Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Campaña de IU-EUPV por la prevención de la pobreza energética desde las AAPP

Se estima que la pobreza energética puede ser responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales frente a las 1.480 provocadas por accidentes de tráfico. Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples: la falta de calefacción afecta a la higiene, la salud (dilema calor o comida, afecciones respiratorias, etc.) y, a menudo, genera sobre mortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico.

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares —EPF— y la Encuesta de Condiciones de Vida —ECV—, entorno al 10% de la población española la sufre (4 millones de personas), y se trata de un fenómeno in crescendo, mientras el desempleo y la crisis económica merman el poder adquisitivo de la ciudadanía, los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, cuyos precios se han encarecido sin tregua, están acaparando cada vez mayor proporción en el presupuesto familiar.

La ECV de 2011 destaca que el 6% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que se sitúa en el 8% el caso de mujeres que habitan solas. Se trata todavía de un fenómeno invisible tanto por su carácter doméstico como por su interrelación con otras manifestaciones de la pobreza y exclusión social. Y pese a la dificultad de cuantificar este fenómeno ya existen estudios reflejan como la pobreza energética se incrementa en nuestro país.

El último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja señala que cerca del 58% de las personas atendidas por Cruz Roja durante el 2013 tenía problemas para mantener su casa a una temperatura óptima, un 16% más que en el 2011. Otro dato es que una de cada tres personas atendidas por Cruz Roja no puede pagar los suministros básicos, como el agua, la luz o el gas.

La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.

El Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo— de 2011 sobre «La Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica» señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética.

Y en un posterior dictamen de 2013 «Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética», el mismo CESE —Comité Económico y Social Europeo—, manifiesta que la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente.

El Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre (FACUA 2012). Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha incrementado el 22%, la luz el 34%, el agua el 8,5% y la bombona de butano el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 88%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro.

Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes que no pagan y, por tanto, se ven afectados por cortes de suministro. Lo cierto, no obstante, es que a los servicios sociales llegan cada vez más casos de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las ayudas destinadas a urgencia social, y concretamente las referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios, que llegan a ser del 6,78% frente al 2,62% de las europeas, y ordenando el corte de suministros por deudas irrisorias.

El Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no solo la potencia contratada o la situación familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano, como ya hacen otros países.

¡BASTA DE ABUSOS EN LAS TARIFAS! ¡NO A LOS CORTES DE AGUA, GAS O LUZ!

El suministro de agua y luz son unos servicios públicos imprescindibles para la vida diaria y para la habitabilidad de los hogares. Hay países en los que están garantizados municipalmente unos mínimos para las personas que no pueden pagarlos.

Pero en España loque pasa es que:

- En un 88% se ha encarecido la factura de la electricidad desde el 2006 para los consumos pequeños o familiares.
- El kilovatio-hora en España es el 3º más caro de Europa, sólo nos supera Chipre e Irlanda. (sin incluir los impuestos, según las estadísticas europeas)
- 1.400.000 hogares sufrieron cortes de luz en el año 2012. (según las compañías eléctricas)
- Las compañías eléctricas españolas ganan el doble de beneficio que las europeas, más de 6.000 millones de euros al año, y eso porque unas pocas empresas controlan -junto con los bancos- el mercado de la electricidad, sin protección real de los consumidores.
- A pesar todo eso, las eléctricas reclaman el pago de 29.000 millones de euros por lo que llaman déficit de tarifa, es decir por mantener los precios por debajo de lo que les permite un acuerdo sobre las tarifas pactado con Aznar. O sea que además de facturas caras aún debemos según ellos una cantidad impresionante.

La subida de precios es dramática para pensionistas, familias trabajadoras o personas paradas. Todas sabemos lo que pasa: que la calefacción se evita y el gas se raciona, máxime cuando los salarios han caído los últimos años y hay 6 millones de personas paradas. Por eso desde ESQUERRA UNIDA:

1.-Reivindicamos que se garantice por ley la protección del pequeño consumidor y que no se hagan cortes de luz o de gas a las personas con pocos recursos.

2.-STOP a la especulación: las tarifas de la luz o el gas no pueden ser objeto de especulación. Pedimos una investigación de las sobre-ganancias y de los abusos realizados, y también de la especulación de empresas ajenas a la producción eléctrica como Banco Santander, Bank of Scotland, Deutsche Bank, Goldman Sachs o Morgan Stanley, y las sanciones que correspondan.

3.-Pensamos que es necesario el control público de las empresas energéticas (gas y electricidad) y su nacionalización.

Area pensionistas IU



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