Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción de EU Ajuntament d’Aldaia por unas ordenanzas fiscales para 2015 más justas y solidarias, y por el establecimiento de una moratoria y auditoria de la deuda municipal antes de acabar la legislatura

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La deuda pública y el pago de sus intereses ocupan ya una parte más que importante en la distribución de los presupuestos generales del Estado y en los del País Valencià. Esta deuda afecta de forma negativa, y mucho, a los servicios que prestan los ayuntamientos. A ello se añade que también los mismos ayuntamientos, no sabemos hasta qué punto a consecuencia de lo anterior y/o tambien como resultado de una gestión inadecuada de los recursos, han ido endeudándose.

En concreto, el Ayuntamiento de Aldaia tiene actualmente una deuda con entidades financieras que asciende a 9.606.461 €, mientras que se prevé dentro del actual presupuesto pagar unos intereses en total de esta deuda aproximadamente de 338.000 €, más otros 2.527.900 € en concepto de amortización de capital, lo que suma un total de 2.865.900 €, lo que supone casi un 30 %. Tales cantidades, ciertamente nada desdeñables desde el punto de los recortes que estan suponiendo de los servicios y prestaciones municipales, revisten la mayor importancia también de cara a la elaboración de los presupuestos para el 2015. Pues actualmente el presupuesto de gastos de este año del Ayuntamiento asciende a poco más de 20 millones, mientras que el gobierno municipal emplea casi 3 millones en pagar a los bancos intereses y amortizaciones (un 15%).

Y es que la preocupación de los partidos mayoritarios de priorizar el pago de la deuda bancaria antes que la prestación de servicios a la población resulta evidente que conllevan graves consecuencias sociales empeorando sustancialmente las condiciones de vida de una gran mayoría de la población. Precisamente, lo que ya resulta público y notorio cada vez con mayor crudeza es que lo que realmente persiguen los bancos y demás organismos financieros prestamistas es imponer programas de austeridad y acelerar los procesos de privatización de los servicios públicos para mayor beneficio de las multinacionales y del sector de la economía basada en el lucro, la explotación y en ocasiones el expolio de los recursos en cada territorio y pueblo, a escala nacional e internacional. Pues tampoco debemos olvidar que, en base a esta deuda externa, también se cancelan las ayudas a aquellos países del sur con los que mantenemos una deuda por nuestra responsabilidad en su subdesarrollo social, ecológico y humano.

Como señala la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y reconoció hace tiempo el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre los efectos de la deuda externa en su informe de 13.08.2012, “las cargas excesivas de deuda externa tienen un impacto negativo en la realización de los derechos humanos y el desarrollo en los países deudores a través de la desviación de recursos de los servicios sociales básicos y a través de las condiciones adjuntas a los mecanismos internacionales de alivio de la deuda”. Y así mismo, la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos del las Naciones Unidas en sesión de 5 de julio de 2012 “Recuerda que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no debe verse condicionado por fórmulas específicas de política económica externas” y “Afirma que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la liquidación de deuda con fondos oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, en especial los derechos económicos, sociales y culturales”.

Y por otra parte, también resulta obligado señalar que una parte de esta deuda pública contraída por los sucesivos gobernantes neoliberales de las administraciones públicas, pueden tener un origen que no es legítimo, ya que se basa en rescates financieros que anteponen los beneficios de unos pocos a los de la mayoría; en unas políticas fiscales injustas para la mayoría; y en utilizar unos mecanismos financieros que no tienen más justificación que la de conceder preponderancia económica, política y social a bancos y otros organismos financieros.

