Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU Ajuntament Aldaia presenta moción al pleno de julio en defensa de las libertades sindicales y contra la represión del derecho huelga

Moción de Esquerra Unida en defensa de las libertades sindicales y contra la represión penal del derecho a huelga

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país, y durante más de treinta y cinco años, los trabajadores y trabajadores hemos venido ejerciendo democrática y constitucionalmente nuestro derecho a huelga, un derecho amparado por el artículo 7 de la Carta Magna y de titularidad individual pero ejercicio colectivo. Sin embargo, desde hace tiempo y con creciente amplitud, este derecho viene siendo cuestionado en la práctica desde los poderes públicos, tal como apuntan las múltiples causas y actuaciones administrativas y penales desarrolladas contra muchos trabajadores y trabajadoras, a quienes se acusa de supuestas actividades delictivas durante el desarrollo de huelgas generales o de movilizaciones sociales varias.

Así, actualmente están encausados mas de 260 sindicalistas y ciudadanos/as (29 de ellos/as son valencianos), a quienes la fiscalia del estado ha instruido más de 81 expedientes que conllevan penas en conjunto de más 120 años de cárcel, además de otras faltas y sanciones económicas. Todo ello, bajo los argumentos de que tales personas participaron en piquetes informativos y/o en huelgas generales y manifestaciones públicas contra las reformas laborales, o bien en huelgas y movilizaciones sectoriales o de empresa. Y junto con ello, también se han impuesto miles de multas a ciudadanos y trabajadores/as e incluso a las propias organizaciones sindicales, las que no por casualidad llevan tiempo sometidas a una fuerte persecución mediática.

Estos hechos muestran que el Ministerio Público ha cambiado drásticamente su criterio y orientación, al hilo de la creciente movilización de los trabajadores y colectivos sociales, y que ahora persigue principalmente limitar el ejercicio del derecho de huelga, mediante el amedrentamiento y la represión. Mientras que antes, en todo caso, se imponían sanciones o multas con una condena de trabajos sociales, ahora es la propia Fiscalía la que recurre estas sentencias de los juzgados de instrucción pidiendo la pena máxima por sugerencia de la Fiscalía General del Estado, para lo que se basa en el artículo 315 del actual Código Penal. Artículo que sanciona las “coacciones para secundar una huelga” con penas de prisión de seis meses a tres años, tal como en su día hacía el artículo 496 del Código Penal de 1976 de la época tardo franquista y cuyo propósito declarado era “...hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”.

Esquerra Unida considera que ninguna institución que se considere democrática puede mantenerse al margen de estos hechos, ni mostrarse impasible ante los “esperpentos democráticos” que suponen por ejemplo el que trabajadores y trabajadoras como las trabajadoras de Airbus, Ana y Tatuara, fueran condenadas por echar pintura en una piscina durante una huelga en 2010, o que Miguel y Ana, por su actuación como piquetes informativos en la huelga de 2012, entre otros tantos, tengan que ingresar en prisión.

Ciertamente este tipo de limitaciones de los derechos sindicales fundamentales, además de deslegitimar democráticamente aun más el actual régimen de monarquía parlamentaria, provocan un grave desequilibrio de las relaciones laborales y frustran los avances en las condiciones de trabajo y en el bienestar de la mayoría social. Motivos por los que desde Esquerra Unida proponemos eliminar la represión penal del derecho de huelga contenida en el artículo 315 del actual Código Penal y que igualmente esta corporación asuma las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Este Ayuntamiento acuerda instar al Gobierno de la nación y al conjunto de poderes públicos implicados para que se ponga fin a la ofensiva penal contra el derecho de huelga, así como a la criminalización de los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras que participan en huelgas y movilizaciones sociales.

2.-Este Ayuntamiento acuerda, igualmente, solicitar la la intervención de los poderes públicos para que defiendan la libertad sindical como un aspecto esencial del estado social de derecho que propugna la Carta Magna, garantizando el pleno ejercicio los derechos constitucionales, como el derecho de Huelga de los trabajadores y trabajadoras, en toda su extensión.

3.-Finalmente, este Ayuntamiento acuerda instar a las Cortes españolas para que cuanto antes se acometer las reformas legales necesarias para evitar la represión penal desproporcionada de determinadas acciones relacionadas con la convocatoria, organización y extensión de huelgas, excluyendo las penas de prisión que ampara el actual artículo 315 del código penal.



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