Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción de IU contra el tratado libre comercio y convocatoria manifestación en Valencia el 11 de octubre

MOCION relativa a la Declaración de Municipio opuesto a la aplicación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión ( TTIP en inglés), de acuerdo a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EEUU) están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, ya que se antepone el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general.

El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de la prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de la administración pública, y compromete la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, el empleo y las iniciativas económicas locales.

De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Las comunidades locales se encuentran ellas mismas dominadas por ajustes estructurales restrictivos debidos a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleo locales.

Las Administraciones Locales:
- Al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto a lo que trama el TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro;
- Siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común;
- Están obligadas a resolver los retos sociales, económicos y medioambientales y, consiguientemente, a defender la universalidad de los servicios públicos y la protección de la ciudadanía.

Las colectividades locales desean ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este acuerdo y la suerte que correrán los servicios y compras públicos:
- El comercio y la inversión solamente pueden conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respeta las necesidades humanas en todo lugar, y no se basa únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas multinacionales;
- La eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es al mismo tiempo la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia;
- La apertura máxima de los servicios y las compras públicas a la competencia produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su coste;
- Los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado;
- Sólo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles, permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia;
- El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales.

Por lo expuesto, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda adoptar los siguientes

1.- Declarar a este Municipio insumiso y opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.

2.- Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas  su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.

3.- Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP.

4.- Dar traslado de los acuerdos precedentes al Gobierno de la Nación y de la Generalitat Valenciana, así como a los grupos institucionales de las cortes españolas y valencianas 



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