Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

El bloque ocupado por la PAH en Barrio del Cristo cumple un año a la espera del alquiler social

’Ca Esperança’ acoge a seis familias: 17 adultos y 6 menores procedentes de desahucios, que no reciben ninguna ayuda. Mientras, esperan con incertidumbre una sentencia judicial.

Son casi las 14.30 horas. Carlos y Juan apremian a apurar la charla porque una de las hijas de Sara está a punto de volver del instituto y tienen que retirar la pancarta que han colgado para conmemorar el primer aniversario de Ca Esperança, el edificio ocupado de la Obra Social de la PAH en la Comunidad Valenciana, ubicado en Aldaia (Valencia). Antes sus balcones estaban repletos de proclamas contra los desahucios, pero la adolescente llega acompañada de sus amigas y pidió que las retirasen porque le daba vergüenza. Solo tiene 12 años y quiere vivir en la normalidad, dentro de lo posible. Su familia, como el resto de las que habitan en la finca, ha pasado de la noche a la mañana de una vida de clase media a tener serias dificultades para poder comer.

Ca Esperança cumple un año y las ejecuciones hipotecarias no hacen más que dispararse en la Comunitat Valenciana: según una estadística presentada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en octubre, en el segundo semestre aumentaron un 55,3% en relación con el mismo periodo de 2013. Dicho informe también señalaba que en la primera mitad de 2014 se han practicado 18.749 lanzamientos en la Comunitat, un 3,7% más que el año anterior. Más de la mitad (un 53,8%) se debieron a impagos por el alquiler. Es la segunda comunidad con la cifra más elevada, por detrás de Catalunya.

La finca era antes propiedad del banco Mare Nostrum. Las personas que compraron las viviendas perdieron su poder adquisitivo y, con ello, el dinero que ya habían pagado por su futuro piso. El banco se desentendió y el inmueble pasó a formar parte del grueso de activos tóxicos de la Sareb. El 16 de octubre de 2013, la PAH decidió "recuperar" la finca y darle un uso social: un techo para algunas de las tantas personas que acuden a sus asambleas y que, tras sufrir un desahucio, no tienen a dónde ir.

17 adultos y 6 menores

Hoy viven seis familias en Ca Esperança. Un total de 17 adultos y 6 menores de entre 4 y 15 años. Todos proceden de desahucios y lograron la dación en pago, pero se encuentran en riesgo de exclusión social y ninguno tiene trabajo. Cuando llegaron los primeros habitantes, la finca no era habitable. Abandonada, era atractiva para muchos que entraban para saquearla. "No había ni luz ni agua. Se llevaron las bombillas, las puertas, los cables de cobre, reventaron los plomos y las tuberías... La PAH, con personas que tenían conocimientos de carpintería o fontanería, restauraron las viviendas", relata Juan, que llegó tras haber hecho diversas protestas en su Elche natal y una acampada de más de 200 días frente a la Consellería de Infraestructuras en Valencia.

Ca Esperança tiene siete viviendas. Una de ellas, en la planta baja, se utiliza como sala común. Ahí comparten la lavadora, cocinan, almacenan todo lo que consiguen o imparten talleres de bisutería para ellos mismos con el que elaboran objetos que venden en mercadillos. Una de las familias lleva un mes en la finca y, cuentan, es la primera vez que expone su problema en público: una pareja de Patraix con cuatro hijos, desahuciada porque no pudo afrontar el pago de la hipoteca tras perder sus empleos. A pesar de estar arropado por personas en su misma situación, Carlos habla en voz bajita, con mucha educación, pero da la sensación de que lo hace con un atisbo de miedo o de culpabilidad.

Loli acaba de volver indignada de la farmacia. Está enferma: un cáncer. Antes de entrar a vivir en Ca Esperança, la contrataron en una cocina donde estuvo dos meses trabajando trece horas diarias. Cuenta que no le pagaban y que ahora ha descubierto que le dieron de alta en la Seguridad Social solo cuatro días. "Ahora por culpa de eso, para la SS tengo que pagar el 20% de la medicación. En la farmacia me han pedido 180 euros que no tengo, así que he tenido que dejarla", explica. En una segunda visita a la finca, se encontraba en cama, indispuesta, y sus familiares temían por una recaída.

Loli dice que no se imaginaba su vida así hace dos años: "He sido cocinera toda la vida y nunca me ha faltado la faena". Ahora vive en Ca Esperança con sus hijos de 20 y 24 años, quienes, "desesperados", no encuentran nada de trabajo. Muy a su pesar, a su tercer hijo lo han acogido sus cuñados en casa. "Al menos allí tiene para comer, no como aquí".

Delito de ocupación

A día de hoy, pesa una orden de desalojo cautelar abierto sobre el edificio. El 9 de junio cuatro personas fueron a juicio en Torrent por una denuncia de la Sareb, cuya sentencia todavía no se ha resuelto. Sara, con cuatro hijos (una de seis años), es una de las personas acusadas de usurpación de inmuebles y de las más veteranas en Ca Esperança. "El juez me dijo: ¿Tú sabes que está mal lo que has hecho? -cuenta Sara- Claro que sí, le respondí, pero lo volvería a hacer. ¿Cómo me quedo con cuatro niños en la calle? En casa de un propietario no, pero en la casa vacía de un banco, que tiene miles de pisos cerrados, sí. Mi hijo a veces pasa por la casa que nos quitaron, porque tiene amigos ahí, y me pregunta que por qué nos hemos tenido que ir si está vacía".

Un miembro de la PAH Horta-Sud asegura que el juez ya se manifestó reticente a echar a los habitantes de Ca Esperança. Ellos saben que a nivel legal realizan una acción punible, pero enfatizan que con su presencia -que cuenta con el apoyo del resto de vecinos del barrio del Cristo de Aldaia- el edificio se mantiene en buenas condiciones, evitan más robos en la finca e incluso han mejorado sus condiciones de habitabilidad.

