Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

IU Montijo presenta una moción contra la ley fascista de seguridad ciudadana

El gobierno del Partido Popular pretende aprobar una Ley propia de regímenes dictatoriales que sigue la estela de leyes de otros tiempos oscuros de la Historia de España como la Ley de Represión contra la Masonería y el Comunismo, o la Ley de Vagos y Maleantes. La Ley impulsada por la derecha española considerará:

INFRACCIONES MUY GRAVES (con multas de 30.001 a 600.000 euros):

- Convocatoria y asistencia a manifestaciones como las que se produjeron tras los atentados del 11M, y mientras el entonces presidente Aznar mentía a los españoles en todos los medios de comunicación sobre la autoría del atentado.
- Perturbación del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.
- Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento. Es decir, protestas pacíficas como en las que en numerosas ocasiones realizan grupos ecologistas.
- Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad.

INFRACCIONES GRAVES (con Multas de de 1.001 a 30.000 euros):

- Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad y cuando se perturbe la seguridad ciudadana.
- Perturbación grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.
- Llevar algún elemento que dificulte la identificación.
- Desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que representen un peligro para las personas o bienes.
- Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios.
- Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse. Además se dará potestad a la Seguridad Privada de identificar y de detener a cualquier ciudadano o ciudadana.
- Perturbación del orden en campaña electoral.
- Manifestaciones y reuniones sin autorización o que infrinjan la ley de reunión y la negativa a disolver las acordadas por la autoridad.
- Ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio.
- El botellón, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y no esté autorizado.
- Los daños graves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, además de obstaculizar la vía pública con vehículos, contenedores o neumáticos. Es decir, protestas como las de los mineros en las cuencas de Asturias y León en defensa de sus puestos de trabajo, serán especialmente perseguidas.
- Escalar como acción de protesta en edificios públicos.

INFRACCIONES LEVES (100 a 1.000 euros):

- Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión.
- Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación.
- Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial. Es decir, no se podrá grabar ni fotografiar cuando los agentes antidisturbios estén apaleando o agrediendo a cualquier ciudadano.
- Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años.
- Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti.
- Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas.
- Entorpecer la circulación peatonal.
- Escalar a edificios o monumentos o lanzarse desde ellos.
- Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad. Aprobar dicha ley, que ha sido condenada por juristas, sindicatos, partidos, así como por el Consejo de Europa, supondría la confirmación de que España ha pasado de ser una democracia de baja intensidad, a convertirse en una dictadura formal.

Por todo ello, Izquierda Unida propone la aprobación de los siguientes ACUERDOS:

1.- El Ayuntamiento de Montijo condena el intento de aprobar la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, de carácter abiertamente fascista.

2.- El Ayuntamiento de Montijo anuncia que no reconocerá la Ley de Seguridad Ciudadana como una Ley en absoluto y se declarará insumiso ante esta.

3.- El Ayuntamiento de Montijo exige al Gobierno de España la paralización del intento de aprobar la mencionada Ley.

4.- Dar traslado de esta moción a todos los grupos del Congreso de los Diputados, al Gobierno de España, así como al Consejo de Europa.



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