Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU propone aumentar los ingresos municipales mediante impuestos y tasas que graven más a quienes más tienen y que sean más solidarios con las personas en paro y pensionistas

En el próximo pleno municipal EU planteará incrementar el IBI de las viviendas vacías en un 50%, arbitrar una línea de ayudas para subvencionar este impuesto a las personas en paro y unidades de convivencia con ingresos inferiores al IPREM, e imponer nuevas tasas y precios públicos que graven las antenas de telefonía, cajeros bancarios y ciertas actividades de calle (procesiones, desfiles, concentraciones) que requieran emplear personal y recursos municipales

La decisión tomada por la derecha gobernante en los parlamentos español y valenciano de incrementar impuestos y recortar servicios públicos implica una doble amenaza para los trabajadores y sectores de población más vulnerables, puesto que además del recorte de salarios y pensiones también se van a reducir unos servicios y prestaciones públicas que les resultan cada vez más necesarios en la actual situación de crisis económica y creciente desigualdad y exclusión sociales.

Dentro de esta ofensiva neoliberal del PP contra los derechos sociales y los servicios públicos (educación sanidad, dependencia, pensiones…) los Ayuntamientos también resultan afectados, puesto que han de seguir prestando unos servicios a la ciudadanía cada vez más necesitados y demandados pero que no cuentan con la financiación necesaria, de modo que para cumplir con estas demandas los Ayuntamientos no tienen otro remedio que extremar la austeridad, erradicar el despilfarro y buscar mayores ingresos de otras fuentes distintas al urbanismo y la especulación inmobiliaria. La moción presentada por EU para su debate en el pleno de finales de enero plantea desarrollar una fiscalidad municipal más justa y solidaria, buscando que contribuyan más al sostenimiento y desarrollo de los servicios públicos municipales quienes más tienen.

Juanjo Llorente, concejal de EU de Aldaia, señala: “La verdad es que el sistema fiscal de los municipios resulta bastante complejo, porque dentro de la democracia recortada en que vivimos, los Ayuntamientos tienen muy poca capacidad y autonomía para gestionarla. Pero aún así, todavía son posibles ciertas medidas. En particular, la legislación permite y por eso proponemos una subida del IBI del 50% para las viviendas vacías. Lo que, además de incrementar los ingresos municipales para poder destinarlos a mantener los servicios públicos también servirá para estimular el alquiler de viviendas bajando los precios y aumentando la oferta. Pues resulta inconcebible que, con el gran incremento de desahucios que venimos padeciendo, sólo en Aldaia existan más de 2000 viviendas vacías, según los datos de la Generalitat Valenciana.â€

(Ver en el siguiente enlace: http://www.pre.gva.es/pls/argos_mun...)

“Del mismo modo, sigue diciendo Juanjo Llorente, desde EU consideramos que el Ayuntamiento, para mejor atender a toda la población, el Ayuntamiento debe pedir una mayor responsabilidad social y compromiso económico a los bancos (cajeros) y grandes compañías telefónicas, así como a las asociaciones de ciudadanos y ciudadanas de carácter religioso y cultural que empleen recursos municipales (policía, vallado, obras, equipamientos) para ciertas actividades de calle†.

“Téngase en cuenta, añade finalmente Juanjo Llorente, que con estos mayores ingresos municipales se podrán incluso arbitrar un sistema de ayudas solidarias para unas personas en paro y unidades de convivencia con ingresos por debajo del IPREM que, de otro modo, tienen muy complicado poder pagar el IBI que acaba de incrementar linealmente el gobierno Rajoy†.

ANEXO.-MOCION POR UNA FISCALIDAD MUNICIPAL MÃ S JUSTA Y SOLIDARIA

Dentro del actual régimen de democracia “recortada†y como uno más de los elementos ilustrativos de esta situación de déficit democrático, cabe destacar las grandes insuficiencias de financiación pública que padecen las administraciones locales y que coincide con la falta, ampliamente criticada por los expertos y muchos responsables públicos, de una regulación de los impuestos y tasas municipales que los haga más acordes con la cuantía de recursos necesarios para sufragar las prestaciones y servicios públicos dispensados, y también más coherentes con los principios de suficiencia financiera y de autonomía de los entes locales que establece la propia Constitución española de 1978.

