Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU presenta una moción al Ayuntamiento de Aldaia emplazándole a defender el derecho de las mujeres a decidir en materia de salud sexual y reproductiva

El concejal portavoz de EU ha presentado una moción por la retirada definitiva de la contrarreforma del aborto de Gallardón y que isnta al Gobierno Rajoy a modificar la actual ley sólo si es para mejorar los derechos de las mujeres en este ámbito

Esta misma semana se van a realizar varias reuniones técnicas (Gobierno Comunidades autónomas y agentes sanitarios) que persiguen ultimar los tramites para que en el Consejo de Ministros de julio se pueda aprobar la ley Gallardón. Por ello, desde el grupo municipal de EU en el Ayuntamiento de Aldaia se ha presentado una moción que pide la retirada definitiva de este anteproyecto y que cualquier reforma de la ley 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sea siempre para mejorar los derechos de las mujeres y no al contrario, como ocurre con el anteproyecto del Ministro de Justicia.

Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU en el Ayuntamiento señala: “Para EU el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de ellas mismas, siendo éste un derecho que no puede instrumentarse políticamente ni de ningún otro modo, en función de los acuerdos previos del Gobierno Rajoy con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios de nuestro país y estado†.

“En EU, sigue diciendo Juanjo Llorente, defendemos el derecho de las mujeres a un aborto libre y gratuito, es decir plenamente integrado en el sistema sanitario público, y no como ocurre ahora. Y defendemos igualmente, la necesidad de una mayor conciencia social y democrática en todos los estamentos profesionales implicados, así como incrementar la educación sexual y la prevención en los centros educativos y en la sociedad. Todo ello, asignaturas pendientes del actual régimen.â€

ANEXO

Moción de Esquerra Unida de Aldaia por la retirada de la nueva ley contra el aborto que el Ministro Gallardón quiere imponer in extremis

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ni los resultados de las elecciones que suponen muy mala noticia para el PP, ni la crisis del PSOE, ni un nuevo rey, han conseguido parar al ministro Gallardon, el mismo que ya ha anunciado públicamente que el “anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada†pasará a la aprobación en un Consejo de Ministros del mes que viene. Tanta urgencia y contumacia por lograr sacar adelante esta ley retrógrada y machista, obedece sin duda a intereses muy concretos , a motivaciones y conveniencias políticas que se van a poner por encima de las demás consideraciones y del sentir ciudadano más amplio, expresado en multitud de ocasiones y circunstancias, en primer lugar por las asociaciones de mujeres tanto españolas como de otros países.

Los argumentos esgrimidos hasta ahora por el ministro en su afán instigador son dos principales: uno, que dicha reforma estaba incluida en su programa electoral y dos, que se trata de un cambio reclamdo por la sociedad española. Sin embargo, ninguno de estos argumentos se sostienen: ni la sociedad clama por un cambio en esta materia, de hecho ni siquiera lo hacen muchos y muchas votantes del propio PP; ni con esta contrarreforma el PP cumple una promesa electoral sino un pacto con la Iglesia más carca y que aún sigue dando directrices de cómo debe hacer su política el gobierno de turno.

Cuando este anteproyecto sea aprobado, quedará derogada la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una Ley sin la menor duda mejorable, puesto que a juicio de la izquierda social y política sigue siendo restrictiva, pero que no tiene ni punto de comparación con la que ahora el PP quiere sacar adelante. Veamos:

La Ley 2/2010 establece un sistema de plazos que concede 14 semanas a las mujeres para abortar, aunque cumpliendo dos requisitos previos: primero se le entrega información sobre las prestaciones, derechos y ayudas públicas a la maternidad, sobre los distintos métodos de interrupción y los requisitos previstos en la Ley y sus condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente y, segundo, tras un plazo de al menos 3 días desde la entrega de la información, la mujer decide libremente. En cambio, con la Ley Gallardon, la única posibilidad de abortar, hasta las primeras doce semanas es que la mujer pueda documebntar una violación con la denuncia policial correspondiente.

La Ley 2/2010 establece igualmente que hasta la semana 22 se permite la interrupción del embarazo si éste pone en riesgo la vida de la madre o si hay riesgo de que el feto sufra graves anomalías. En cambio, la Ley Gallardón, aunque mantiene estas 22 semanas, introduce un plazo de reflexión de mínimo 7 días y la necesidad de un informe elaborado por dos médicos distintos y ajenos al centro en el que se va a practicar la intervención y superando entrevistas de "asesoramiento" y “estudio de las circunstancias" de la vida de la mujer.

Finalmente, la Ley 2/2010 autoriza al aborto independientemente de las semanas de gestación, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida. En cambio, la Ley Gallardón simplemente suprime, hace desaparecer este supuesto por malformación fetal.

En conclusión, lo que se persigue con la nueva ley es prohibir absolutamente y penalizar en la práctica la interrupción voluntaria del embarazo. En un ejercicio difícilmente superable, el Ministro de Justicia quiere imponer la ley más restrictiva para los derechos de las mujeres que se ha hecho en nuestros 35 años de democracia. Una ley que creará una enorme inseguridad jurídica y que obligará a un asesoramiento a las mujeres que no será tal sino una estrategia para disuadirlas de su decisión y culpabilizarlas. Y es más, no es sólo un ataque injusto e injustificado al derecho y a la libertad de las mujeres sobre su maternidad sino que, además, va a provocar que en España volvamos a tener dos clases de mujeres ante una situación de interrupción voluntaria del embarazo: unas, las de “posibles†, que podrán pagarse el viaje y los gastos para abortar libre y legalmente y con todas las garantías sanitarias en cualquiera de los países de Europa que tienen una Ley como la que tenemos en España en la actualidad; y otras, las gran mayoría, que volverán a tener que recurrir a la práctica de abortos clandestinos, como si de delincuentes se tratara y, lo que es más importante, poniendo en riesgo su salud y, con ello, su vida.

En definitiva, con esta nueva contrareforma, lo que se quiere hace es tratar a las mujeres como ciudadanas de segunda, sin capacidad para decidir por sí mismas. Como personas que, por tanto, deben ser tutorizadas y tratadas como menores de edad, arrebatándoles su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su propio futuro e imponiéndoles la maternidad como opción casi insalvable.

Con esta contrarreforma, por tanto, el PP pone de manifiesto, una vez más, que lo importante es satisfacer a sus votantes situados más a la derecha del espectro ideológico a pesar de que la ideología ultraconservadora de esa minoría represente la imposición, el autoritarismo y la restricción a las libertades de una sociedad compuesta por personas con criterio propio.

Por todo lo cual, desde el grupo municipal de Esquerra Unida, presentamos a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. Este Ayuntamiento acuerda exigir al Gobierno de España la retirada definitiva del “anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los Derechos de la mujer embarazada†.

2. Este Ayuntamiento acuerda, igualmente, instar al Gobierno Rajoy para que reconozca el derecho a la maternidad libremente decidida. Esto implica que las mujeres puedan tomar la decisión sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada y prevalezca en todas las circunstancias.

3. Exste Ayuntamiento acuerda, finalmente, exigir al Gobierno del PP un compromiso para que cualquier reforma que pudiera tramitarse de la actual Ley 2/2010 de salud sexual y Reproductiva y de la Interrupción voluntaria del Embarazo esté encaminada a la ampliación de los derechos de las mujeres a decidir y no a restringirlos aún más.



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