recepción de una sanción hasta llegar al juzgado contencioso administrativo, una vez terminada la vía administrativa y previo pago de las tasas judiciales, que irán de un mínimo de 100 euros hasta el 50% del importe de la sanción. Contra la resolución de este juzgado, si es negativa, se podrá recurrir a la sala del contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad y al Tribunal Constitucional, que decidirá si la aplicación de la ley en ese caso ha respetado o no la Constitución, creando un precedente que se podrá aplicar en los siguientes casos. “Ése sería el camino, pero es un camino individual”, señala Ruiz-Huerta, quien explica que la doctrina del Constitucional puede llevar, en la práctica, a anular la aplicación de la ley.

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