Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Análisis provisional del decreto del PP

Alberto Garzón. IU Federal

El PP ya ha avanzado las principales medidas que incorpora el decreto que presentará mañana. La valoración final no podremos hacerla hasta que leamos con detalle el contenido íntegro de las medidas, una vez podamos desglosarlas y analizarlas con rigor. En cualquier caso, la impresión que tengo es que se trata de una estrategia política del PP de cara a las elecciones andaluzas. Estamos, de hecho, ante un programa de medidas que incluye una reforma fiscal mucho más progresiva que la que el PSOE estuvo siquiera pensando hacer cuando gobernaba. El PSOE no se atrevió, aún siendo perfectamente posible, y ahora está pagando las consecuencias en términos políticos. El PP se ha aprovechado de ello y ha mostrado su careta socialdemócrata para golpear al PSOE al menos hasta que pasen las elecciones andaluzas (en marzo), momento en el que muy probablemente la careta deje paso a la cara más neoliberal. Podemos decir que el PP ha sabido leer muy bien la jugada.

Durante los últimos años PP y PSOE han mantenido que el peso duro del ajuste tenía que recaer en la parte de los gastos. Se proponía que el déficit se redujera tocando los gastos y no los ingresos. Y en la medida que se tocaron los ingresos lo que se hizo fue subir los impuestos más regresivos, como el IVA, que pagamos todos por igual y sin tener en cuenta la renta que cada uno recibe. Pero por norma general lo que se apostaba era por reducir el gasto público reduciendo obras públicas, congelando sueldos, etc. Las medidas aprobadas ahora por el PP ponen de relieve, en primer lugar, que todo era una patraña para no tocar a los más ricos. Que, como decíamos los economistas de izquierdas, era posible técnicamente tocar los impuestos a los que más tienen.

Ahora bien, el PP ha tocado también los gastos con un recorte brutal. La tasa de reposición 0 es un ataque a los servicios públicos, si bien en principio no afectará a los llamados servicios básicos (que habrá que ver cómo se definen y cómo quedan en cualquier caso). La congelación del sueldo de los funcionarios es un golpe más a los empleados públicos, que perderán poder adquisitivo. La congelación también del salario mínimo interprofesional (SMI) es un intento de contribuir a la moderación salarial que propugna el gobierno, ya que ese indicador sirve de referencia para establecer el nivel de prestaciones sociales e incluso de determinados salarios. Es decir, se tocan elementos claves (salarios funcionarios y SMI) que sirven para que el sector privado pueda bajar salarios. El efecto económico de eso es una caída brutal de la demanda y un avance seguro hacia la recesión económica. Eso sólo alargará la crisis, y permitirá que los beneficios empresariales sean mayores durante un tiempo. Sin embargo, los beneficios no se reinvertirán porque la población estará empobreciéndose y liberándose de las deudas. Probablemente y si no hay modificaciones del sistema financiero internacional, todo ese dinero se marche a la especulación en los mercados internacionales. En definitiva, un recorrido seguro hacia la II Gran Depresión.

La eliminación de la renta básica de emancipación es una medida regresiva porque se beneficiaban de ella los más jóvenes y con más necesidades. Aunque no era la solución al problema de la vivienda, quitarla sólo puede empeorar la situación de los más desfavorecidos. Paralelamente se mantiene el IVA superreducido a la vivienda y se recuperan las desgravaciones por compra de vivienda, todo lo cual está destinado a fortalecer el mercado de compra y venta de viviendas. Es una ayuda encubierta a los bancos, que están deseosos de limpiar de sus balances el gran número de viviendas que tienen sin vender. Es todo ello una declaración política: no al alquiler y sí a la compra de vivienda.

La supresión de subvenciones a partidos políticos y sindicatos es acabar con conquistas sociales conseguidas en mucho tiempo. Los partidos políticos más pequeños se financian sobre todo con esas subvenciones, mientras que los mayoritarios tienen otras fuentes de financiación distintas. Reducir ese dinero que llega a los partidos reduce la capacidad que tienen éstos de enfrentar el dominio de los más grandes. Esperemos que, por lo menos, aprueben también normas de transparencia en la financiación de los partidos políticos y que se pueda saber al 100% y con claridad qué tipo de donaciones reciben todos los partidos.

Y la parte fuerte es la reforma fiscal. Sorprendentemente (aunque no tanto si pensamos en clave política) es muy progresiva. Se suben los impuestos, pero en vez de subir los más regresivos y perjudiciales para los más pobres (como hizo el PSOE) se suben los directos. Y además se suben de forma progresiva, es decir, pagarán más aquellos que más tienen. Por si fuera poco, la distancia entre lo que pagan las rentas del trabajo y las rentas del capital se reduce, ya que estas rentas han visto su presión fiscal incrementada en mayor medida. Aunque a mi juicio se quedan cortos, pues las rentas del capital deberían pagar exactamente lo mismo que las rentas del trabajo, es un paso adelante. Algo que, insisto, el PSOE jamás se atrevió a hacer.

Sin embargo es obvio que esto responde a una estrategia política y que tendrá su segunda parte pasado marzo (las elecciones andaluzas). Además, hay que tener muy en cuenta todo lo que no se ha dicho. Nada del fraude fiscal ni nada de mecanismos para luchar contra los paraísos fiscales. Nada de subir los impuestos a los fondos de inversión, como las SICAV, y desde luego nada acerca de qué se hará con ese dinero. Sabemos que aunque en teoría el sistema impositivo español es progresivo (y tras esta reforma un poquito más), luego existen mecanismos que impiden que los más ricos contribuyan como tienen que hacerlo. Eso convierte al sistema en regresivo de facto. Y sin resolver esos problemas subyacentes el efecto de toda reforma fiscal es muy limitado. Es decir, si el PP quería de verdad hacer una reforma fiscal en condiciones tendría que haber aumentado los recursos destinados a los inspectores de Hacienda y haber habilitado los mecanismos para luchar contra el fraude fiscal (que en un 75% lo realizan grandes empresas y grandes fortunas).

Desde luego saber para qué se obtienen esos ingresos es muy importante. No es lo mismo que esos ingresos se destinen a un plan de estímulo que genere empleo público y reactive la economía, y que es lo que necesitamos, a que ese dinero que obtenemos se vaya a los bolsillos de los agentes privados que tienen los títulos de deuda pública. En este punto el PP no ha dicho nada, de modo que tenemos que entender (y sería lo lógico desde sus coordenadas ideológicas) que servirá para pagar la deuda pendiente y para sostener las finanzas públicas mientras se sigue recortando (que es un grave error económico). Así, esta reforma fiscal es en realidad manifiestamente insuficiente y sobre todo manifiestamente inútil para salir de la crisis.

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