Siguiendo esta misma espiral, la Constitución del estado español no hace mucho que fue reformada por imperativo de la Troika europea, lo que se hizo en el anterior legilativo, de forma urgente y con nocturnidad, en agosto de 2011. Una reforma que se orienta como ya hemos señalado a dar prioridad absoluta al pago del servicio de la deuda por encima de las obligaciones relativas a las necesidades básicas de la ciudadanía. Con ello, el gobierno del Estado español ha contraído con los acreedores financieros, y bajo la presión de estos, la obligación de priorizar el pago de la deuda pública sobre cualquier otra partida de gasto, forzando a los ayuntamientos y comunidades autónomas al cumplimento de este mismo compromiso. Al mismo tiempo, ha impuesto un techo de déficit del 3% del PIB que comenzó este 2014 -con la previsión de disminuirlo al 0.5% más adelante-, de imposible cumplimiento sin que afecte a la cobertura de bienes y derechos básicos de la ciudadanía, y con un reparto del esfuerzo que penaliza a las administraciones territoriales, incapaces de atender así al pago a sus proveedores y de dotar los servicios de bienestar social y de proximidad que son de su competencia.

Con ello, se vulneran convenios internacionales suscritos por el Estado español, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que califica los bienes básicos de la ciudadanía –salud, educación, alimento, seguridad económica y vivienda– como derechos universales e inalienables y, por tanto, de obligada tutela por los Estados, por encima de otros derechos de interés secundario o de grupo.

El Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento de la UE, que el gobierno utilizó para justificar el cambio constitucional, no está cumpliendo con los objetivos de garantizar el empleo y contener la deuda. El Estado español ha firmado unas reglas de juego que, por otra parte, han aumentado las desigualdades sociales, haciendo más ricos a los ricos y aumentando el nivel de pobreza de la mayoría. Por todo ello, este Pacto debería considerarse nulo de pleno derecho.

No podemos olvidar que toda operación de crédito acarrea un riesgo que debe de ser asumido por el prestamista. Sin embargo, la reforma constitucional ha anulado ese riesgo, trasladando las pérdidas de los prestamistas a los contribuyentes que las pagan con sus impuestos y, de forma diferida, a partir de la emisión de bonos de Deuda pública. Estas emisiones de Deuda pública soportan el sobrecoste de la cobertura del riesgo, cuando, éste, de iure, no existe para el bonista y, por ello, pueden considerarse emisiones en fraude de ley.

La reestructuración de la deuda y las quitas son prácticas reconocidas en la legislación internacional, y sabemos que la cancelación de las deudas ilegítimas han sido posibles en el pasado, tanto en Europa como en países en vías de desarrollo, y que dicha cancelación se relaciona con un alivio inmediato de las necesidades básicas de la población. La anulación de este derecho al sector público mientras se le permite al sector privado debemos considerarla dolosa, por lo que esta renuncia, incluida en la última reforma constitucional es una clausula leonina y de aplicación ilegítima.

Nuestra fuerza política asume y comparte las reivindicaciones de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, expresadas en esta moción y por ello, el concejal que subscribe, en su nombre y en nombre de Esquerra Unida formula las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO

1. Este Ayuntamiento acuerda que la ordenanza fiscal del año 2015 contemple una revisión de los impuestos municipales, con el objetivo de hacerlos realmente progresivos en función de la renta personal y familiar y aliviar a los sectores más débiles de la población.

2. Este Ayuntamiento acuerda declarar una moratoria inmediata en el pago de la deuda financiera del Ayuntamiento, a fin de incrementar los futuros ingresos y al tiempo posibilitar mayores servicios y prestaciones a la población, en estos momentos de desempleo estructurar y profundización del malestar social

3. Este Ayuntamiento acuerda también dar los pasos necesarios para realizar una Auditoría de la deuda municipal, para lo que sera necesario establecer una Comisión Independiente y Ciudadana de Auditoria de las deudas municipales basada en la apertura de todos y cada uno de los contratos establecidos con particulares, exponiendo sus condiciones y resultados al escrutinio público.

4. Como resultado de la auditoria ciudadana, y una vez garantizada la cobertura de los servicios públicos y las prestaciones sociales, de salud, educación, alimento, vivienda, seguridad económica y ecológica, establecer con los acreedores la reestructuración de la deuda legítima del Ayuntamiento.



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