Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

El 1 de noviembre colectivos ciudadanos realizarán acciones denuncia contra la ley mordazas de reforma del código penal

Este sábado hay prevista una acción de calle en la que se espera llenar la madrileña plaza de Sol (12:00 horas) de ciudadanos con mordazas, con la idea de representar el rechazo colectivo a esta ley y el ataque a derechos fundamentales de la democracia como la libertad de expresión y de reunión, de aprobarse el citado proyecto.  Este acto que será replicado tanto a nivel nacional como internacional, consistirá en la lectura de la “Enmienda total ciudadana” a la ley, seguido de un grito mudo con mordazas que terminará con una actividad colectiva en respuesta al maltrato generalizado a nuestros derechos.   

La Plataforma No Somos Delito, continúa manifestándose para mostrar el rechazo de la ciudadanía a la Ley Mordaza, que este mes ha acelerado sus trámites en el Congreso y de seguir con este ritmo podría ser aprobada en un mes aproximadamente. Tras el acto simbólico de denuncia a las puertas del Congreso junto a partidos de la oposición, la Plataforma considera que la respuesta ahora está en la calle: “Ante la mayoría absoluta del Partido Popular hay que visibilizar el rechazo total de la ciudadanía hacia una ley que atenta contra pilares fundamentales de la democracia”.

Desde No Somos Delito hacemos un llamamiento a la ciudadanía para oponerse tanto a la aprobación de la Ley Mordaza como la Reforma del Código Penal y pedir al gobierno que retire estos dos proyectos letales para la democracia. Estas reformas en justicia forman parte de un paquete de medidas en trámite parlamentario como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todas ellas dirigidas a criminalizar las libertades civiles, reducir nuestras garantías sociales, castigar la protesta social pacífica y, en especial, las situaciones de pobreza. 

Respuesta a las protestas sociales contra la crisis

Para el colectivo ciudadano, el gobierno pretende sacar adelante  la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en contra de la opinión de todos los partidos de la oposición, con la idea de convertir en delito y acallar muchas de las protestas y movimientos sociales ciudadanos nacidos para luchar contra los recortes sociales de la crisis.

La Ley Mordaza introduce una serie de conceptos extremadamente vagos e imprecisos cuya interpretación queda en manos del propio Gobierno, ampliando el margen de discrecionalidad y arbitrariedad de los agentes de policía en su actuación. Con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se dará vía libre a las fuerzas de seguridad del estado para realizar redadas preventivas, para disolver manifestaciones basándose en percepciones muy subjetivas sin necesidad de prueba, vulnerando derechos humanos como la libertad de manifestación o expresión.

El gobierno pretende justificar esta ley en base a una necesidad de protección y seguridad ciudadana que, en realidad, no existe. Si observamos las estadísticas oficiales de los últimos años todo apunta hacia una disminución acusada en el número de delitos (exceptuando los casos de delitos informáticos y económicos), lo que coloca a España muy por debajo de la media europea, como se puede ver en el Balance de la criminalidad 2013 del Ministerio del Interior). Tampoco es cierto que la población se haya mostrado preocupada por un presunto aumento de la inseguridad, ya que según las propias estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas, la inseguridad ciudadana es una preocupación menor para los españoles, ocupando el duodécimo puesto de las encuestas públicas, por detrás de la sanidad, la educación, el paro, la situación económica o la corrupción.

La reforma del Código penal

La llamada Ley Mordaza no viene sola. Aunque hay fuentes que apuntan que no se aprobará en esta legislatura, la ley se acompaña de otras reformas retrógradas y peligrosasas como la Reforma del Código Penal, que supone un marco jurídico superior. La Reforma del Código Penal pensada, según defiende el gobierno, para "combatir a los autores de los delitos más graves",incluye nuevas penas para conductas que apuntan directamente a colectivos que no suponen ningún peligro para la sociedad, como los activistas, los inmigrantes y las personas sin recursos, y sin embargo no endurece el castigo contra la corrupción ni contra otros delitos cometidos sólo por quien maneja grandes cantidades dinero. En un país gravemente afectado por la corrupción, nos parece muy grave encontrarnos con un nuevo Código Penal que será menos severo que el actual con los políticos que roben dinero público y en cambio llevarse sin pagar una botella de leche en un supermercado será delito y supondrá antecedentes penales. Y todo esto en un país que atraviesa uno de los episodios más escandalosos en materia de corrupción.

No es una reforma contra la Corrupción

El gobierno anunciaba esta modificación del Código Penal como una forma de lucha contra el fraude fiscal. Si bien es cierto que se han regulado con mayor detalle algunas de estas conductas, no es cierto que se hayan endurecido todas las penas, ni que se trate a todos los ciudadanos por igual, ni que se pretenda acabar con la corrupción. He aquí algunas de las contradicciones que los juristas y expertos de No Somos Delito denuncian que contiene el proyecto de Ley:

.Se amplían los delitos de corrupción por particulares para incluir la vertiente internacional, pero se atenúan las penas.

·Se rebajan las penas de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos (malversación de caudales públicos).

·No se aprovecha para sancionar las grandes estafas como las preferentes o la financiación ilegal de partidos.

·Además, con la Ley de diciembre de 2012, que entró en vigor en enero de 2013, lo que se ha hecho es institucionalizar un doble rasero entre los delitos cometidos contra la Seguridad Social y los cometidos contra Hacienda Pública. De esta forma, el cobro indebido de prestaciones de la SS es delito desde el primer euro (por ejemplo, si cobras un subsidio y a la vez cobras algo en negro). Sin embargo para defraudar en cuanto a las cuotas a la SS es delito a partir de los 50.000 euros y a la Hacienda Pública sólo a partir de estafas de 120.000 euros.

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