Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

IU Federal propone una nueva Moción sobre medidas para garantizar el derecho constitucional a la vivienda

MOCIÓN sobre medidas para garantizar el derecho constitucional a la vivienda

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sin duda alguna, España se encuentra ante una situación extremadamente difícil, de emergencia social, que exige respuestas inmediatas.

La crisis inmobiliaria es uno de los componentes más importantes de la depresión económica por la que estamos atravesando. Es causa tanto de la visión y concepto economicista que han tenido los distintos gobiernos del país que sólo han profundizado en la liberalización del mercado de un bien esencial para todos los ciudadanos, como del correspondiente menosprecio ante un derecho constitucional y humano.

El derecho a la vivienda no puede estar regido por las reglas del mercado, favoreciendo única y exclusivamente a los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios mediante ventajas legislativas, financieras y fiscales.

Existen muchas políticas para conseguir que la vivienda sea un derecho y no sólo una mercancía. Políticas públicas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna, que generen distintos beneficios sociales y corrijan las injusticias patentes y escandalosas de los procedimientos hipotecarios y la indefensión de los deudores frente a las entidades financieras. Todas ellas, además, permitirían a las familias disponer de recursos que podrían destinar a favorecer la demanda interna y con ello la salida de la crisis y la generación de empleo.

El drama de los desahucios continúa tan vivo como desde que comenzó la crisis y las políticas del Gobierno siguen sin abordar las causas de fondo ni las soluciones reales. Es más, incluso se recurren ante el Tribunal Constitucional iniciativas como el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía que, entre otras disposiciones, declaraba de interés social a efectos de expropiación forzosa la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social, aplicando ésta a las viviendas incursas en procedimientos de desahucio instado por entidades financieras.

Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de…………………………. adopta el  siguiente acuerdo:

1.- Instar al Gobierno de la Nación a presentar en el plazo de tres meses un Proyecto de Ley que modifique la actual Ley Hipotecaria, de forma que se garantice el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española y desarrolle las posibilidades de la inembargabilidad del derecho de uso reconocido en la legislación española. Así mismo, el cambio de la Ley debe incluir la modificación del Código Civil para que en caso de impago de hipotecas sólo se responda con el bien hipotecado.

2- Adoptar de forma inmediata una medida, a incluir después en el citado Proyecto de Ley tras su aprobación, que garantice la suspensión de todos los procesos de ejecución del desahucio como consecuencia del impago de hipotecas en el caso de personas en situación de desempleo o de cese de actividad por razones económicas en el caso de pequeños empresarios y autónomos. Dicha medida debe ser aplicada de forma inmediata, independientemente de la tramitación de la Ley. Por acuerdo entre las partes, tutelado por las Administraciones Públicas, el embargado podrá continuar en el uso de la vivienda a cambio de un pago mensual acorde con sus ingresos mientras dure su situación de desempleo. Ese pago no deberá ser, en ningún caso, superior al 30% de sus ingresos y deberá garantizar una cantidad mínima para los gastos básicos.

3.- Retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda aprobada por el Parlamento de Andalucía.

4.- Dar de forma inmediata las instrucciones necesarias para que las instituciones financieras nacionalizadas o que reciben ayudas públicas suspendan todos los procedimientos de embargo y desahucio sobre viviendas que sean residencia habitual de personas en situación de desempleo o de cese de actividad por razones económicas en caso de pequeños empresarios y autónomos.

5.- Crear un parque público de vivienda en alquiler protegido y tasado de tal forma que la renta por alquiler no supere el 30% de los ingresos familiares del beneficiario. Las viviendas procederán del stock en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) destinando al parque público, al menos, el 80% de sus activos. Se otorgarán preferentemente a las personas desempleadas que hayan sufrido el desahucio de su vivienda habitual.â€

6.- Dar traslado del acuerdo  al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.

http://iniciativasiu.net/mocion-sob...



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