Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU Aldaia apoya mediante una moción la sentencia del TSJ Valenciano contra el copago de servicios en materia de discapacidad y dependencia y exige la dimisión de la Consellera Asunción Sánchez Zapalana por sus políticas insolidarias y antisociales, tanto en este sector como en el de los servicios sociales generales

EU suscribe el llamamiento realizado por el Comité valenciano de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI CV), que actualmente representa a más del 95% de los 400.000 valencianos con algún grado de discapacidad para que los Ayuntamientos apoyen la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que anula el decreto del Consell que establece el copago para centros de mayores y discapacitados y rechacen el recurso de casación ya anunciado por la Consellera Sanchez Zaplana.

La semana pasada, el colectivo de EU del Barrio del Cristo ya inició una movilización reclamando el pago a los 180 destinatarios de la renta garantizada que la Consellería de Bienestar se comprometió a pagar y no ha hecho por falta de fondos, pero más recientemente también hemos conocido la sentencia del TSJ que echa por el suelo las políticas antisociales desarrolladas por el PP en la Generalitat y que, en el caso particular de esta Consellería resultan gravemente lesivas para el bienestar y los mínimos derechos de muchos valencianos y valencianas.

Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU en el Ayuntamiento de Aldaia, señala: “El sentido de la moción que presentamos es inequívoco: debemos parar como sea las politicas antisociales de esta Consellería y consellera porque, cada dia que pasa, ocasionan graves daños, a veces fatales, a muchas personas. Hay que decir basta y ser firmes y por eso pedimos la dimisión de la Consellera. Confiemos en que la sociedad ya haya sacado buena cuenta de a quienes no hay que volver a poner en la Generalitat Valenciana”.

Moción de Esquerra Unida contra el copago en atención a la Dependencia y contra las políticas antisociales de la actual Consellería y Consellera de Bienestar Social

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad introdujo profundas modificaciones en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Más allá de ser cuestionable efectuar cambios legislativos mediante el uso del RDL, el objetivo principal de la reforma, tal y como establece el mismo Preámbulo, es únicamente disminuir el nivel de gasto público en el sector de la dependencia.

La Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el País Valencià, supone el acatamiento sin ambages de esta doctrina neoliberal, estableciendo un copago de hasta el 90% a les persones dependientes y recortando prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar que, en algunos casos, llegan hasta el 70%, dejando muchas familias con ayudas de tan solo 20 euros.

Posteriormente, el pasado 6 de agosto de 2013, se publicó en el DOCV el Decreto 113/2013, de 2 de agosto, del Consell, por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales. Con esta disposición, el Consell extiende el copago a las personas con discapacidad que no tengan reconocida la dependencia y que necesitan recorrer a residencias, centros de día y de noche, teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centros de rehabilitación e integración y viviendas tuteladas.

Sin embargo, el pasado 7 de octubre el Tribunal Superior de Justicia Valenciano declaró “la integra nulidad de pleno derecho de este decreto” poniendo fin a una situación tremendamente injusta y que ha repercutidio muy desfavorablemente sobre la población de personas discapacitadas y sus familias, así como sobre los propios servicios sociales especializados. Porque, con la excusa de igualar el copago en las plazas públicas, tras recortar salvajemente la Ley de Dependencia, este decreto suponia un recorte drástico en este sector que ha conllevado consecuencias incluso fatales para muchas personas, al no poder copagar los servicios que estaban recibiendo y tener que depender en los casos en que era posible de sus familias y/o allegados.

Y es que, el “inhumano“ afán recaudatorio del Decreto resultaba del todo evidente, al establecerse, por ejemplo en el tercer párrafo del artículo 3.1 que "en los casos en que la aportación de la persona beneficiaria no sea suficiente para abonar en su totalidad su participación en el coste del servicio, corresponderá al reconocimiento de deuda correspondiente en su caso".

Pero a fecha de hoy, esta buena noticia todavía viene rodeada de incertidumbre, porque la consellera de Bienestar Social ya ha anunciado que recurrirá esta sentencia y que en cual quier caso buscará aquellas vias que permitan equiparables resultados: desmantelar el sector público de los servicios sociales especializados mediante la introducción del copago progresivo. Motivo por el que tanto las organizaciones de usuarios como sindicatos y partidos políticos mínimamente solidarios ya están exigiendo la dimisión de esta Consellera.

Los Ayuntamientos, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, siempre debieran defender los intereses y derechos de sus vecinos, sobre todo de los sectores más vulnerables, por encima de cualesquiera otros intereses partidistas y partidarios. Por eso resulta tan importante debatir en cada municipio e institución local estos problemas y llegar al acuerdo unánime de que el copago en discapacidad y dependencia resulta un mecanismo discriminatorio que profundiza aún más si cabe, la desigualdad social.

Por todo ello, desde el grupo municipal de Esquerra Unida presentamos a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO:

1. Este Ayuntamiento acuerda manifestar su rechazo al recurso de casación que ha anunciado va a presentar el Consell, y solicita a esta administración que aplique "en todo su rigor" la sentencia del TSJ. E igualmente que no se intente imponer el copago por otras vias y que se devuelva el dinero a los dependientes afectados hasta el momento. De otro modo, también se acuerda exigir la dimisión de la titular de esta Consellería, Sra. Asunción Sánchez-Zaplana.

2.-Este Ayuntamiento también acuerda manifestar su disconformidad con los recortes introducidos por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y, en consecuencia:

a) Exigir al Gobierno de España la retirada del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

b) Exigir al Consell la derogación de la Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas ya sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Valenciana.

3. Instar al Consejo la creación de una Mesa sectorial integrada por representantes de todas las partes, es decir, entidades titulares, trabajadores, usuarios, agentes sociales, familiares y administraciones implicadas para resolver el futuro del sector anteponiendo la creación de un modelo de atención pública y de calidad.



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