Esta doble necesidad de incrementar la financiación pública y también la potestad de las administraciones locales para aplicar una fiscalidad más justa y redistributiva con la que atender debidamente las necesidades y demandas ciudadanas, resulta aun más obligada considerando la situación de crisis económica por la que atravesamos y la imposición que se viene haciendo desde el estado y desde las comunidades autónomas de políticas neoliberales basadas en la lucha prioritaria contra el déficit presupuestario y en la aplicación de graves recortes y privatizaciones de prestaciones y servicios públicos. Todo ello, precisamente, cuando más necesaria resulta esta intervención pública para promover la creación de puestos de trabajo, relanzar la economía productiva y desarrollar un estado de “bienestar social†que posibilite garantizar unas condiciones dignas de vida a toda la ciudadanía.

Pero, para frenar esta escalada de recortes presupuestarios que inevitablemente favorecen una mayor desigualdad, pobreza y exclusión social dentro de cada municipio, la única política sensata desde los ayuntamientos consiste en tratar de mantener, cuanto menos, las prestaciones y servicios ya dispensados a la ciudadanía, lo que a su vez exige de los responsables municipales un claro compromiso por la austeridad en el gasto y por la obtención de mayores ingresos aplicando una fiscalidad más justa y solidaria en los ámbitos y materias de su competencia. Una fiscalidad que tenga en cuenta y defienda en primer lugar, por encima del interés de quienes más tienen, las necesidades y capacidad económica de las personas y núcleos de convivencia residentes en el municipio que cuentan con menores recursos.

La propuesta de Esquerra Unida de Aldaia es que este ayuntamiento acuerde modificar en lo posible las ordenanzas fiscales a fin de reorientarlas en esta dirección, puesto que -aun con las restricciones y limitaciones impuestas por el actual marco legislativo- los ayuntamientos aún tienen cierto margen para poder obtener mayores ingresos de una manera más justa y redistributiva.

En este sentido, y considerando también que los ingresos directos e indirectos del Ayuntamiento de Aldaia en ejercicios anteriores han supuesto más de la mitad del total del presupuesto anual, proponemos modificar las ordenanzas reguladoras del IBI, así como introducir nuevas tasas y precios públicos.

En el caso del IBI, la necesidad de modificar la ordenanza reguladora resulta también requerida ante el incremento impuesto por el Gobierno Rajoy (Decreto-Ley de ajuste presupuestario del 30 de diciembre) y que en el caso de nuestro municipio supone elevar linealmente un 4% esta tasa al 50% de los inmuebles que más contribuyen.

Por todo ello, el grupo de Esquerra Unida del Ayuntamiento de Aldaia presenta a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO:

1.-Este ayuntamiento acuerda modificar la ordenanza reguladora del IBI, incluyendo un incremento del 50% de su cuantía, que es lo máximo que permite la legislación vigente, en el caso de las viviendas no ocupadas y que, según el último censo disponible en la base de datos municipales de la Generalitat suponen un parque municipal de más de 2000 viviendas.

2.-Este ayuntamiento acuerda igualmente, a fin de compensar el incremento lineal del 4% del IBI del Gobierno Rajoy, abrir una línea especifica de ayudas para pagar el IBI en el caso de unidades de convivencia con todos los miembros en paro.

3.-Este ayuntamiento acuerda también iniciar la redacción de unas ordenanzas específicas para imponer tasas por instalaciones y por la ocupación de vía pública de cajeros bancarios, ya que el Tribunal Supremo acaba de dictaminar que ello es conforme a derecho.

4.-Este ayuntamiento acuerda, finalmente, modificar la tasa reguladora por ocupación de la vía pública con espectáculos, a fin de incluir entre los mismos las procesiones, desfiles, marchas y actividades lúdicas diversas.

Aldaia, 18 de enero de 2012



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