Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU Aldaia propone una moción con 4 medidas para un IBI solidario y más justo en el municipio

Estas 4 medidas plantean bajar al máximo los valores catastrales de las primeras residencias; bonificar el pago de la contribución a familias en paro y/o bajos ingresos; no exigir intereses de demora ni recargos a los impagos de familias en paro y crear un nuevo impuesto para superficies comerciales mayores de 250 metros cuadrados

A medida que continúan ampliándose los recortes sociales y de derechos, así como los indices de desempleo y precarización laboral en el municipio, son cada vez más las familias de Aldaia que no pueden hacer frente a los recibos del IBI que ya les han pasado al cobro y que muchas veces suponen una suma mayor que el ingreso mensual medio que suelen percibir estas personas y unidades de convivencia.

Por otra parte, y dado que ya han empezado a producirse por parte del PP los intentos electoralistas de prometer bajadas de impuestos (catastro e IRPF) para los próximos años, desde Esquerra Unida de Aldaia nos hemos planteado proponer una serie de medidas sobre recaudación local que persiguen paliar la grave sangría que se viene produciendo mediante los impuestos directos e indirectos a la población. Sangría que está permitiendo un trasvase acelerado de la riqueza desde las rentas del trabajo a las del capital y la banca (tal como muestran los intereses cobrados a las administraciones públicas como prioridad absoluta).

Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU en el Ayuntamiento señala: “Mis compañeros de EU comentan, y a mi también me han llegado quejas, que muchos vecinos y vecinas están asustados por el cargo del IBI que tienen que afrontar este año. En el debate presupuestario de enero del 2014, desde EU ya planteamos una serie de medidas para una fiscalidad más justa y que al tiempo evitara a los derechistas continuar recortando los servicios y prestaciones públicas con la excusa del déficit y de los menores ingresos. Pero ahora, con esta moción, lo que pretendemos es dar respuesta concreta a unas dificultades muy reales de muchos vecinos y vecinas, así como, en otro orden de cosas, poner de relieve hasta qué punto alcanza en realidad la sensibilidad social que ahora parece esgrimir el PP, faltando ya poco para las próximas elecciones y después de tantos años de ajuste y recorte inmisericordes.”

ANEXO.- Moción urgente por un IBI solidario y más justo en el municipio de Aldaia

Desde el inicio de la crisis económica en nuestro país, a finales del año 2007, el poder adquisitivo de las familias ha ido decreciendo de modo acelerado, hasta el punto de haberse producido un empobrecimiento medio de la población superior al 20% y al 25% en el caso del País Valencià. Pero, pese a este empobrecimiento, la exigencia desde el estado y las administraciones públicas de un mayor esfuerzo contributivo de la ciudadanía ha seguido creciendo, tal como muestran las políticas recaudatorias aplicadas por el PP con carácter nada o muy poco redistributivo. Así, al fuerte ajuste salarial y la pérdida de ingresos de las familias españolas se han sumado también una subida del tipo nominal del IRPF nada más llegado el PP al poder en 2011 (el gobierno anuncia ahora que lo bajará el año que viene, pero sin llegar a como estaba antes de subirlo en 2011) o del IVA (que Bruselas exige incrementar más) en la inmensa mayoría de productos y servicios y en fuertes incrementos en las tasas y precios públicos.

En el caso de los Ayuntamientos, esto mismo sucede con el Impuesto municipal de Bienes Inmueble (IBI). Un impuesto que constituye el principal instrumento de recaudación con relativa autonomía para que cada localidad establezca su propio gravamen dentro de los márgenes establecidos por la legislación y que, desde el inicio de la crisis económica, pese a la continuada pérdida de riqueza de las familias y el incremento del número de personas en situación de desempleo, de precarización y de bajos ingresos, la cuota a pagar en el recibo del IBI no ha hecho mas que aumentar año tras año.