La ocupación ilegal no es una opción de vida para ninguno de ellos, como aclara Juan: "Queremos tener una vida normal, una vivienda digna con un precio mensual que se adapte a nuestros ingresos, estar con nuestra familia...". "No entramos aquí para vivir por la cara. Se pasa muy mal, de verdad", insiste Sara, que intentó suicidarse tras el desahucio. Confiesan que, por miedo a las consecuencias penales, muchas personas han abandonado Ca Esperança y se han intentado realojar en casa de familiares.

Tienen muy claro por qué luchan: reivindican un alquiler social que se adapte a los ingresos de cada uno -prestación por desempleo, limpieza esporádica de pisos o ayudas económicas de familiares- y con la posibilidad de revisarlo cada cierto tiempo si cambian sus circunstancias laborales. "Pero un alquiler social no te lo dan si no tienes un contrato laboral", objeta Loli. "Necesitamos un alquiler social porque no podemos pagar 500 euros al mes. Los bancos, a quienes hemos rescatado, tienen muchos pisos vacíos. ¿Quién nos rescata a nosotros?", protesta Sara y añade: "Aquí vivimos con el miedo constante a que, el día menos pensado, salga la sentencia y nos dejen a todos en la calle".

Explican que la PAH está negociando con la Sareb para conseguir alquileres sociales para las familias en otros pisos o en la misma Ca Esperança, intentando repetir la victoria del bloque de 40 viviendas de Sabadell que el conocido como "banco malo" cedió a la Agencia de Vivienda de Catalunya. Fuentes de la Sareb han declarado, no obstante, que no piensan hablar con la Plataforma porque cometen "un acto ilegal" y "no son las formas" y que la negociación la llevan a cabo con los organismos competentes de las comunidades autónomas.

Sin ayudas

Los habitantes de Ca Esperança denuncian que su precaria situación se agudiza por la imposibilidad de empadronarse. "Para recibir ayudas como la renta garantizada o servicios sociales necesitamos empadronarnos, pero esto no tiene ni cédula de habitabilidad y aunque el Ayuntamiento sabe que estamos aquí, siempre nos ponen alguna pega burocrática", lamenta Loli.

Precisamente por ello, y a pesar de vivir enfrente de un instituto, hay adolescentes como los hijos de Carlos que todavía van a clase cada día a Patraix, en Valencia, desde Aldaia. Los niños de Sara son los únicos que han conseguido el traslado a un colegio del pueblo porque consiguió el empadronamiento gracias a la ayuda de unos vecinos. ¿Y los familiares? "En casa de mi madre viven cinco personas con una pensión de 600 euros. Mis suegros algún día pueden ayudar, pero no todos, y hay que comer todos los días", sostiene Loli.

Ca Esperança está abierta a todo tipo de donaciones. A veces los mismos vecinos del barrio les regalan prendas de ropa o algo de comida. Y a las personas que acuden a pedir ayuda, también se la ofrecen, si pueden. "Hay que pasar por esto. Si alguien nos pide una manta o ropa para bebé y lo tenemos, lo damos. Si no, lo pedimos", afirma Sara con rotundidad. Esta veterana quiere convertir Ca Esperança en un centro de recolecta y ayuda para ellos y para otras personas que se encuentren en su misma situación. "No pedimos dinero, sino libretas, ropa, un kilo de arroz... lo que sea", especifica.

Loli dice que "hace meses" que no ve la carne. "Ni pintándola", añade Juan con una sonrisa, rebajando la tensión. Cuentan que su menú se basa en la pasta y el arroz. Con tomate, "cuando lo hay"; cuando no, "blancos". Y cuando pueden, comparten lo poco que tienen. Todos asienten, enérgicamente, cuando se les pregunta si se llevan bien y hacen vida juntos. "Como todos tenemos el mismo caso, nos apoyamos, aprendemos de los otros y nos ayudamos como podemos", asegura Sara. Loli la secunda: "Somos seis familias, pero como si fuéramos una. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer?".

Una luz de esperanza

"La PAH la ha mandado Dios a la humanidad", así elogia un marroquí que prefiere permanecer en el anonimato la labor de la Plataforma. Él fue uno de los primeros habitantes de Ca Esperança y su caso es paradigmático y una luz de esperanza para sus compañeros: tras un tiempo en el paro, volvió a conseguir un trabajo y, después de mucho luchar e insistir, logró un alquiler social de 100 euros al mes en la misma población de Aldaia.

Su historia es similar a las demás: tenía un trabajo fijo con puesto de responsabilidad en hostelería y optó por comprarse un piso. "Era todo muy fácil, sin control, sin pensarlo mucho te metías en el saco", recuerda. Tiempo después llegaron de Marruecos su mujer y su hija de cuatro años. Con la crisis perdió el trabajo y con la prestación por desempleo continuó haciendo frente a la hipoteca, ya que no se le ocurría dejar de pagarla. Hasta que agotó las ayudas y se vio sin nada. "Tomar la decisión de dejar de pagar no es fácil", asegura. A su hija la enviaron, con dolor, de vuelta a Marruecos para vivir con sus abuelos.

Ahora, en régimen de alquiler, dice que le ha cambiado la cabeza, que no volvería a comprar un piso y tilda las hipotecas de "esclavitud". "Los bancos no te dan la opción de que, si te arrepientes de la decisión que tomaste con 26 años, puedas devolver el piso y la deuda", objeta. Hoy sigue visitando las asambleas y Ca Esperança cuando su trabajo le deja tiempo libre, ya que, insiste con vehemencia, "es importante seguir apoyando a las personas que lo necesitan".

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