Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU Aldaia presenta una moción para intensificar las medidas municipales contra la violencia de género. También queremos evitar que el próximo 25 de Noviembre se quede en un brindis al sol más al que nos tiene acostumbrados el PP

A mediados de octubre de este año el número de mujeres asesinadas por violencia de género fue de 71 mujeres —47, según las cifras oficiales que siguen el criterio impuesto por la Ley de Violencia de Género de 2004—. Y, en esas mismas fechas, también el BOE publicó el acuerdo del Consejo de Ministros de ‘criterios de distribución’ para garantizar en 2014 la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. Asistencia que, de acuerdo con el convenio de Estambul que ha entrado en vigor desde el 1 de agosto de este año, deben organizar las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales bajo los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad, concretada en la atención jurídica, psicológica y social de las mujeres víctimas o en riesgo de serlo y los menores a su cargo.

Como se ve, se trata de un ambicioso objetivo que requiere una gran cantidad de recursos.

Pues bien, para atender a tantos servicios y realizar tan gran número de actividades que se refieren a un universo de 2.500.000 de mujeres maltratadas —y un número indeterminado de menores— el gobierno ha destinado tan sólo 4,3 millones de euros para toda España y para todo el año 2014.

En el caso particular del País Valencia y de Aldaia, ni que decir tiene que, siendo el mismo partido el que gobierno también resultan equiparables sus políticas de ajuste duro y recorte que están provocando, directa e indirectamente, tanto malestar social y creciente criminalidad de género

Moción de Esquerra Unida por un plan municipal integral contra la violencia de género y por una conmemoración honesta y consecuente del próximo 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961). Este día se ha ido convirtiendo poco a poco en una fecha emblemática para el pronunciamiento social e institucional contra todo tipo de violencia hacia las mujeres.

Sin embargo, aunque en el ámbito de las administraciones públicas se han dado y se siguen dando pasos importantes para generar una conciencia social de repulsa y rechazo a este tipo de violencia sexista, en todos los lugares del mundo, la violencia de género sigue siendo una de las señas de identidad patriarcal que aún invade nuestras vidas cotidianas y contra la que tenemos que seguir luchando; ya que tan condenable es quien la ejerce, como las instituciones que la justifican, la mantienen, la perpetuan o la toleran. La violencia de género, la violencia contra las mujeres, se representa de muy diversas formas expresas y visibles: violaciones, acosos sexuales y laborales, en el sexismo publicitario, en la trata de mujeres y niñas, en la prostitución camuflada como “negocio”, en la mutilación genital, en la feminización de la pobreza, en la marginación de la política, en la eliminación de nuestra Historia, en los matrimonios concertados, en los asesinatos por honor, en la desigualdad salarial, en la imposición del burka, y de forma simbólica a través de pautas culturales que trasmiten y reproducen comportamientos discriminatorios y sexistas.

La otra cara que muestran todos estos hechos es que, con frecuencia apabullante, los mismos que por acción u omisión los promueven i consienten, son también los primeros en aparecer públicamente denostándolos y lanzando proclamas vacuas, inconsecuentes, hipócritas. Este es precisamente el caso de aquellos gobernantes y políticos que cada 25 de Noviembre, aun siendo directos responsables de la falta de recursos y de asistencia públicas para estos problemas de la violencia de genero en sus diversas vertientes, se limitan a condenar y lanzar loas al sol evadiendo cualquier compromiso concreto y fehaciente desde la institución que gobiernan.

A este respecto, resulta especialmente ilustrativo lo que ocurre con la vigente ley Integral contra la violencia de género que en el 2004 aprobó el gobierno Zapatero (pese a existir francas criticas del movimiento feminista por sus insuficiencias). Una ley que, desde que está en el poder el PP, viene siendo objeto de continuos recortes presupuestarios, tanto en materia de políticas de igualdad en general (33% en esta legislatura) como de violencia de genero en particular (22% desde la llegada al Gobierno del PP). Además de que esta ley también está siendo amenazada por las sucesivas reformas legislativas introducidas por este partido y que atentan contra su espíritu y buena parte de su articulado. Estos son los casos, por ejemplo, de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Ley Wert), o de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administraci6n Local, por citar sólo dos casos.

De este modo, mediante la Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e impuesta por el Gobierno del PP que entró en vigor este año, califica como “impropias” las competencias que los Ayuntamientos y demás entes locales venían ejerciendo en materia de Igualdad y de Violencia de Genero, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo específico que realizaban los servicios sociales municipales.

EI Gobierno del PP esta poniendo a la sociedad española y valenciana en una encrucijada muy peligrosa, no solo por desmantelar sistemáticamente la lucha contra la violencia de genero a base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos ideológicos, legales y simbólicos, hasta el punto de casi haber hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia de genero de sus prioridades, tal como muestran incontestablemente los presupuestos destinados cada año a estos temas.

Por todas estas razones, y sobre todo por el incesante incremento de este tipo de problemas de violencia y discriminación de genero, desde los ayuntamientos y las instituciones públicas en conjunto, se hace todavía más necesario redoblar los esfuerzos y volver a colocarlos como prioridades políticas a la hora de atender las necesidades y problemas más graves que pueden llegar a sufrir una población que puede llegar a representar incluso más del 50% del total.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Esquerra Unida, presenta para su aprobación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. Este Ayuntamiento se compromete a realizar un plan integral contra la violencia de género, que recorrerá transversalmente todos los programas presupuestarios, de tal manera que se convierta en una prioridad política irrenunciable, con dotación económica para su correcta ejecución y para asegurar que existan los recursos necesarios para las mujeres víctimas de violencia dentro del municipio de Aldaia.

2.- Ante la perspectiva de este 25 de noviembre del 2014 y en coherencia con lo anterior, este Ayuntamiento también se compromete públicamente a impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protecci6n Integral contra la Violencia de Genero en coordinación con las restantes administraciones públicas, tanto locales como autonómica y estatal.

3. Este Ayuntamiento, gobernado por el mismo partido que ha firmado el llamado “Convenio de Estambul” del Consejo de Europa y que ha entrado en vigor desde el 1 de agosto de este año (Ver BOE del 6 de junio de 2014), se compromete igualmente a garantizar su aplicación en el ámbito municipal.

4.-Finalmente, este ayuntamiento también se compromete a exigir al gobierno de la nacióndiversas reforams urgentes en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todo ello con el propósito de hacer mas efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas mejores que padecen la violencia de género en su núcleo familiar, asegurar el pronunciamiento expreso del Juez respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos, procurando su mayor seguridad y atención, así como las medidas concretas necesarias de asistencia y protección social integral.



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