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La Asociación para la Defensa de las Libertades y los Derechos Sociales y Civiles logra reabrir la causa contra Paula Sánchez de León por la represión a la ‘Primavera Valenciana’

Los hechos se remontan a 17 de febrero de 2012: tras las cargas policiales en el Instituto Luis Vives de Valencia se denunció por presunta prevaricación a la entonces delegada del Gobierno

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado reabrir las diligencias por la querella presentada por particulares y asociaciones contra la entonces delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y cargos policiales por las identificaciones masivas durante la protesta estudiantil de 2012.

Así lo ha dado a conocer hoy el abogado de los denunciantes y presidente de la Asociación para la defensa de las libertades y derechos sociales y civiles, Ricardo Cano, quien ha indicado a Efe que es un “triunfo” esta reapertura de diligencias y ha lamentado la “tardanza de la justicia en temas que afectan a la clase política”.

Los hechos se remontan a 17 de febrero de 2012, cuando al día siguiente de las cargas policiales en el colegio Luis Vives de Valencia durante una protesta estudiantil, en la conocida como “primavera valenciana”, hubo una concentración ante el cuartel de Zapadores, donde la Policía llevó a cabo identificaciones masivas.

En junio de 2012, se interpuso una querella sobre esos hechos por presunta prevaricación contra los entonces delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y el jefe superior de Policía, Antonio Moreno, y los agentes que efectuaron las identificaciones, que fue archivada en octubre de 2013 por el juzgado de instrucción número 1 de Valencia.

El abogado de los denunciantes recurrió ese archivo y la sección segunda de la Audiencia provincial de Valencia ha acordado estimar el recurso y revocar el auto del juzgado de instrucción número 1 de Valencia que desestimó el recurso de reforma que interpusieron contra el archivo.

La Audiencia ordena además la acumulación de esta querella con la que se sigue en el juzgado de instrucción número 6, presentada contra la delegada del Gobierno por las cargas policiales en las protestas estudiantiles de febrero de 2012 frente al instituto Luis Vives.

La Audiencia considera que el juzgado de instrucción número 1 de Valencia debería haber admitido la querella y, con la argumentación propia, remitir las actuaciones al juzgado de instrucción número 6, en lugar de rechazarla con el argumento de que este ya había dictado el sobreseimiento provisional y archivo de diligencias.

Cano ha explicado que ahora el juzgado tendrá que abrir de nuevo diligencias y luego archivar o seguir adelante con la querella, y ha asegurado que seguirán trabajando porque consideran que sucesos como este “no pueden quedar impunes” y que los ciudadanos tienen derecho a acudir a la justicia, aunque esta actúe“con mucho retraso”.

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