Según tenemos conocimiento, la revisión catastral en Aldaia se aprobó en 2008 y entró en vigor al año siguiente provocando una subida muy importante de los valores catastrales de la gran mayoría de inmuebles del municipio. Esta sobrevaloración que ha supuesto un incremento exponencial de la contribución urbana es lo que ha llevado a Esquerra Unida, desde el principio de esta legislatura, a proponer infructuosamente (rechazo frontal del PP) diversas medidas basadas en la bonificación compensatoria del IBI. Porque no se puede olvidar que la gran mayoría de familias del municipio presentan unas economías debilitadas por la falta de empleo y de políticas públicas de recuperación económica del municipio, como alternativa a las políticas neoliberales y antisociales que si viene aplicando la derecha en las administraciones públicas donde gobierna.

Sin embargo, en fecha reciente hemos conocido que la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, acepta la posibilidad de aplicar en 2015 un coeficiente reductor sobre los valores catastrales de los inmuebles y que será aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Para optar a este coeficiente reductor es necesario que el Ayuntamiento interesado lo solicite, que hayan pasado cinco años desde la aprobación de su última revisión catastral y que se haya producido una disminución contrastable entre los valores de mercado que se utilizaron para la actual revisión y el valor de mercado actual. Requisitos todos ellos que el Ayuntamiento de Aldaia satisface.

Esta medida resulta particularmente oportuna porque permitirá adaptar mejor los valores catastrales a los precios de mercado (aun con ciertas limitaciones) y actuar sobre el tipo impositivo de la base imponible. Precisamente, dado que el tipo impositivo actual del IBI en Aldaia alcanza, en general, el 0,59 y que el mínimo posible por ley es del 0,4% la verdad es que queda poco margen para disminuir, congelar o alcanzar un máximo de incremento sólo del IPC en los próximos años hasta el fin de la actual revisión catastral. O lo que es lo mismo, si se mantienen los actuales valores catastrales, con tan poco margen para disminuir el tipo impositivo se generarán sustanciales incrementos anuales hasta el fin de la actual revisión catastral.

Esta bajada deseable de la contribución que pagaría el año que viene cada familia y unidad de convivencia en Aldaia, sin embargo, no podemos ignorar que también conlleva una merma directa de los ingresos del Ayuntamiento y su capacidad de gasto en servicios y prestaciones municipales a la población (estamos hablando de un tercio del presupuesto total de ingresos). Motivo por el que, además de plantear una rebaja social y solidaria de este impuesto municipal que es el IBI y diversas facilidades para que los hogares en paro no resulten penalizados por sus imagos, hay también que establecer mecanismos para compensar la previsible merma de ingresos locales con un incremento de recaudación proveniente de otras fuentes, que en EU siempre defendemos que sean quienes más tienen, siguiendo una filosofía de justicia fiscal.

Por todo lo expuesto, solicitamos al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación la siguientes propuestas:

1.-Este Ayuntamiento acuerda que se solicite a la Dirección General del Catastro un coeficiente reductor máximo sobre los valores catastrales de los inmuebles del municipio considerados como primera vivienda.

2.- Este Ayuntamiento acuerda, igualmente, para seguir reduciendo el impacto sobre las economías familiares más débiles provocan los actuales recibos de la recaudación, adoptar una serie de bonificaciones por situaciones de desempleo y/ de bajos ingresos familiares, mediante la modificación de las ordenanzas municipales regulatorias.

3.- Este Ayuntamiento se compromete, igualmente, a que en los impagos de impuestos locales por parte de hogares con todos sus miembros en paro y/o bajos ingresos, no incluyan el pago de intereses o recargos especiales de demora.

4.-Finalmente, este ayuntamiento también acuerda, a fin de compensar la merma de ingresos correspondiente a los dos puntos anteriores, estudiar la aplicación de un nuevo plan fiscal municipal basado en introducir una nueva tasa por grandes superficies comerciales, entidades financieras y supermercados urbanos de superficie superior a los 250 metros cuadrados.



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